La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.
Por un lado, la propuesta del PP de tipificar el delito de deslealtad constitucional parece reflejar una firme defensa de los principios constitucionales. Esta iniciativa, impulsada en un contexto de tensiones con el independentismo catalán, busca reforzar, según los populares, la integridad del Estado y el respeto a la Constitución española. El partido ha expresado su preocupación por la unidad de España y la legalidad constitucional, especialmente en relación con los movimientos independentistas en Cataluña.
Sin embargo, esta postura contrasta marcadamente con su actuación en la renovación del CGPJ. El PP bloquea este proceso desde hace 5 años, lo que ha generado una crisis en el sistema judicial y ha llamado la atención sobre la politización de la justicia en España. Este bloqueo se entiende en el contexto de casos judiciales como Gürtel y Kitchen, donde el PP buscaba mantener cierto control o influencia sobre el sistema judicial. La falta de renovación del CGPJ, un órgano esencial para el buen funcionamiento del sistema judicial, ha tenido un impacto negativo en la independencia judicial y un claro debilitamiento de la división de poderes, un pilar fundamental en un Estado de Derecho.
La dualidad de comportamiento del PP
Esta dualidad de comportamiento del PP pone en duda el compromiso real con los principios constitucionales y la independencia judicial. Por un lado, propone una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ podría interpretarse como una maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional de la justicia española.
Esta ambivalencia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial sino que también se trata de un evidente intento de instrumentalizar la justicia para fines políticos, lo que es particularmente problemático en un sistema democrático. Las acciones del PP en este contexto han generado críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en lo que respecta a las normas y expectativas de un Estado de Derecho en la Unión Europea.
La postura del PP sobre la deslealtad constitucional, contrastada con su comportamiento en la renovación del CGPJ, destapa una serie de contradicciones que ponen en cuestión su compromiso con los principios que afirma defender. Este tipo de ambivalencia política no solo afecta la percepción del partido sino que también tiene implicaciones más amplias para la estabilidad y la integridad del sistema democrático y judicial de España.
Esperemos que el pp no cometa el error de renovar el CGPJ mientras esté gobernando este gobierno traidor. Al psoe traidor hay que tenerlo a pan y agua mientras siga con sus amigos comunistas terroristas e independentistas.
GRACIAS EVA POR ESE ARTICULO LA CIUDADSNIA HA DE SABER EN QUIEN NO SE PUEDE CONFIAR