Para un político es muy frustrante estar en la oposición y saber que la gestión del presidente es tan positiva que se hace imposible poder ganarle a través de los canales de la democracia. Eso es lo que está ocurriendo en República Dominicana. La gestión que está haciendo el gobierno de Luis Abinader está trayendo tantos beneficios a la ciudadanía y está generando una proyección internacional de tal calibre, que los partidos de la oposición dominicanos se están viendo obligados a tirar de teorías de la conspiración y del populismo de corte trumpista para engañar a la ciudadanía.
Además, esos partidos de la oposición a Luis Abinader están contando con el apoyo internacional de fanáticos de la extrema derecha estadounidense que habían sido contratados por dirigentes del PLD del gobierno de Danilo Medina que han sido descubiertos en gravísimos casos de corrupción.
En concreto, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, está actualmente investigado por presuntamente haberse enriquecido con millones de dólares de dinero público y ser, supuestamente, partícipe de la captación de fondos ilícitos para la financiación del PLD para las elecciones de 2020.
Guerrero contrató los servicios del excongresista Connie Mack IV, un fanático de la extrema derecha de Florida, quien ya había tenido como cliente a presidente populista de Hungría Viktor Orban. Además, cuando Donald Trump ya fue presidente, fue uno de los instigadores, junto al abogado Rudolph Giuliani, de teorías conspirativas contra empresarios críticos con el expresidente estadounidense.
Ese personaje contratado por el exministro de Hacienda dominicano por 550.000 dólares, en su labor de lobista, escribió una carta al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Isiah Parnell en la que le exponía los mismos bulos utilizados para socavar a Luis Abinader.
En concreto, según publicó Diario Libre, la carta señalaba que «el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados […] la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión».
Además, como en cualquier teoría de la conspiración, Mack da como hecho real lo que son meras invenciones o suposiciones como que «es sospechoso» que «el término de 18 meses de prisión preventiva venza poco después de las elecciones del próximo año (2024), apartando a sus opositores de cualquier actividad política hasta ese momento».
Todo esto es falso y la única intención que tiene es la de romper el prestigio nacional que Abinader está logrando gracias a los resultados de su gestión. No se trata de una defensa de tal o cual persona, es un ataque directo al presidente dominicano, un intento de golpe de Estado utilizando la mentira. Según la visión planteada en esa teoría conspiranoica, que tiene el mismo peso que la que dice que el Titanic no se hundió sino que se sustituyó el barco por otro similar para eliminar a banqueros incómodos, Abinader estaría al mismo nivel de satrapismo que el presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele.
Todo esto es falso porque los hechos se imponen a la mentira. Las medidas anticorrupción aplicadas por Abinader en República Dominicana pretenden derribar el régimen corrupto implantado durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Todos aquellos que han sido arrestado o encarcelados de manera preventiva tienen a sus espaldas la presunta comisión de delitos muy graves de corrupción. El hecho de la prisión preventiva, al igual que ocurre en la inmensa mayoría de las potencias democráticas, tiene que ver con, en primer lugar, evitar que se destruyan pruebas y, en segundo término, romper con el riesgo de fuga a un país sin tratado de extradición con República Dominicana.
Abinader fue muy claro en su discurso de toma de posesión: iba a luchar contra la corrupción desde el primer día, sin mirar el color político.
«Una democracia de calidad, a las puertas de la tercera década del siglo XXI, requiere una rendición de cuentas vertical. Esto supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, para que ninguno prevalezca sobre otro. El gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana permanente y transparente. Eso también es democracia y no sólo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada cuatro años. Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley, sin ningún tipo de privilegio o impunidad, y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional. Y hoy, aquí, les digo que nuestra democracia ha sido dañada. En este punto quiero ser muy claro, preciso, y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos. De igual manera quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio: no voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua. Quiero reiterar, para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro. Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia y con la memoria de mi padre a encabezar un gobierno trasparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud».
Abinader, en ningún momento, ha utilizado a la Fiscalía como arma política. Todo lo contrario. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció públicamente en el mes de marzo de 2023 los esfuerzos que se están realizando en República Dominicana en referencia a las políticas anticorrupción.
Albert Thomas, que hasta el pasado mes de marzo fue el encargado de negocio de los Estados Unidos en la República Dominicana, es una de las personas de la esfera internacional que ha expresado la buena labor de Abinader en la lucha contra la corrupción. En concreto, afirmó que el gobierno había conseguido, «investigar la corrupción y detener a personas implicadas en fraudes y manipulaciones, incluidos altos funcionarios que antes se consideraban intocables, así como a legisladores implicados en el tráfico de drogas, incluidos algunos de su propio partido».
La intervención del exlegislador lobista norteamericano Connie Mack IV no pasa de ser una grave injerencia en un gobierno democrático que desde la constitución y la ley aplicada con justicia justa administra los destinos del pueblo dominicano.
El excongresista republicano Mack tendría suficiente tiempo para entretenerse mirando los comportamientos de una dictadura democrática como la aplicada por su expresidente republicano. No obstante, ha preferido sin detenerse a mirar por un instante, cobrar 550 mil dólares, repito, sin considerar si esos dólares están machados por la corrupción que durante años vienen ejerciendo los administradores presidenciales, ministeriales o cargos públicos de los pasados gobiernos.
Sin duda, el excongresista pudiese presuntamente estar más o menos acostumbrado a conocer a personajes como la Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán y la directora de Persecución del Ministerio PúblicoYeni Berenice Reynoso, y su ingente labor que en favor de la justicia vienen desarrollando y que es reconocida por el pueblo dominicano.
Pocos son, para lo sabido, escrito, publicado y pasado, sobre corrupción, los que están siendo investigados y de los que no lo están aún al menos, por casos como el Calamar y el dinero manchado por la corrupción.
Quizás con una información exhaustiva, independiente y no asumida por el lobista norteamericano, le podría servir para haberse evitado escribir, injerir, interferir en una democracia transparente y justa, bien aplicada como exige la constitución de la República Dominicana sin utilizar fechas de convocatorias electorales para considerar si Guerrero, el cliente del excongresista Mack, debe de estar libre o a donde ahora está porque el motivo de que pueda o no coincidir el plazo de prisión preventiva con fecha de comicios electorales es culpa única y exclusivamente de quienes se corrompieron y utilizaron el dinero del pueblo para su enriquecimiento.
República Dominicana es un país donde se aplica una justicia justa sin mirar componendas de ningún lado con rigor, dedicación, transparencia y lealtad a la Constitución y a su pueblo. El hecho de que el excongresista Mack haya cobrado 550.000 dólares, sin conocer su precedencia, muestra que en la República Dominicana quedan comportamientos espurios, tanto por parte de quienes están privados de libertad como de los que no lo están y son iguales o han ejercido el mismo estilo de gobernar de los ahora están investigados por corrupción.
Una justicia que actúa así tiene mucho que decir a favor de un gobierno limpio y transparente, más aun de su presidente que permite que la justicia sea aplicada a cualquier ciudadano dominicano que por actos presuntamente delictivos esté privado de libertad. Ante esto realmente poco puede decir de un excongresista republicano que, por dinero, intenta crear una opinión (falsa, impura, demagógica, manipulada) para inquietar a un pueblo que ya ha demostrado ser capaz, maduro, inteligente, libre para poder elegir, vía los derechos de sufragio que le permite la democracia, un presidente como Luis Abinader capaz de gobernar sin ensuciarse sus manos.
