La guerra hasta hoy soterrada entre fiscales ha llegado finalmente a los medios de comunicación. Hablamos de un gremio que siempre se ha regido por el principio de discreción y de jerarquía, de modo que hasta ahora allí nadie hablaba con agentes externos si no era el fiscal general del Estado o este lo autorizaba. Toda esa eficaz forma de trabajar, que ha pervivido durante años, se ha venido abajo con la polémica suscitada a cuenta de la amnistía. Hoy cualquier fiscal se para a hablar con un periodista y le filtra un informe o un cotilleo para dañar a un compañero al que se la tiene jurada por motivos políticos. Las rencillas entre el sector progresista y conservador están adquiriendo tintes de vendetta mafiosa. Hay navajazos traperos, sabotajes, trampas.
Los fiscales conservadores han dado un golpe en la mesa, perdiendo los complejos, y se han rebelado contra el jefe, al que acusan de estar al servicio de Pedro Sánchez. En realidad, el presidente del Gobierno es en buena medida culpable del desprestigio de este otro pilar básico de nuestra Justicia desde aquel día negro en el que, en una charla radiofónica con el periodista Íñigo Alfonso, se preguntó en voz alta: “¿La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? Pues ya está”. Fue su forma de garantizar que el Gobierno, a través del Ministerio Público que según el premier está bajo su control, cumpliría su promesa de traer a Carles Puigdemont de vuelta a España.
Hoy nada de aquello que prometió se ha cumplido, pero la sentencia lapidaria sigue escociendo entre los fiscales. Ayer, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo que salir a la palestra entre las batallas intestinas para aclarar que respetará la decisión que tome la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en la causa de Tsunami Democràtic y la posible investigación al expresidente de la Generalitat por terrorismo. Esa declaración, lejos de calmar al sector conservador, ha provocado más inquietud, ya que muchos de ellos entienden que al final la Fiscalía General del Estado hará lo que diga Sánchez y el hombre de Waterloo no será juzgado, de modo que podrá acogerse a la aministía.
Así lo aseguró ayer García Ortiz en una entrevista en el programa Hora 25, de la Cadena SER, al señalar que su “intención es respetar lo que diga la teniente fiscal del Tribunal Supremo”. También recordó que “el fiscal general del Estado tiene absoluta competencia para tomar las últimas decisiones de la fiscalía”. De esta manera, dejó claro a los disidentes que, de momento, en esa casa manda él.
El fiscal general del Estado ha destacado la profesionalidad e independencia de la teniente fiscal y se ha declarado respetuoso hacia todas las instancias fiscales involucradas en esta causa, tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, informa Efe. García Ortiz insistió en varios momentos durante la entrevista en no querer emitir “opiniones” ni hacer “hipótesis jurídicas” sobre este asunto, del que ha subrayado que él no ha participado de manera alguna hasta ahora. “Todo esto es un proceso en el que yo no he intervenido”, dijo.
Además, aseguró que no ha intercambiado criterios ni opiniones sobre el asunto en cuestión con el fiscal Álvaro Redondo, quien presentó esta semana su informe o exposición razonada a la Junta de fiscales del Tribunal Supremo, y que finalmente acordó pedir que se investigue por terrorismo a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic. García Ortiz negó rotundamente presiones de ningún tipo hacia cualquier subalterno y calificó como “infundio” la acusación de que Redondo le mostrara dos informes con diferentes tesis antes de hacer su exposición ante la Junta de fiscales.
A este respecto, Ernesto Carratalá, experto en análisis sobre noticias jurídicas, escribió en la edición de ayer de Diario16: “Hay malestar entre los fiscales de la sala de lo penal por lo ocurrido. Sobre todo, por la filtración de un borrador inicial del encargado de elaborar ese dictamen, Álvaro Redondo, en el que se muestra a favor del procesamiento, que fue modificado, presuntamente, tras una reunión con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Redondo salió al paso y dijo que no recibió ninguna instrucción de García Ortiz reivindicando, en un comunicado hecho público unas horas antes de la reunión de fiscales de sala, su trayectoria de 46 años al servicio del derecho, sin aceptar la presión de nadie”. “Este seguirá siendo mi único criterio de actuación”, concluía en su escrito el representante del ministerio público. Pero, a pesar de este desmentido y de las declaraciones de su superior, el mal ya estaba hecho. Y según señalan en fuentes jurídicas, en todo este feo asunto tienen que ver los fiscales conservadores más beligerantes con la amnistía próximos al PP, que torpedearon, a través de esta filtración, cualquier debate sereno”. La guerra soterrada ya es pública y notoria. La Fiscalía es otro órgano judicial politizado al máximo, más politizado que nunca, y en franca descomposición. Otra mala noticia para la ya deteriorada y maltrecha Justicia española.
Yo solo veo tierra quemada por el pp/vox. O yo o el caos. Este parece el lema de la extrema derecha y, en este lema, entra el partido togado de extrema derecha. No se cortan en nada, en ridiculizar, si pueden a su gobierno, atacarlo en el extranjero y donde les convenga, mentir, para poner sombras en una gestión mucho mejor que la mejor que tuviera la derecha. Nada les impide implicar a sus jueces en la lucha por destruir la oposición, llegando hasta el esperpento. Se proclaman constitucionalistas y mantiene a sus jueces 5 años de ockupas para asegurarse el poder.
El partido más corrupto que más amnistías ha regalado, incluso a terroristas y ladrones, ahora se rasga las vestiduras porque otro hace lo mismo. Para más inri, su jefe, es un amigo de traficante de drogas