La hora de los mediocres

Otra vez, veteranos socialistas de chaqueta y conservadores de convención, que están fuera de la primera línea montan una rebelión en la sombra junto a personajes de otros tiempos, como Aznar. Pero los mediocres solo son capaces de sacar a relucir su debilidad.

Ante la pérdida de tiempo del intento de investidura por parte del líder de la derecha conservadora, Alberto Núñez Feijóo solo ha servido para estos personajes mediocres lo copen todo y llenen páginas y páginas, en papel, pero sobre todo en digital, para disfrute de muchos tertulianos y disgusto de otros muchos, que les gustaría hablar de los que le importa a la gente.

Pero aquí estamos otra vez hablando de conspiraciones de los dinosaurios, los mediocres del PSOE, que salen día sí y día también a alumbrar la política española con su sabiduría mediocre, dictando lo que es la verdad absoluta y lo que las generaciones más jóvenes deben hacer con el presente, pero sobre todo con el futuro.

Basta ya de mediocridad en los medios

Y es que desde el expresidente Felipe González, pasando por Alfonso Guerra o exministros de los 80 y 90 del siglo pasado, todos han querido sentenciar como se debe o no leer nuestra constitución. Sin ser ni jueces ni parte activa de la políticas, estos adultos mayores, quieren dirigirnos el futuro, el nuestro el de ellos, pero sobre todo el de nuestros jóvenes.

El expresidente del Gobierno, Felipe González en otro ejemplo de mediocridad, tirando otra vez por tierra todo su legado, recordó que a él nunca se le ocurrió echar a Nicolás Redondo padre por convocarle una huelga cuando lideraba el Ejecutivo. Pero se le olvidó decir que fue el líder de la UGT, el que separó y rompió los lazos que los unió al partido socialista.

Peinan canas contra la amnistía

Exministros como Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui, Jerónimo Saavedra o Jordi Sevilla, salen en defensa o bien de una repetición electoral, o del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque, si no se quiere negociar con Puigdemont, no hay otras opciones.

Jordi Sevilla, – ¿los menores de 50 años se acuerdan quién es?, pidió nuevas elecciones tras escuchar las reclamaciones del líder de Junts desde Bruselas. Otro dinosaurio de la política socialista, Ramón Jáuregui, en una entrevista en RNE hace días declaró: “La amnistía como tal, yo interpreto que no es constitucional”. Porque, según el exministro de la Presidencia, se asemeja a una “legalización encubierta de los actos que los cabecillas del procés cometieron contra el Estado y que en el resto del mundo están penados”.

Pero hay más, Almunia afirmó en Radio Euskadi que, “al menos de momento, no se dan las condiciones para conceder una amnistía, desde el punto de vista político del interés general de la sociedad”.

Y más mediocres si se puede pedir. Otro ejemplo: Saavedra, ministro de González entre 1993 y 1996, en la radio canaria. Sostuvo que hay que “lo mejor para España es un pacto entre PSOE y PP”. ¿Esto incluye a Vox?

La mediocridad llega también al llamamiento a revocar el uso de las lenguas autonómicas

Exministros y expresidentes del Congreso y del Senado suscriben un documento, que se suma a la reacción contra las cesiones del PSOE al independentismo. En el denuncian “el trágala inaceptable de una mutación constitucional para negar que el castellano es el idioma común de los españoles”.

Hace días, mientras el PSOE perdía el tiempo expulsado al mediocre Nicolás Redondo Terreros, se presentó en el Congreso un manifiesto que pide la revocación del uso de las lenguas cooficiales, que se aprobará esta semana.

Estas personas hablan de “la mutación constitucional” que, a juicio de los firmantes, representa el inminente uso de las lenguas autonómicas en la Cámara baja “para encaminar la Carta Magna hacia una realidad plurinacional”.

La edad del poder

Entre los 61 promotores del documento, muchos y muchas mediocres que llaman a “no asumir un trágala inaceptable”, además del ínclito Redondo, de triste recuerdo, catorce exministros de distinto signo, como los expresidentes socialistas del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo.

Las rúbricas incluyen a Soledad Becerril, la primera mujer que ostentó una cartera ministerial en el gabinete de la UCD de Adolfo Suárez hace más de 45 años, Ignacio Camuñas o Jesús Posada.

También exministros de  Felipe González, como José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela y Virgilio Zapatero y, de José María Aznar y Mariano Rajoy, como Juan Carlos Aparicio, Miguel Arias Cañete, Rafael Arias Salgado, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal, Isabel García Tejerina, Isabel Tocino y Federico Trillo.

O de figuras que desempeñaron relevantes responsabilidades institucionales en ambas formaciones en tiempos muy lejanos como Javier Rupérez, Francisco Vázquez, José Rodríguez de la Borbolla o Joaquín Leguina. Una lista de nombres que no dice nada a la mayoría de la sociedad española y que no representan el sentir de un país que avanza en la integración de todas las nacionalidades y de todas las lenguas, a pesar de los mediocres.

También de tránsfugas ultras

Y como nos vamos a olvidad de un persona como Rosa Díez, una ultraderechista de pro, entre otros dinosaurios de la política de los 80 y 90 del pasado siglo.

Los firmantes se oponen al modo en que se va a llevar a cabo la reforma del Reglamento -inconstitucional, para ellos y sus cataratas- faculta a los diputados y diputadas a que puedan expresarse a partir de este martes en catalán, euskera y gallego (las lenguas de las comunidades históricas). Señalan que “también se podrá hablar en valenciano, aranés, aragonés y asturiano”, un dato inexacto, además el valenciano y el catalán son la misma lengua. Y continúan afirmando que la “intención del soberanismo es una: Negar la condición del castellano como lengua común de los españoles”.

El pasado quiere perpetuarse en poder

El documento reivindica el “honor” de sus redactores “por haber representado al pueblo español en las Cortes en distintos pasajes de los 46 años de democracia, como preludio de la puntualización de que, a pie de Constitución, el castellano es la única lengua oficial del conjunto del Estado y que el resto de los idiomas lo son en sus respectivas comunidades, como recogen los Estatutos de Autonomía”.

“Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español”, que “aprecia la riqueza cultural que supone el plurilingüismo que sitúa en el escalón de la mayor riqueza disponer de un mismo idioma compartido”.

 La protesta de los firmantes, que reclaman expresamente a los diputados de esta XV legislatura que rechacen la iniciativa -un brindis al sol de lo imposible hoy, dadas las mayorías de la Cámara-, se construye sobre dos argumentos: la «falta de soporte constitucional» de la medida y su convicción de que el soberanismo la blande, precisamente, para negar la existencia de esa lengua común.