Durante la campaña electoral de los últimos comicios, el Partido Popular envió mensajes de texto al teléfono de 1,2 millones de personas.
«Hola, soy Pablo Casado, te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente ala crisis económica y el desafío separatista». Este era el mensaje que recibieron en su teléfono móvil como campaña masiva. Fue el último día de la campaña electoral.
Los mensajes se enviaron a personas que, según una empresa de marketing contratada por el PP, serían «afines» a los postulados de su partido. No eran militantes, no estaban registrados en una base de datos del Partido Popular. Y muchas de las personas que recibieron el mensaje denunciaron que nadie les había solicitado ningún consentimiento para pedir este tipo de «publicidad».
El asunto fue denunciado ante la Junta Electoral Central. No por la nefasta ortografía del mensaje (que se las traía), sino por una posible vulneración de los derechos que afectan a los datos personales de los receptores del mensaje.
Pues bien, la Junta Electoral Central, salpicada por múltiples escándalos estos días que apuntan al hecho de que algunos de sus miembros han militado (o militan) en formaciones políticas, ha decidido archivar el asunto.
Según la JEC, la empresa de marketing contratada por el PP, que envió los sms usó bases de datos «anónimizadas», lo que significa que sólo tenían el número de teléfono pero no datos personales de los receptores. Dice la JEC que no se ha vulnerado el artículo 58 de la LOREG porque «los datos que se han usado no son personales».
Según informa Europa Press, en cuanto al derecho ciudadano de oposición a recibir información de propaganda electoral, la JEC señala que en el presente caso «no se está haciendo uso de datos calificados de personales, con lo cual aquel requisito no tenía que cumplirse, del mismo modo que la exclusión de la copia del censo electoral no impide que los electores reciban en sus buzones de correo físicos propaganda electoral mediante la técnica conocida como buzoneo».
¿Qué dice la JEC sobre la protección de datos? Pues no se mete. No entra a valorar la cuestión porque manifiesta que es un asunto «ajeno a sus funciones». No tiene, según dice, que valorar si la empresa contratada por el PP respetó o no las reglas en materia de protección de datos.
