A lo largo de los años varias de las principales compañías del mundo se han visto en situaciones límite por haber infringido gravemente las leyes. Sin embargo, es habitual que las autoridades judiciales lleguen a determinados acuerdos que se sustentan en multas que para el gran público son cuantiosas pero que, en realidad, no suponen mucho quebranto a sus cuentas.
Precisamente, estos acuerdos lo que están provocando es que esas grandes compañías sigan delinquiendo. Por tanto, la Justicia está incentivando la corrupción y el delito por no perseguir y condenar a estos gigantes empresariales que han sido investigados por blanqueo de capitales de organizaciones del crimen organizado, por pagar sobornos a funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos o licencias de explotación muy lucrativas. En esos acuerdos, estas grandes compañías se comprometen siempre a reformarse y a no volver a delinquir a cambio de una aparente sustanciosa multa.
Sin embargo, la gran mayoría de estos gigantes empresariales incumplieron los acuerdos porque, efectivamente, volvieron a delinquir. La realidad es que les sale muy rentable.
Esta estrategia de aplicación de la ley fue ideada en Estados Unidos. La realidad es que ha tenido un pésimo historial de disuasión del crimen corporativo. Las autoridades estadounidenses suelen ofrecer un trato a las empresas acusadas de delitos relacionados con la corrupción: pagar una multa, aceptar una sanción reglamentaria, o ambas cosas; adoptar reformas y prometer ser un buen ciudadano corporativo en el futuro.
Los acuerdos, para resolver cargos penales y civiles, se han enfrentado a críticas fulminantes de académicos, jueces, periodistas y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el verdadero problema es que los acuerdos de clemencia inspirados en Estados Unidos se están extendiendo por todo el mundo.
En los casos penales, los acuerdos negociados, conocidos en el país norteamericano como acuerdos de enjuiciamiento diferido y de no enjuiciamiento, son mucho más fáciles y mucho menos costosos que un juicio. Han dado lugar a una oleada de acuerdos y sanciones financieras que los fiscales y los reguladores pretenden promocionar como una prueba de su éxito en la lucha contra la corrupción global. No obstante, está causando el efecto contrario.
En las últimas dos décadas, fiscales y reguladores en 30 países han negociado acuerdos corporativos para resolver sobornos y otras acusaciones de corrupción contra al menos 265 empresas, con un bagaje de recaudación de cerca de 35.000 millones de dólares en multas y otros pagos.
Sin embargo, los pagos de liquidación se han disparado. En 2000, el más alto fue de 844.000 dólares. En 2020, fue de 2.500 millones.
Los críticos de los acuerdos dicen que no logran prevenir, e incluso pueden alentar tácitamente, los peores tipos de abusos corporativos, incluido el soborno de funcionarios públicos en países extranjeros, lo que socava el estado de derecho y debilita la democracia.
Además, están surgiendo deficiencias en el sistema estadounidense en otros países que han adoptado acuerdos negociados. Estos defectos incluyen: multas y otros pagos sin efecto disuasorio real; personas no obligadas a rendir cuentas; empresas que se portan mal y siguen ganando contratos públicos; y firmas con mucho dinero que violan la ley una y otra vez.
La proliferación de acuerdos corporativos al estilo estadounidense es bastante alarmante. Se está socavando el estado de derecho y la Justicia no protege a las personas a las que debe proteger, algo que socava y, en última instancia, debilita la democracia. Para estas grandes empresas es como salir de un aprieto legal pagando una multa por exceso de velocidad.
Por ejemplo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha identificado a varias decenas de empresas que pertenecen al Fortune 500 que resolvieron casos de presuntos sobornos o fraude en las últimas dos décadas y luego violaron la ley nuevamente, a menudo en unos pocos años.
La realidad es que el pago de esas multas se acerca más a los sobornos que se investigan que a hacer justicia, porque cuando esas grandes corporaciones alcanzan esos acuerdos ya saben que no van a ser procesados. Esto, en realidad, es promover la corrupción.
La Justicia incentiva la corrupción. Qué justicia ni que niño muerto. Si la justicia viene de un criminal que mediante genocidio impuso la corrupción como medio para subsistir y manejar a su “fieles”: De que extrañarnos ahora. Estos personajes que se visten de hojalatas, cruces y demás chatarras, como los brujos, no son ni patriotas, ni decentes, ni ciudadanos. Son lo que son. Criminales puestos donde están por leyes hechas por criminales, y una transacción pistolera en su momento. La del 78. No les ha servido. Sobre el presidente del tc. Según Enrique de Santiago, PC. Parece ser que los que ostentan el poder franquista de las instituciones franquistas (Trevijano) deben de ser como mínimo presuntos delincuentes. Con democracia real y justicia justa, los 6 deberían estar encarcelados. Por asalto al Congreso de los Diputados. Por contra, y gracias al partido declarado “asociación para delinquir”ocupan puestos para manipular las leyes y las conductas que no les agrade.