Este miércoles, Diario16 publicaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la del juzgado número 12 de Lo Contencioso Administrativo en la que se condena al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por vulnerar los derechos fundamentales en el hospital Isabel Zendal al impedir la entrada de representantes sindicales y delegados de prevención de Comisiones Obreras al centro. Es la última resolución judicial que desautoriza la serie de ilegalidades del gobierno de la CAM en torno a lo que su presidenta calificó de “orgullo de la sanidad madrileña”. Otro juzgado de Madrid, el 17, ya había dictado una sentencia en la que consideró que se había vulnerado el derecho fundamental a la libertad en ese hospital, además de por impedir el acceso al centro de los sindicalistas, por no proporcionar los medios adecuados a los delegados de prevención de riesgos laborales para desarrollar la labor que tienen encomendada.
Este proceso judicial tiene un trasfondo de mayor calado que el del derecho a la libertad sindical que reconoce la ley. Díaz Ayuso, al inaugurar el hospital, dijo de él que “es un centro pionero en nuestro país y sin precedentes en Europa. Un auténtico pulmón asistencial, una bomba de oxígeno para los profesionales del conjunto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud y del resto de España, y un hospital único a nivel mundial”. El centro contaba con tres pabellones, uno dedicado a los enfermos de COVID que requerían cuidados intensivos, otro, el de los pacientes graves pero que no requerían su ingreso en las Ucis, y, por último, el dedicado a la asistencia habitual y rehabilitación.
El centro se dotó de personal procedente de otros hospitales madrileños que fueron trasladados obligatoriamente bajo la amenaza de quedarse sin las renovaciones de los contratos temporales con los que trabajaban. Hubo protestas. Incluso Isabel Díaz Ayuso llegó a denunciar públicamente sabotaje por parte de algunos trabajadores descontentos con el traslado, una denuncia que nunca llegó a prosperar. Efectivamente, en el Zendal hubo deficiencias técnicas que provocaron, en muchas ocasiones, que dejasen de funcionar aparatos sanitarios indispensables para mantener con vida a los enfermos, entre otros los monitores que miden la frecuencia y el ritmo cardiacos, el nivel de oxígeno en la sangre y la tensión arterial, los requisitos mínimos para poder tratar a los enfermos de neumonía bilateral, la principal consecuencia de la acción del coronavirus en el aparato respiratorio que es la que ha provocado la casi totalidad de las muertes.
Pero no sólo los trabajadores se quejaban. El hospital Zendal, desde un principio, funcionó con pacientes procedentes de otros centros de la Comunidad de Madrid trasladados forzosamente, sin permiso. Fue un centro diseñado al más puro estilo de “hospital de campaña” cuyo antecedente fue la instalación provisional en la nave central del IFEMA, el recinto ferial de Madrid. Curiosamente, las instalaciones del Zendal se diseñaron copiando las de este hospital de campaña. Carecía de módulos separados, de quirófanos, y las UCIs se podían visitar sin ningún tipo de precaución por parte de enfermos de los módulos donde se alojaban a los pacientes menos graves.
Desde un principio, las asambleas de los trabajadores, médicos, enfermeros y personal auxiliar estaban a la orden del día. Normalmente se llevaban a cabo en los cambios de turno, a las ocho de la mañana, tres de la tarde y diez de la noche. Los enfermos asistían, atónitos, a los discursos de los líderes de un movimiento que no contaba con el apoyo activo sindical puesto que el centro estaba vedado a los sindicatos. Las reivindicaciones más habituales consistían en la exigencia de mayor seguridad ya que no había garantías ante los focos de contagio, y, sobre todo, las jornadas laborales a destajo donde apenas había descanso teniendo que hacerse cargo, como poco, de tres o cuatro módulos con catorce enfermos cada uno. Los trabajadores carecían de armarios para guardar el material sanitario. Cada módulo tenía sólo dos lavabos para las necesidades fisiológicas e higiene de los enfermos. Había falta de cuñas para los que estaban inmovilizados y sólo había un servicio de radiología para los 4.000 pacientes que llegó a tener el hospital, que en un momento determinado se le llamó “el hospital de los horrores”.
Era lógico que los sindicatos comenzasen a recibir quejas de la situación en que se encontraban los profesionales que, obligatoriamente, prestaban sus servicios allí. De ahí que exigieran al Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, la presencia de sindicalistas miembros de los servicios de salud laboral de la Comunidad para que inspeccionasen las condiciones de trabajo de los empleados. La Consejería de Salud se negó a conceder ese permiso. Y ante la insistencia, tanto de los empleados como de los sindicatos, y las denuncias que empezaron a hacerse públicas en los medios de comunicación, el gobierno regional puso en marcha todo su aparato de propaganda, con visitas teledirigidas de los reporteros de Telemadrid y de los periodistas afines a la derecha. Eran los tiempos en que se empezaban a denunciar los llamados “protocolos de la vergüenza”, y al gobierno de Díaz Ayuso se le cuestionaba su falta de diligencia a la hora de gestionar la crisis sanitaria provocada por la pandemia. De ahí que la consigna desde la Puerta del Sol fuese tajante: nada de dejar entrar a los sindicatos en el Zendal. Había que evitar las críticas a toda costa.
Las centrales representativas llevaron el tema a los tribunales que han fallado a su favor. No es el primer revés del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el asunto de la pandemia. En la actualidad, varios juzgados de Madrid instruyen causas contra la Consejería de Salud y, subsidiariamente, contra Díaz Ayuso, por la muerte en las residencias de mayores durante la pandemia. Ayuso llegó a responsabilizar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de esas muertes al ser el titular de los asuntos sociales de la administración central. Los jueces ya han dicho que las competencias en esa materia son exclusivas de las comunidades autónomas.
Estas instrucciones judiciales pueden suponer un serio revés para Díaz Ayuso tal y como han sido las condenas por los despidos de altos cargos de Telemadrid, y las investigaciones sobre algunas concesiones en materia sanitaria a empresas sin haberse llevado a cabo las licitaciones públicas que señalan las leyes. Poca cosa para el gobierno regional que preside la lideresa Isabel Díaz Ayuso quien, de todas maneras, es consciente de que, a pesar de tener la fuerza de los votos en Madrid, ese activo se le puede diluir poco a poco si los tribunales de justicia siguen cuestionando la credibilidad de lo que ella llama “sus logros”
