El Ejército de Estados Unidos tiene prohibido proporcionar entrenamiento y equipo a las fuerzas de seguridad extranjeras que cometen «violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente reconocidos».
La Ley Leahy, bautizada así por el senador Patrick Leahy, se aplica a la asistencia militar para unidades extranjeras financiada a través de los departamentos de Defensa o de Estado. Sin embargo, esta ley no limita las actividades de la CIA como, por ejemplo, las Unidades Cero de Afganistán.
El propio Leahy ha afirmado que cree que los requisitos de derechos humanos de la ley deben ampliarse para «cubrir ciertas operaciones antiterroristas que involucran a fuerzas especiales estadounidenses y socios extranjeros. El apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad extranjeras, ya sea a través del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la CIA u otras agencias, debe estar sujeto a la supervisión efectiva del Congreso para que cuando se cometan errores o delitos, los responsables rindan cuentas».
La posición política debe ser coherente y, si un Ejército tiene limitaciones cuando se producen graves violaciones de los derechos humanos, los servicios de inteligencia también deben tener ese control, sobre todo cuando por detrás hay una agencia como la CIA, que cuenta con muchos recursos económicos para ejecutar acciones de este tipo.
Las operaciones militares estadounidenses están bajo la jurisdicción de los comités de Servicios Armados del Senado y el Congreso. La supervisión de la CIA y otras agencias de inteligencia está a cargo de comités separados que realizan la mayoría de sus reuniones y audiencias en secreto.
Por ley, las agencias están obligadas a mantener al Congreso plena y actualmente informado de todas las operaciones encubiertas. El personal del Comité de Inteligencia tiene la autoridad para solicitar a la CIA documentos y testimonios sobre misiones clasificadas como, por ejemplo, el apoyo a las Unidades Cero que operaron en Afganistán.
Sin embargo, los dos comités que supervisan a la CIA no disponen de los recursos mínimos para monitorizar las complejidades de las operaciones paramilitares en países extranjeros.
El Pentágono y el Departamento de Estado han creado procedimientos muy rigurosos para asegurarse de que las unidades extranjeras cumplan con los requisitos de la Ley Leahy. Los comités de supervisión de inteligencia, con personal escaso, no están configurados para rastrear lo que sucede en el terreno cuando los oficiales militares estadounidenses prestados a la CIA trabajan con unidades de élite en el interior de Afganistán, Somalia o Siria.
Sin embargo, el hecho de que el Congreso no extienda la Ley Leahy a las agencias de inteligencia no es una coincidencia. En realidad, todo parece indicar que el actual escenario está diseñado para que, precisamente, la CIA no tenga ningún tipo de supervisión.
