La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha reunido con algunas representantes del Movimiento Feminista para dialogar sobre la violencia contra la mujer, que ocasiona una verdadera masacre en nuestro país. Para que no se arguya que exagero, les ofrezco una comparación. En los 50 años que actuó ETA ocasionó 864 muertos. En los 16 que lleva vigente la Ley de Violencia de Género ha causado 1.300 víctimas oficiales. De esas se hayan excluidas las que no son “género”, es decir las que únicamente son mujeres: la madre, la hermana, la cuñada, la suegra, la hija, la sobrina, la vecina, la desconocida, la prostituta, asesinadas por el fanático que las odiaba o las deseaba. Como he repetido hasta la extenuación, si las víctimas fueran consideradas como tales de terrorismo, en España se dispondrían todos los mecanismos de las fuerzas de seguridad del Estado para impedirlo.
Dudo que la señora Montero ignore estos datos que me los ha proporcionado el Ministerio del Interior. O si los conocía con anterioridad no han sido suficientes para motivarla a celebrar la reunión mencionada hasta que en esta semana aciaga de mayo se han consumado seis feminicidios y el parricidio de un niño de 7 años por su padre. Y a Montero le ha parecido una exageración. Que se acumulen las cifras y los cadáveres como un goteo: dos en un mes, cuatro en una semana, tres seguidos, vale. Ya se sabe que el género mata, aunque no se sepa qué es el género que resulta mortal. Pero que sean seis las muertas, y el niño siete, en una semana, es demasiado.
No sé qué conclusiones ni qué determinaciones tomaron en ese Sanedrín feminista, al que no me invitaron, ni a mí ni a ninguna representante del Partido Feminista ni a otras compañeras de organizaciones que están trabajando desde hace décadas por frenar estas tristes cifras. Al parecer con las que invitó ya tenía bastante. Pero la señora ministra debería informar a la ciudadanía del resultado de su consulta, por mor de la transparencia como se llama ahora a la sinceridad.
Yo, a pesar de no haber sido consultada le ofrezco las medidas que desde el Partido Feminista llevamos 15 años proponiendo para aumentar la protección de las víctimas. Medidas que hemos elaborado un equipo de abogadas y activistas feministas, de mucha experiencia y largo recorrido, y que en repetidas ocasiones hemos enviado, y entregado en mano, a las sucesivas responsables de las carteras de Asuntos Sociales y luego Igualdad, cuando le cambiaron el nombre, al Secretario de Estado de Justicia, al Secretario de Estado de Asuntos Sociales, a las Delegadas de Violencia de Género, al Observatorio de ídem del gobierno y del Consejo del Poder Judicial, a las Directoras de los Institutos de la Mujer y de las Mujeres, e incluso enviado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de los Diputados.
Nuestros esfuerzos no han tenido mucho efecto. Según el partido que gobernaba nos trataron con más o menos amabilidad, sin que ninguno se molestara en estudiar nuestros documentos ni en concertar otra entrevista para comentar lo que les habían sugerido. En diciembre de 2016, después de dos semanas igualmente sangrientas, con varias víctimas de la violencia machista, incluidos menores, se aprobó organizar una mesa de debate de todos los partidos, con las aportaciones de muchos expertos, para llegar a lo que llaman “Pacto de Estado contra la violencia de género”. No hemos tenido ninguna información de qué efectos ha logrado ese Pacto, extensísimo, con más de 200 artículos, que desde hace cuatro años se menciona de cuando en cuando. Tampoco aquí ha funcionado la transparencia. Por informaciones tangenciales sabemos que falta financiación para llevarlo a cabo.
Ciertamente para toda mejora de los organismos del Estado hace falta dinero, pero para proteger a las mujeres amenazadas por su verdugo no son precisos grandes dispendios. A menos que se considere así incluir en el redactado de la ley que serán consideradas beneficiadas por la protección de la norma jurídica todas las mujeres víctimas de la violencia machista, y no solamente las relacionadas sentimentalmente con el agresor. Como tampoco cuesta dinero dictar órdenes de alejamiento y de protección a las denunciantes que se encuentren en verdadero riesgo.
Según las mismas cifras del Ministerio del Interior, el 55% de las denuncias se archiva en el juzgado sin más trámite. Del 45% restante se condena al 70%, mediante una componenda entre el fiscal y el abogado del maltratador. Con lo que únicamente el 38% de los denunciados son condenados, y a penas que no exceden de 2 años, con lo que no se cumplen, sustituidas por una ficción llamada “trabajos en beneficio de la comunidad” que nadie sabe en qué consisten. En un estudio realizado por unas profesoras de la Universidad de Barcelona se sacó la conclusión de que una mujer maltratada solo tiene un 6% de posibilidades de ver a su verdugo en la cárcel.
Una muchacha era víctima del acoso sexual de un vecino que la perseguía en la escalera, en el vestíbulo de la finca y en el ascensor. Después de denunciarlo, únicamente se le condenó a una multa en un juicio de faltas y siguió viviendo en el mismo rellano de la finca donde la joven lo veía cada día. No se dictó orden de alejamiento porque no era víctima de violencia de género.
Decenas de mujeres prostituidas son asesinadas cada año por su proxeneta, chulo, macarra o cliente, sin que entren en la fúnebre lista de víctimas de violencia de género, porque ninguna relación sentimental las unía a su asesino.
Cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas son traficadas para la prostitución en España. Los cálculos conservadores dicen que 500.000 cada año entran por todas las fronteras para ser vendidas y esclavizadas en nuestro país y en el resto de Europa. Pero tales delitos no constituyen violencia de género, porque al parecer esas mujeres no pueden ser consideradas igual que las demás víctimas. Y una supuesta ley de Trata con Fines de Explotación Sexual, que desde hace años se menciona en los planes de los gobiernos, permanece en el Limbo, sospecho que por la presión que ejerce la mafia prostituidora.
UGT publica cada año un informe en el que afirma que el 75% de las trabajadoras sufre acoso sexual en el trabajo. Pero estas no son víctimas de violencia de género, por tanto no merecen protección especial.
Por supuesto la violencia económica, la laboral y la institucional no tienen cabida en el texto legal. Así, los jueces y fiscales, los policías y Guardias Civiles que no atienden las denuncias, que se niegan a tramitar los procesos, que archivan las causas de maltrato, que absuelven al acusado por falta de pruebas sin realizar una seria investigación de la situación de la maltratada, no tienen ninguna responsabilidad en el asesinato de la víctima, después de que esta haya acudido en repetidas ocasiones a solicitar el amparo judicial.
Cientos de policías no atienden las denuncias de maltrato interpuestas por las víctimas, a las que aconsejan que no inicien un proceso que destrozará a la familia, llevará a su marido a la cárcel y dejará a los hijos sin padre. Pero esos funcionarios no son responsables de causar violencia alguna a las que acuden en busca de protección institucional.
Pero el defecto más grave que puede atribuirse a la dichosa Ley es que mantiene la exigencia de la carga de la prueba en la víctima. La ONU ha declarado que “la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”. Y como tal, como crimen encubierto que se produce en la intimidad del domicilio común o del prostíbulo es el más difícil de probar. Mientras no se acepte la declaración de la víctima como prueba será imposible que el verdugo sea considerado culpable.
No puedo creer que Irene Montero desconozca estos datos porque aunque ella no estuviera en activo en los primeros 15 años de recorrido de la Ley, hay en el Congreso doctores que pueden adoctrinarla, y aún más, el Ministerio del Interior publica suficientes datos para alarmarse. De todo ello, y aún más, la hubiese informado yo si hubiera querido escucharme. Pero es evidente que sólo quiere rodearse de sus adeptas para fingir un interés por esta tragedia, que no siente.
