La cotización de todos los becarios a la Seguridad Social es el principal escoyo que denuncian las universidades y también la Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE).
Se trata de un derecho que lleva muchas décadas de retrasos y muchos Gobiernos por delante. Ya se aprobó en 2011 por Real Decreto. Tras muchos retrasos, el derecho a cotizar de todos los becarios –también los que no cobran– se aprobó el pasado marzo en el bloque final de la reforma de pensiones y el BOE recoge su entrada en vigor para el próximo 1 de octubre.
Rechazo al Estatuto del Becario
La Red de Fundaciones Universidad-Empresa se opone frontalmente al anuncio realizado por el Ministerio de Trabajo sobre el nuevo “Estatuto del Becario”. Consideran que “si se aprobara la normativa anunciada, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrían cumplir su plan de estudios”.
Y recuerdan que el 65% de las prácticas se realizan en las Administraciones Públicas y no en las empresas.
Los rectores de las universidades pidieron una demora en su aplicación. Una demora que los ministerios de la Seguridad Social y de Universidades señalan que están estudiando.
La cotización de los becarios
La cotización de los becarios para su jubilación, (como el resto de los trabajadores) supone reconocer “los periodos de prácticas”. Será cubierta por el Estado en su inmensa mayoría, el 97% este año y el 95% a partir de enero de 2024, de manera que el pago efectivo de las empresas (o instituciones académicas) solo alcanzará el 3% y el 5% de la cotización.
Según la REDFUE, “más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) se podrían quedar sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios si entrara en vigor el ‘Estatuto del Becario’.
Pero la queja principal ya está en vigor y se trata del pago de la Seguridad Social, también por tarde de los propios ministerios, que afirman no tener presupuesto.
La red de Fundaciones Universidad Empresa, una organización vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, se opone frontalmente a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios. Desde los sindicatos rechazan que no se les haya escuchado.
Desde los sindicatos rechazan que no se les haya escuchado.
Desde los propios Ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, “si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de esta, no acogerán estudiantes en prácticas”. Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Rechazan que se aborde desde el ámbito laboral
La red de Fundaciones Universidad-Empresa entiende que, en nuestro ordenamiento, “la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral”.
La cotización a la Seguridad Social de los becarios fue negociada durante meses, comprometida en el primer acuerdo de pensiones. Se produjo un retrasado de más de un año por la negativa de las universidades, que rechazan su pago.
Finalmente, se aprobó el pasado marzo, dando el Gobierno un margen de siete meses para su entrada en vigor. Esto es, el próximo octubre.
Los rectores insisten en criticar la medida en sí misma. “No tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social”, decía este jueves en El País Eva Alcón, la nueva presidenta de los rectores.
La cotización de los becarios el principal escoyo
La Crue insiste en que la cotización de todos los becarios dificultará la realización de prácticas y aumentará las cargas burocráticas de las universidades sin medios para ello, ni de personal ni económicos.
Otros actores relevantes de la comunidad educativa como el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación, la Conferencia de Rectores, la Conferencia de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir.
De aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios.
Ponen en duda la legislación de los becarios
La Red de Fundaciones Universidad Empresa consideran que es “una legislación inaplicable. como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha”.
La Red de Fundaciones Universidad Empresa recuerda también que “con la nueva normativa que pretende aprobar el ministerio de Trabajo no se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional”.
Desde REDFUE, señalan que “hay dificultades para encontrar prácticas externas formativas y de calidad” y, por ello, es imprescindible incrementar el número de entidades colaboradoras (Administraciones Públicas, empresas y entidades del tercer sector) que estén dispuestas a ofertar prácticas externas donde su colaboración es crítica.
Con lo bien ,que se tienen becarios trsbsjando gratis, para que nuestros empresarios se compre un coche deportivo ultimo modelo.