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La UE impulsará una economía de plataformas que mejore la transparencia en el sector del alquiler a corto plazo

Fin a la falta de normas adecuadas que contribuye a problemas como el aumento de los precios de la vivienda, el desplazamiento y la perturbación a los residentes permanentes, el exceso de turismo y la competencia desleal

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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El mercado de alquileres a corto plazo ha aumentado rápidamente en los últimos años, principalmente debido a la aparición y expansión de cientos de plataformas online como Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor. Este tipo de alojamiento representa aproximadamente una cuarta parte del total de alojamiento turístico en la UE y se espera que esta proporción aumente. Si bien estos alquileres crean beneficios para los anfitriones, los turistas y muchas regiones, algunos investigadores sostienen que «la falta de normas adecuadas también contribuye a problemas como el aumento de los precios de la vivienda, el desplazamiento y la perturbación de los residentes permanentes, el exceso de turismo y la competencia desleal».

Este panorama ha llevado a los negociadores del Parlamento y del Consejo a acordar nuevas normas sobre recopilación e intercambio de datos sobre alquileres a corto plazo para ayudar a las autoridades locales a mejorar los servicios turísticos.

El ponente Kim Van Sparrentak (Verdes/ALE, NL) ha afirmado que las ciudades están luchando contra una «explosión de alquileres vacacionales ilegales», lo que pone bajo presión la habitabilidad y asequibilidad de las ciudades de toda Europa.

Hasta ahora, las plataformas de alquiler se han negado a «compartir datos, lo que dificulta el cumplimiento de las regulaciones locales. Afortunadamente, esta ley pone fin a esto y devuelve más control a las ciudades. Estamos demostrando que no son las grandes empresas tecnológicas, sino las propias ciudades, las que determinan las reglas».

El acuerdo provisional alcanzado por los eurodiputados y la Presidencia española del Consejo aborda la regulación sobre la recopilación y el intercambio de datos relacionados con los servicios de alquiler de alojamiento de corta duración (STR). Esta iniciativa tiene como objetivo promover una economía de plataforma transparente y responsable en la UE e impulsar políticas locales efectivas.

Las medidas acordadas

Registro más sencillo: el texto acordado establece un procedimiento de registro en línea gratuito (o con un coste proporcional) para propiedades en alquiler a corto plazo en aquellos países de la UE que lo requieran. Una vez completado el trámite, los anfitriones recibirán un número de registro que les permitirá alquilar su propiedad. Las autoridades pertinentes conocerán la identidad del anfitrión y podrán verificar su información.

Servicios de alquiler más seguros: las plataformas en línea deberán garantizar que el número de registro del anfitrión permita a los usuarios identificar la propiedad en el anuncio y que la información proporcionada sea fiable y completa. Las plataformas tendrán que hacer “esfuerzos razonables” para realizar controles aleatorios de esta información. Las autoridades competentes pueden suspender los números de registro, pedir a las plataformas que eliminen listados ilegales o imponer sanciones a las plataformas o hosts que no cumplan.

Transmisión de datos: Según el acuerdo, los estados miembros establecerán un punto de entrada digital único para recibir datos de las plataformas sobre la actividad del anfitrión (por ejemplo, dirección específica, número de registro correspondiente, URL del listado) mensualmente. Se establece un régimen menos gravoso para las micro y pequeñas plataformas con un promedio de 4.250 listados o menos. Estos datos se utilizarán para compilar estadísticas y permitir a las autoridades públicas evaluar mejor la situación sobre el terreno y mejorar los servicios turísticos en su zona.

El acuerdo informal deberá ser adoptado por el Consejo y el Parlamento antes de que se convierta en ley. Tras su entrada en vigor, los estados miembros tendrán 24 meses para adaptar sus sistemas de registro y crear la infraestructura informática necesaria.

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