La asociación profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, tendrá que responder ante los tribunales por sus opiniones vertidas en las redes sociales, en la última de las cuales dicen textualmente que “la mayor felonía que se puede cometer contra una nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español” en clara referencia a Pedro Sánchez. La dirección general de la Guardia Civil ha puesto en manos de los servicios jurídicos este tuit publicado en X. Han saltado las alarmas en sectores del gobierno que ven cómo determinadas asociaciones policiales sobrepasan reiteradamente la defensa gremial para creerse una suerte de actores políticos.
Habría que ir más lejos. Ya no sólo son las asociaciones policiales sino también las judiciales las que sobrepasan los límites para los que fueron constituidas, en materia de defensa de los intereses de los colectivos a los que dicen representar, para entrometerse en la acción política. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales en la cerrera judicial. y también la Jupol y el Sindicato Profesional de la Policía, SPP, en las fuerzas del orden.
Jupol, que dice ser el sindicato mayoritario en la policía, nacional advierte que movilizará a sus afiliados si se aprueba la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP y cuya derogación, no reforma, han suscrito PSOE y Sumar en los acuerdos de coalición. Según elsecretario general de la asociación, Aarón Rivero,” la previsible reedición del Gobierno de Pedro Sánchez incluirá una reforma de la ley de seguridad ciudadana que no tiene en cuenta la opinión de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco de los juristas. Y hará de España un país más inseguro”. El dirigente cree que la derogación “sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad puesto que va en dirección contraria de los nuevos desafíos: delincuencia con alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica».
Por su parte el Sindicato Profesional de la Policía ya ha mostrado públicamente su malestar por la ley que se pretende sacar adelante para amnistiar a los participantes en el proceso de independencia unilateral de Catalunya en 2017 incluso llamando a sus afiliados a participar en las movilizaciones convocadas por el PP y Vox. Lo que ocurre es que el sindicato está muy desprestigiado. Su historia está relacionada con los episodios más negros de la policía en nuestro país.
El presidente del SPP hasta 2013 fue José Ángel Fuentes Gago, número dos del director adjunto de la policía Eugenio Pino en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior del gobierno de Mariano Rajoy , acusado judicialmente de ser uno de los inspiradores de la llamada policía política y condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a un año de cárcel por difundir un pendrive con supuesta información sobre la familia Pujol con evidente intención de desprestigiar al expresident de la Generalitat. Por su parte, Fuentes Gallego es el principal sospechoso de haber redactado el llamado “Informe PISA”, en el cual se relaciona a Podemos con el régimen iraní y está relacionado con el bulo de la cuenta secreta de Suiza que dijeron que tenía el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, cualificado militante de Junts, Per Catalunya.
El SPP, que también dice ser mayoritario en la policía nacional, fue fundado tras la disolución de la Asociación Nacional de la Policía. El ministro de Interior con UCD, Rodolfo Martín Villa, abrió un expediente a sus dirigentes cuando criticaron públicamente la política del gobierno de Adolfo Suárez en materia de lucha contra el terrorismo de ETA. Uno de sus secretarios generales fue el comisario José Manuel Villarejo que convocó una huelga contra el ministro de Interior, Juan José Rosón.
Las asociaciones representativas de los colectivos de la carrera judicial también interfieren la acción política. La conservadora Asociación de Fiscales ha traspasado todos los límites y se ha dirigido a la Comisión Europea pidiendo que sancione al gobierno progresista si se promulga la amnistía. Ha reclamado la intervención de los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders a los que pide actuar con todos los mecanismos al alcance de la institución, incluyendo el procedimiento sancionador que se ha aplicado a Polonia o Hungría, si la norma llega a aprobarse. En la misiva, la Asociación solicita, en concreto, “cortafuegos para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos» en España.
La fiscalía general del Estado no piensa tomar medidas contra los dirigentes de esta asociación a pesar de su injerencia en asuntos políticos. Se quiere garantizar la total independencia de los fiscales, según dicen en fuentes de la institución que dirige Álvaro García Ortiz. La manera de entender esa independencia en el Ministerio Público contradice con los principios democráticos ya que la carta enviada por la AF a Bruselas es una evidente intromisión en la acción política de este país de unos funcionarios que deben obediencia al poder ejecutivo.
Las asociaciones que representan a jueces y magistrados también han efectuado declaraciones que traspasan los límites de lo que debe ser su actuación. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria entre los jueces y magistrados, María Jesús del Barco, ha llegado a declarar que “la amnistía no cabe en la Constitución” en contra de lo que han dicho muchos expertos juristas, y saltándose el principio democrático consistente en no manifestarse sobre una norma hasta que no lo hagan los organismos a los que compete pronunciarse, como es, en este caso, el Tribunal Constitucional. Del Barco ha dicho que la amnistía supone “negar el delito” y que “la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos judiciales no se ajusta a derecho”. La dirigente de la APM ignora que todavía está vigente en España la ley de amnistía de 1977 a la que se están acogiendo muchos de sus afiliados para negarse a investigar los abusos cometidos por la policía política en tiempos de la dictadura y, posteriormente, en los primeros años de la transición democrática.
La asociación minoritaria Foro Judicial independiente ha criticado al Tribunal Constitucional por avalar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial limitando las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones. Insinúa que se están aprobando sentencias por la imposición de la mayoría progresista lo que invalida las resoluciones. Ignora dicha asociación que su designación se hizo conforme a derecho con arreglo a lo que especifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Se ha dicho, por activa y por pasiva, que en el aparato del Estado todavía existen “poderes fácticos” próximos a la derecha conservadora, incluso a la extrema derecha, que interfieren en la vida política española sin poder hacerlo. Y hay que acabar con este tipo de impunidades si se quiere que este país goce de una estabilidad democrática.
No es nada nuevo:
Desde que murio el satrapa franco,en 1975,es continuo.
¿Acaso el golpista fascista Antonio Tejero no era guardia civil?¿Acaso el general Armada,otro golpista,no era militar?
¿Acaso esos que hace poco en su wasapp decian que habia que fusilar a 26 millones de personas no eran tambien funcionarios del orden?¿Acaso la mayoria de jueces,juezas no han estudiado en el OPUS o pertenecen a esta organizacion catolicofascista?
En su dia temblo las manos y las piernas para hacer una reforma en profundidad de estos organismos,asi que de aquellos vientos,estas tempestades actuales.