La semana que viene comienza el año judicial. Los juzgados y oficinas judiciales que cerraron en agosto reanudan su actividad. Y también los funcionarios que mantienen su protesta desde la primavera pasada, unas protestas cuyos efectos ralentizaron con motivo de las elecciones de julio pero que ahora vuelven con más fuerza. Sus reivindicaciones son de sobra conocidas. Quieren retribuciones similares a las obtenidas por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Estos últimos también pueden volver a la carga porque consideran que los acuerdos a que llegaron con el ministerio de justicia se están incumpliendo. Este mes de septiembre deberían cobrar parte de la subida comprometida, además de los atrasos desde el 1 de enero. Pero nadie sabe, a ciencia cierta, si ese compromiso se va a cumplir. Sobre todo, porque el Gobierno actual está en funciones y tiene limitadas sus competencias y más en lo que se refiere al gasto público.
El gobierno de Sánchez está confeccionando el borrador de presupuestos del año que viene aún sin saber si el nuevo Parlamento les va a renovar. Los letrados de Justicia tenían que haber empezado a percibir el aumento salarial con la modificación de los dos reales decretos que regulan las retribuciones de estos funcionarios. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estaba prevista para julio. Pero, con la convocatoria electoral de por medio, no se sabe si dicha modificación se ha producido. En cualquier caso, el acuerdo dice que la retribución debe cobrarse de manera gradual. El 40% del incremento que va desde los 430 euros a 450 euros mensuales, según destino, se percibirá con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Otro 40% en enero de 2024 y el 20% restante en julio del año próximo.
En el ministerio de Pilar Llop dicen que las partidas ya están presupuestadas, tanto las que corresponden al presente ejercicio como las del siguiente que están contempladas en el borrador de presupuestos que están preparando. No obstante, en las asociaciones convocantes de la movilización no tienen claro lo que puede llegar a pasar después de que la correlación de fuerzas haya experimentado un cambio en el Parlamento. Y dejan claro que, si no se cumplen los compromisos, sea del color que sea el Gobierno, volverán a parar. Hay que recordar que la huelga de los letrados de justicia colapsó los juzgados y aunque se ha intentado recuperar el ritmo, todavía se está lejos de alcanzar la normalidad y más con la protesta añadida del resto de los funcionarios convocadas por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF y Sindicato de Trabajadores de la Justicia. Aunque estos han decidido desconvocar los paros a la espera de la formación de un nuevo Gobierno, mantienen las protestas que repercuten en el funcionamiento de los juzgados, oficinas e instancias judiciales.
Y luego están los jueces y fiscales que también amenazaron con parar pero que al final llegaron a un acuerdo en las llamadas mesas de retribuciones de estos colectivos que, al estar institucionalizadas, no dependen de que el Ministerio libere una partida presupuestaria concreta como es en el caso de los letrados de la administración de justicia. En Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación progresista del sector, aseguran que el compromiso se está cumpliendo. En la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora, declinan hacer comentario alguno argumentando que no firmaron el acuerdo por considerarlo insuficiente.
El asunto de las movilizaciones de los diversos colectivos del sector judicial tiene su importancia porque las que se llevaron a cabo en la primavera pasada provocaron un importante colapso en los juzgados. Si ya de por sí la Justicia actúa con una lentitud que desespera a sus usuarios, una huelga provoca retrasos en su trabajo cotidiano que, al final, acaba por afectar a gestiones burocráticas necesarias para el funcionamiento de la vida ciudadana como son los registros civiles, notificaciones y embargos, además de las consignaciones económicas, las fianzas, los mandamientos de pagos de las costas judiciales, indemnizaciones y otras cantidades cuyo libramiento depende del trabajo de los funcionarios de las instituciones judiciales. En jurisdicciones como la social, los juicios por despido se están celebrando con un retraso medio de un año, y de año y medio para la reclamación de cantidades. Y ya ni se habla de la situación en el ámbito civil donde las demoras son seculares. Ahora, un litigio mercantil puede llegar a demorarse hasta los dos años en primera instancia. Si luego hay que recurrir a los organismos superiores se llega, con facilidad, a los cinco años. Reclamaciones dinerarias en los llamados juicios ordinarios acaban por convertirse en toda una odisea. Y ahora, a pesar de los medios que se han puesto durante el mes de agosto para agilizar la carga de trabajo, los retrasos son tan graves que no es de extrañar que la opinión pública suspenda a la Justicia según se advierte en los últimos sondeos del CIS.
Incluso se llegó a insinuar que en el trasfondo de las protestas convocadas por estos colectivos había una motivación política. Sí es cierto que desde que se han celebrado las elecciones la situación se ha ido calmando algo. Pero a nadie le extraña que las movilizaciones vuelvan a reactivarse si, al final, no se cumple con unos lo pactado, y con los otros no se llega a un acuerdo. Y la formación de un nuevo gobierno parece que va para largo por lo que el conflicto puede resurgir en cualquier momento.
Considero excesiva la reclamacion de los funcionarios de justicia. Si se consigue el resto de funcionarios dl pais pedirían lo mismo, x ejemplo los administrativos de sanidad, hacienda, educacion, etc. No olvidemos q el gobierno subio un 10 % a todos los funcionarios en tres años, y los de justicia piden unos 350 €, xq los laj y los jueces han pedido esa cantidad. Es q los funcionarios de justicia son mas listos o mas guapos q los demas? Acaso tienen la misma responsabilidad q los laj o q los jueces?. Los funcionarios de justicia entran a trabajar a las 9 de la mañana y a las 14,00 horas empiezan a recoger y a apagar los ordenadores, y eso los q los apagan, xq hay muchos q ni se quedan a apagarlos. El resto de funcionarios de otras administraciones publicas entran a las 8 y salen a las 15,00 horas. Y ademas, los de justicia…..q si hoy voy al medico, q si mña tengo q llevar a mi madre al medico…..o q el niño está resfriado y cientos de excusas para no dar golpe. Un buen abogado dijo a otro….tengo tal asunto q es importante y le respondió….y en q juzgado te ha caido y el otro respondió….pues en el jdo num X le respondió ….pues lo tienes claro, A mi me ha tocado el numero Y, osea q va a ir rapido. Asi es como funciona este mundo. Pero no, los funcionarios de justicia no tienen q tener mas privilegios q los demas funcionarios xq ni tienen la responsabilidad q jueces y laj, y ademas, much@s dejan mucho q desear en cuanto al horario.