Un empleado de empresa de distribución de alimentos a la hostelería en Madrid fue despedido en noviembre del año pasado. Se dijo que había pedido la baja voluntaria por lo que no se le liquidó el correspondiente finiquito, sólo se le abonó el sueldo y se le comunico verbalmente: “mañana no vengas a trabajar”.
Lógicamente, el trabajador presentó la correspondiente demanda por despido ya que no tenía derecho ni siquiera a prestación por desempleo al haber sido “una baja voluntaria” en versión de la empresa. Tras pasar el correspondiente trámite ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación, SEMAC, procedió a presentar la oportuna demanda de la que se hizo cargo por reparto el juzgado 23 de Lo Social de Madrid que señaló como fecha del juicio el pasado 20 de junio.
Cuando el trabajador y su abogado se presentaron se les notificó el aplazamiento sin fecha “debido a los problemas causados por las huelgas de este semestre en los juzgados”. Y, si nada lo remedia, el juicio se celebrará en el mes de enero de 2024. Habrán pasado 14 meses en los que el trabajador ha subsistido como ha podido. Sin prestación por desempleo porque mientras no se pronuncie el juez no puede cobrarla a pesar de tener el resto de requisitos. Teniendo que mantener a sus hijos, pagar el alquiler y demás gastos domésticos, este trabajador está viviendo de la caridad, de lo poco que le pueden dar sus padres jubilados.
Esta historia viene a cuento porque este caso, verdaderamente dramático, está ocurriendo con muchísima frecuencia en los juzgados de este país. Primero, la huelga de los letrados de la administración de justicia y ahora la del resto de funcionarios están provocando retrasos de las tramitaciones judiciales sobre todo en las instancias donde es mas necesaria la urgencia de resolución de casos, la jurisdicción social donde se dilucidan “las cosas de comer”. Con anterioridad al desastre que ha provocado estas huelgas, las salas de lo social ya se encontraban colapsadas. Se tardaban unos seis meses en resolver un despido y en torno al año la reclamación de cantidades, las dos principales demandas que afectan al día a día de muchos trabajadores. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se ha invertido la tendencia de reducción de plazos iniciada en 2022 donde la demora pasó de 11,2 meses, en 2021, a 10,5. Eso en lo que se refiere a los juzgados de Lo Social.
Ahora, según reconocen en los colegios profesionales, los retrasos ya llegan al año en las demandas de despido, y tiempos indefinidos que pueden llegar a los dos años en reclamaciones de cantidades y litigios sobre condiciones laborales. Además, el empecinamiento de la Seguridad Social en no conceder los complementos por paternidad a los que tienen derecho los jubilados en base a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y el Tribunal Supremo de este país, está provocando la presentación de demandas judiciales que serían innecesarias si se hubiesen resuelto por la vía administrativa. De hecho, las reclamaciones a la Seguridad Social son las que tienen mayores retrasos que pueden llegar a una demora media de 2 años, más o menos lo que el litigio de una sanción o una reclamación de cantidad.
No parece que vaya a haber una solución a corto plazo. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha abordado la “grave situación de crisis” que atraviesa la administración de justicia, y ha respaldado, por unanimidad, el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente sobre la decisión del Ministerio de Justicia denegar 49 de las 146 medidas de refuerzo que habían sido solicitadas por el órgano de gobierno de los jueces y cuya adopción contaba con el informe favorable del Servicio de Inspección. La comisión permanente ha pedido explicaciones al ministerio de Justicia sobre esa denegación que, además, afecta a los juzgados de Lo Social, precisamente los que mas necesitan los refuerzos solicitados y en demarcaciones donde el retraso es mas evidente como son Madrid, Andalucía y Catalunya. En Sevilla, por ejemplo, se están dando citas para cuatro años después de haber sido presentada la demanda.
Los jueces están preocupados. Los asuntos prioritarios son los que corresponde al ámbito penal ya que requieren de una resolución urgente por estar en juego penas de cárcel. La jurisdicción civil tiene el problema de que la mayoría de los litigios son sobre reclamaciones económicas y financieras , y las paralizaciones de estos expedientes son muy elevadas. El 60% del trabajo no se está haciendo y las cajas con la documentación ya no caben en ningún lado.
Y a todo eso, en el ministerio y en las administraciones públicas con competencias en materia judicial no quieren saber nada sobre los efectos de esta huelga a pesar de que están afectando a colectivos muy vulnerables, tal y como se ha comprobado aquí. En Diario16 se ha denunciado que la huelga de funcionarios de la administración de justicia es un pulso al gobierno socialista. Pero lo cierto es que si lo que pretenden es dar una patada al poder ejecutivo, se la están dando en el culo de trabajadores despedidos que se han quedado sin protección social. Eso lo tendrían que reflexionar los dirigentes de los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, convocantes de la huelga. De los otros, como por ejemplo de la CESIF, Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Nada que opinar porque no es la primera vez que utilizan el recurso de las movilizaciones en plena campaña electoral para desgastar al gobierno. Sobre todo, si éste es de izquierdas. A estos dirigentes sindicales les importa poco quien sale perjudicado con esta huelga.
