La guerra que Isabel Díaz Ayuso ha declarado a Pedro Sánchez a cuenta de los impuestos incomoda a algunos barones territoriales del Partido Popular. Hablamos de líderes políticos que presumen de partirse el pecho y el alma cuando van a Madrid a defender los intereses de sus respectivos pueblos y que ahora se ven en la tesitura de tener que elegir entre apoyar la cruzada de IDA (respaldada en todo momento por Pablo Casado) o reivindicar un sistema tributario justo y redistributivo para que sus paisanos no paguen más impuestos que los madrileños. La encrucijada en la que se encuentran Núñez Feijóo en Galicia, Moreno Bonilla en Andalucía o López Miras en Murcia, por poner solo tres ejemplos, no es una cuestión menor o para tomársela a broma. ¿Cómo piensan explicar los insignes barones populares a sus conciudadanos que lo primero es salvar el dumping de la capital, el emporio o paraíso fiscal madrileño, y que luego está el bolsillo de los gallegos, andaluces o murcianos? ¿Cómo decirles que pese a que la rica y opulenta Madrid es el motor económico de España allí se pagan muchos menos impuestos que en los terruños periféricos siempre olvidados, atrasados y empobrecidos?
Nadie va a entender que mientras las clases altas del barrio de Salamanca, esas que ganan 100.000 euros de renta per cápita, apenas pagan impuestos, un español de Pontevedra, Sevilla o Cartagena contribuye con un esfuerzo mucho mayor, proporcionalmente, al sostenimiento del Estado de bienestar. Y esa distorsión genera inquietud y preocupación entre los barones territoriales del PP, algunos de los cuales admiten en privado que la guerra de IDA no es su guerra, ya que les perjudica electoralmente y pone en riesgo la estabilidad de sus gobiernos.
Finalmente, la posición mayoritaria que parece haberse impuesto entre los dirigentes locales ha sido aceptar el proyecto de armonización fiscal que prepara el Gobierno central (con el apoyo de sus socios preferentes, véase Esquerra Republicana de Cataluña) pero con la condición de que la equiparación fiscal que pretende evitar discriminaciones, agravios comparativos y competencias desleales tenga en cuenta una rebaja de los impuestos generalizada para todas las autonomías sin excepción. Por descontado, el Ejecutivo Sánchez no va a tragar con esa condición que no haría sino recortar la recaudación vía impuestos y por tanto mermar aún más el ya maltrecho Estado de bienestar.
Es evidente que el modelo de financiación autonómica necesita un chapa y pintura tras cuarenta años de democracia. Dejando al margen a País Vasco y Navarra, que disponen de conciertos económicos propios como corresponde a sus derechos forales ancestrales, las demás regiones españolas han caído en una especie de territorio sin ley, una suerte de reino de taifas fiscal donde cada autonomía funciona por libre en este capítulo. Así, mientras unas comunidades derogan el Impuesto de Sucesiones otras lo mantienen, y mientras el Impuesto de Patrimonio rige en unos lugares (gravando a las rentas más altas) en otros como Madrid se concede una alegre amnistía fiscal. Todo este maremágnum y descontrol en el sistema impositivo español ha provocado situaciones de franca discriminación recaudatoria y casos sangrantes, como que Extremadura termine soportando una carga fiscal mucho más fuerte que Madrid, siendo la primera como es una comunidad autónoma más pobre que la segunda.
Desde su llegada al poder, Pedro Sánchez siempre ha tenido en su agenda acabar con el dumping fiscal o competencia desleal entre comunidades, no solo porque esta práctica anglosajona de jugar con los tributos es de todo punto injusta, sino porque además es inconstitucional. El principio tributario en cualquier democracia es que quienes más ganan más impuestos pagan. Pero el presidente del Gobierno se ha encontrado, una vez más, con la férrea y tenaz oposición de Díaz Ayuso, una mujer experta en hacer demagogia con cuestiones del más elemental sentido común. Ahora IDA critica que la armonización de Sánchez “busca subir impuestos a Madrid tras el empobrecimiento de Cataluña por el independentismo”. Otra cosa no, pero mezclar churras con merinas y meter por medio a los indepes catalanes, en un batiburrillo sin sentido, se le da a las mil maravillas a la trumpita castiza. La última ocurrencia de la lideresa no se entiende, ya que si hay algo que alimenta el conflicto entre los pueblos de España y destruye la cohesión territorial y el principio de igualdad de todos ante la ley es precisamente la discriminación por razones económicas, en este caso los impuestos.
Sin duda, hay marejada en Génova 13 a cuenta de un asunto, el de la armonización fiscal, que a Ayuso le dará para unas cuantas campañas demagógicas a mayor gloria de su imagen de defensora de la supuesta libertad de los madrileños amenazada por el comunista Sánchez pero que incomoda a los barones populares. Tal es así que el propio Pablo Casado ha tenido que explicar su apoyo incondicional a su delfina pero sin olvidar a los siempre poderosos líderes autonómicos de su partido. “Vamos a dar esta batalla, vamos a seguir bajando impuestos y no vamos a tolerar que Sánchez intente obligarnos a subirlos allí donde gobernamos”, ha asegurado hace unas horas. Está claro que los Núñez Feijóo, Moreno Bonilla y López Miras no le hacen ascos a la armonización fiscal del Gobierno, ya que así podrán decirle a sus paisanos, por fin, que no son los paganinis del Estado de bienestar mientras los madrileños escurren el bulto de sus responsabilidades fiscales. No en vano, en el pasado alguno de estos barones se han quejado públicamente del efecto negativo que supone para sus comunidades que Madrid goce de tantos privilegios en materia tributaria. El propio presidente de la Xunta se ha mostrado de acuerdo con que el Gobierno establezca “una horquilla de mínimos y máximos”, eso sí, siempre a la baja, es decir, bajando impuestos. “No tiene sentido impedir que las autonomías más austeras bajen los impuestos”, sentenció. Lo que no dice Núñez Feijóo es cómo piensa explicar que se bajen los impuestos en Galicia y al mismo tiempo reclamar más dinero al Estado para costear la Sanidad, la Educación y las Infraestructuras. Tendrá que recurrir a los milagros de las meigas.
Una prueba más, que los gobiernos de Galiza, Murcia, Andalucía, cumplen su función de sicarios para seguir manteniendo sus Comunidades como colonias de la oligarquía cortesana-madrileña. Mientras los jóvenes de estas Comunidades solamente tienen la salida de la emigración para poder solventar la vida.
Más pronto que tarde, Madrid tiene que dejar de ser la capital del Estado, sino España desaparecerá, así de simple.