Según la información proporcionada por El País, los funcionarios del Gobierno de Baleares desentrañan las complejidades detrás de la adquisición de 1,4 millones de mascarillas por parte del Instituto Balear de Salud, vinculada a la empresa Soluciones de Gestión. Con ello, exoneran a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Este contrato, valorado en 3,7 millones de euros, fue recomendado al ejecutivo balear por el Ministerio de Transportes, a través de Koldo García, asesor principal del ministro José Luis Ábalos.
A pesar de las acusaciones de irregularidades por parte del PP y la consiguiente demanda de dimisión de Francina Armengol, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor del caso no han encontrado, hasta el momento, indicios para imputar a responsables del Gobierno de Baleares.
Los funcionarios exoneran a Armengol
Los correos electrónicos, publicados por este medio, entre los funcionarios y los testimonios recogidos defienden la legalidad del proceso de contratación, subrayando que no hubo presiones en la compra de las mascarillas ni en la gestión de las reclamaciones. Este punto es crucial, ya que refleja un procedimiento que se ajusta a las normativas vigentes y que, además, fue realizado bajo una situación de emergencia sanitaria global, donde la rapidez y la eficacia eran vitales.
La descripción de las mascarillas como de «uso domiciliario» y no adecuadas para entornos hospitalarios se ajusta a la documentación proporcionada en el pedido. Este detalle es significativo, ya que indica que no hubo un error en la apreciación del producto, sino una especificación clara desde el inicio. Además, el proceso de certificación de la empresa proveedora, a pesar de las dudas posteriores sobre la idoneidad de las mascarillas FFP2, siguió los protocolos estándar, con verificaciones por parte de organismos certificadores reconocidos.
Flexibilidad en los procedimientos de adquisición
La urgencia de la pandemia justificó la flexibilidad en los procedimientos de adquisición, enfocándose en la disponibilidad inmediata de material de protección. La decisión de almacenar las mascarillas tras recibir informes de posibles defectos refleja una prudencia administrativa, manteniendo las opciones abiertas para su uso futuro o para reclamaciones. La reclamación parcial de 2,6 millones de euros, en lugar de la devolución completa, subraya un enfoque pragmático, aceptando las mascarillas para uso civil en lugar de quirúrgico.
La tardanza de tres años en reclamar la devolución del dinero se explica por la complejidad del caso y la necesidad de asegurar un procedimiento legal sólido. Este lapso, aunque extenso, refleja la diligencia en el manejo de la situación, buscando el mejor resultado posible dentro de los márgenes legales y técnicos.
A pesar de las críticas y las demandas políticas pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la documentación y los testimonios recogidos entre los funcionarios de las islas por El País, indican que los procedimientos seguidos buscaban asegurar el bienestar colectivo, adaptándose a las circunstancias extraordinarias que la pandemia presentaba.
Indignidad del PP
La «indignidad» citada por el PP parece más un reflejo de las dificultades inherentes a la gestión de una crisis sanitaria sin precedentes, más que de fallos o negligencias por parte de los responsables.
«ROMA NO PAGA A TAIDORES”.
LA CATALANA PANCATALANISTA ARMENGOL INFILtrada en el PSB PARA ANEXIONAR LAS ISLAS A CAT. E IMPONER EL CATALAN EN LAS BALEARES HA PERDIDO SU CAUSA EN UNAS SIMPLES ELECCIONES.
CUIDA CON LOS» IDUS DE MARZO» QUE LE COSTO EL TIPO A JULIO CÉSAR PORQUE TU SUELDAZO ,PREBENDA DEL SEPARATISMO CATALAN POR TU FAVORES EN LAS ISLAS ,ACABARA MAL.
N.B. «ESOS» FUNCIONARIOS ,TAMBIÉN SON TRAIDORES.NI CASO PORQUE TODO VA POR BUEN CAMINO.