La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los políticos de las graves consecuencias que estaban sufriendo las clases medias y trabajadoras por culpa de los desmanes de las élites dominantes.
Han pasado 14 años y los políticos no han podido frenar la hemorragia con dos consecuencias muy graves. En primer lugar, el crecimiento de los movimientos populistas de extrema derecha que están poniendo en jaque a los sistemas democráticos. En segundo término, el atrincheramiento de esas élites (en muchos casos conformadas por organizaciones criminales) para crear un escenario por el cual se chantajea directamente a los representantes del pueblo para no perder sus privilegios. Dentro de esas prerrogativas se incluyen, además, la protección, la permisividad y la impunidad cuando comenten delitos que atentan contra los intereses legítimos y reales de la ciudadanía.
Uno de los modos en el que los políticos, cuando alcanzan el poder, permiten esa impunidad cuando están en el poder se produce cuando se deja sin recursos a los organismos gubernamentales encargados, precisamente, de la detección de delitos económicos tan graves como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude o las estafas.
El mejor ejemplo de ello se comprobó la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos cuando el jefe de la unidad de lucha contra el crimen financiero (Financial Crimes Enforcement Network) expuso los graves problemas de financiación pública que tienen y las duras consecuencias que ello conlleva.
Himamauli Das fue muy claro: su agencia se está quedando corta en la batalla contra el dinero sucio debido a la falta de recursos. La unidad dispone de profesionales perfectamente preparados para esa lucha, pero la falta de recursos provoca que las transacciones sucias no sean detectadas, sobre todo porque los ricos, los banqueros y los criminales van siempre por delante, por ejemplo, con las transacciones en criptomonedas que dificultan el conocimiento del destinatario final de las mismas.
«No cumplimos los plazos. Para ser siceros, es probable que sigamos haciéndolo porque nuestra situación presupuestaria nos ha obligado a hacer concesiones significativas entre prioridades contrapuestas», afirmó Das.
Una prioridad clave para esta agencia es la creación de la base de datos o registro de propiedad exigido por la Ley de Transparencia Empresarial que obliga a millones de empresas constituidas en los Estados Unidos a informar de los nombres de sus verdaderos propietarios al gobierno federal.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de cumplimiento de los bancos y otras instituciones financieras tendrían acceso a la base de datos, lo que les permitiría realizar investigaciones más fácilmente o cerrar cuentas con vínculos a criminales.
Sin embargo, la respuesta de los políticos que ocupan ahora el poder, es decir, de Joe Biden y los demócratas fue proporcionar varias decenas de millones de dólares menos de lo que había pedido. «El Congreso ha dejado a la agencia luchando para implementar piezas clave de la histórica ley contra el lavado de dinero sin recursos», dijo Das. Así es como se protege desde la clase política a los ricos que evaden impuestos, a los criminales que blanquean dinero y a los bancos a través de los que se canalizan las transacciones.
Además, siempre cuentan con el apoyo de jueces y fiscales que son tan favorables a proteger los desmanes de los poderosos mientras dedican sus recursos a perseguir los delitos menores. Los ejemplos son muchos. En Estados Unidos, tal y como publicó Diario16, se condenó y encarceló a Natalie Edwards, la funcionaria que filtró a un periodista decenas de miles de documentos donde se descubrieron operaciones de blanqueo de capitales a través de los principales bancos del mundo por valor de más de 2 billones de dólares.
En España, la Audiencia Nacional archivó una causa de blanqueo de capitales en la que estaban implicados el Banco de Santander, BNP y HSBC a pesar de que los informes periciales del Banco de España demostraban que se había producido ese lavado de dinero.
Las empresas anónimas son una gran vulnerabilidad en la lucha global contra la evasión fiscal y el blanqueo. Los cárteles de la droga, los oligarcas, los déspotas y la élite mundial utilizan este tipo de herramientas para ocultar fortunas a las autoridades fiscales y las fuerzas del orden.
Establecer un registro de propietarios reales de empresas fue una reforma clave que, según los expertos, es necesaria implementar a nivel mundial.
Sin embargo, eso no será posible si los políticos no dan financiación suficiente para que la lucha contra los delitos económicos de bancos, ricos y criminales sea eficiente.
Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos denuncian, precisamente, la falta de interés por parte de los políticos de las principales potencias en conceder suficiente financiación para ello. Es decir, denuncian que la clase política no se toma en serio uno de los mayores problemas de la humanidad que más desigualdad está creando. Por ejemplo, en Estados Unidos, el FinCEN cuenta con sólo 300 empleados, incluidos analistas de datos, investigadores, oficinas de cumplimiento y expertos en políticas. Eso en el país que es el centro del capitalismo mundial, donde se encuentran las principales entidades financieras mundiales y desde donde, tal y como mostraron los documentos filtrados por Edwards, se inician muchas de las grandes operaciones de blanqueo.
Ese fue uno de los puntos en los que el director del FinCEN se centró, en la escasez de personal. Y no se dejó nada en el tintero, sobre todo al recalcar que tienen un grave problema por la escasez de analistas para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas para mover dinero de forma encubierta. «Nos enfrentamos continuamente a desafíos en términos de tratar de averiguar quién está disponible para trabajar en problemas de criptomonedas para poder combatir esas finanzas ilícitas», dijo Das ante el Congreso.
Así es cómo se mantiene la impunidad de las élites, lícitas e ilícitas y de ello sólo es responsable la clase política que se olvida que ha sido elegida por el pueblo para representar al pueblo, no a las élites que ni siquiera se dignan a ir a un colegio electoral a depositar su voto porque los bancos, los ricos y los criminales son los que siempre ganan las elecciones dado que nunca hay políticos con las agallas suficientes para enfrentarse a esos poderes antidemocráticos que someten a la ciudadanía con total impunidad.
