Manos Limpias, un instrumento del chantaje que ahora utiliza el Partido Popular

Manos Limpias dice ser un sindicato de funcionarios que pretende “limpiar el país de corruptos” pero su dirigente, Miguel Bernard, ha sido cuestionado, incluso por el Tribunal Supremo, aunque le haya absuelto, de utilizar “prácticas poco éticas, aunque no delictivas” para sacar provecho económico de sus acciones judiciales. Lo hizo con la mujer de Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón, pero, con anterioridad, fueron otros personajes públicos y privados los que sufrieron los chantajes, -sí, así lo reconoce la alta instancia judicial en su sentencia firme-, de un personaje, su dirigente, Miguel Bernard, que está vinculado a la extrema derecha, que fue seguidor del ultraderechista Blas Piñar, y que recibió una condecoración de la Fundación Francisco Franco, esa que ahora mismo, con la ley de memoria democrática en la mano, está a punto de ser disuelta.

Lo que más cabrea de esta historia es que el Partido Popular haya utilizado la judicialización llevada a cabo por una organización que no merece la mínima credibilidad, para traspasar una línea roja: el ataque a la familia de Pedro Sánchez. Y encima con la complicidad del titular número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, poco amigo de los periodistas a pesar de que la denuncia que ha admitido a trámite sólo contiene recortes de prensa, y que tramita causas tan mediáticas como una de los CDR catalanes paralela a la de la Audiencia Nacional, el caso PDVSA,  desvío de fondos de altos cargos de los gobiernos chavistas, el triple asesinato cometido en un despacho de abogados del madrileño barrio de Usera, y una denuncia contra el ex futbolista Raúl González Blanco.

Es amigo de Manuel García Castellón y pretende que la Audiencia Nacional le proponga como juez de apoyo. Proclive a aceptar las denuncias de Manos Limpias, en su juzgado figura una demanda del pseudo sindicato contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo juzgados por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, se pude decir que es un magistrado controvertido que ha sufrido, en más de una ocasión, la reprimenda de sus superiores. Por cierto, públicamente se declara enemigo de las filtraciones periodísticas pero lo cierto es que sus diligencias trascienden con frecuencia a los medios de comunicación afines a la ultraderecha.

 Desde que el Tribunal Supremo le absolvió por la llamada “operación Nelson”, Miguel Bernard se ha crecido. Ha vuelto a tomar las riendas de su organización, Manos Limpias, y compite con Abogados Cristianos en número de demandas presentadas contra el gobierno progresista. Hace pocos días, el Supremo le desestimó una denuncia contra el ejecutivo por haber pactado la investidura de Pedro Sánchez con Junts Per Catalunya. El alto tribunal argumentó que “no puede entrar en actuaciones políticas”. Y ahora insiste con una denuncia que los expertos jurídicos consideran “toda una chapuza que suspendería un alumno de primero de derecho”, hecha a base de recortes de prensa, en especial un diario digital que se ha dedicado a investigar las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Por cierto, uno de los periodistas autores de las informaciones que figuran en esta denuncia es el mismo que investigó las irregularidades de la llamada operación Nelson en la que Bernard fue condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia Nacional.

El presidente de Manos Limpias se asoció con Luis Pineda quien puso a su disposición su potente aparato jurídico para presentar demandas contra bancos y entidades privadas que no aceptaban pagar a cambio de la retirada de las demandas contra ellos. La relación entre Bernard y Pineda nunca fueron del todo cordiales. La mediática abogada Montse Suárez, trabajó, primero, en Ausbanc, para, posteriormente, pasarse al sindicato ultraderechista. Pineda ha pedido al juez García Castellón que la implique en la pieza separada del Caso Tándem en la que se investigan las acciones llevadas a cabo por el BBVA contra Ausbanc. Montse Suárez ha acusado de irregularidades a las dos asociaciones. Declaró como testigo en el Caso Nelson manifestando ante el juez Santiago Pedraz que la abogada que ejerció la acusación particular en el caso Noos, Virginia López Negrete, recibía consignas de Luis Pineda. Ella misma, siendo abogada de Ausbanc, recibió la orden de retirar la demanda contra Emilio Botín, entonces presidente del Santander, en el asunto de las cesiones de crédito.

Durante la presentación del libro, “Miguel Blesa, el lobo de Caja Madrid”, en 2014, se pudo escuchar una conversación entre Miguel Bernard y Luis Pineda con el exjuez Elpidio Silva al que se le relaciona con ambas organizaciones, en la cual se planificó una campaña “contundente” contra Blesa, fruto de la cual el expresidente de Caja Madrid ingresó en prisión y, posteriormente, se suicidó.

Los dirigentes de las principales entidades financieras de la época recuerdan las actividades mafiosas de Bernard y Pineda los cuales rompieron su relación cuando fueron encarcelados como consecuencia de las investigaciones de la operación Nelson. El abogado de Cristina de Borbón, Miguel Roca, recuerda cómo les sometieron a chantaje para retirar la acusación particular contra la hermana del Rey. Bernard manifestó que nunca participó en las reuniones en las cuales se exigió a los directivos de La Caixa y Banco Sabadell y a los abogados de doña Cristina dos millones de euros a cambio de la retirada de la acusación. Dijo que eso fue cosa de Pineda. Pero el Tribunal Supremo, en su sentencia, señala que ha quedado probada la existencia de estas prácticas que “independientemente de que pueden ser censurables en el plano de la valoración ética, eran conductas lícitas”.

Este argumento ha servido a Miguel Bernard para retomar la estrategia que su asociación había paralizado debido a su situación penal. Vuelve a presentar denuncias, que no querellas que esas cuestan dinero que no tienen, contra todo aquello que huela a progresismo. Lo verdaderamente cabreante es que el Partido Popular se haya subido al tren de estas acciones traspasando políticamente una línea roja de consecuencias, a día de hoy, incalculables.