A pesar del optimismo que intenta transmitir el comisario Didier Reynders, lo cierto es que las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial siguen estando donde empezaron. Las dos partes, socialistas y populares, no se han movido de sus posiciones iniciales pero levantarse de la mesa sería perjudicial para la parte que lleve a cabo este gesto. No sería bien visto por la Comisión Europea que busca, como sea, la reforma urgente del poder judicial de España. Hasta tal punto llega la cosa que Reynders, que debería abandonar su puesto a finales de este mes para dedicarse a la campaña por la secretaría general del Consejo de Europea, llegó a decir que “después del 31 de marzo viene el 1 de abril” por lo que da a entender que continuará su mediación, aunque se haya agotado del plazo.
El representante del PP, Esteban González Pons, amenazó, en el congreso del Partido Popular Europeo, con dar por finalizadas las negociaciones si se aprobaba el proyecto de ley de amnistía. La iniciativa sigue adelante, ahora en el Senado, y la tan cacareada ruptura no se ha producido. Hay quien dice que se lo han pensado mejor después de estudiar las enmiendas introducidas en el Congreso, fruto del acuerdo PSOE, ERC y Junts, sobre la exclusión del terrorismo en la medida de gracia. Pero la realidad es que en Bruselas han transmitido a Génova que no van a permitir más gestos como el de 2022, cuando se puso como excusa para romper el acuerdo al que habían llegado la supresión del delito de sedición en el Código Penal.
Aunque la mayoría de la Comisión Europea es de tendencia conservadora, allí nadie entiende la insistencia de los populares españoles en no querer acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lógico si se desconocen los detalles que han llevado a los conservadores españoles a dilatar el bloqueo, aunque sean conscientes de que es inconstitucional.
Habría que remitirse a los pormenores de la campaña electoral de julio pasado. Alberto Núñez Feijóo se reunió con representantes de las principales asociaciones conservadoras, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura, y se comprometió a modificar la estructura de la fiscalía general del Estado y del poder judicial cuando llegase a Moncloa, algo que daba por hecho pero que luego se torció por lo que todos sabemos. A la APM le ofreció la posibilidad de que fuesen las asociaciones las que designasen directamente a los vocales del Consejo mediante unas elecciones similares a las que se llevan a cabo para el Consejo Fiscal, es decir, directas. Por supuesto, la organización conservadora acogió muy favorablemente la propuesta porque es la mayoritaria dentro de los jueces y magistrados y prácticamente monopolizaría el poder judicial con las evidentes consecuencias en lo que a nombramientos de los magistrados de los tribunales se refiere.
Pero el compromiso de Núñez Feijóo se quedó en eso, en una promesa que no se llevará a cabo hasta que no alcance el poder. Y aún así, habría que ver el margen de maniobra con que cuenta el PP para efectuar una reforma de tal calado que supone no sólo la práctica derogación de la ley orgánica del Poder Judicial sino también el consiguiente artículo de la Constitución ya que en la Carta Magna se deja claro que la designación de vocales del órgano de gobierno de los jueces es competencia del parlamento.
Y ese es el planteamiento que González Pons está haciendo en las negociaciones con Bolaños con la intermediación de Reynders. El ministro le ha contestado ofreciéndole mayor participación de las asociaciones judiciales a la hora de elaborar la lista de candidatos, pero que la palabra final la tienen Congreso y Senado. Eso es insuficiente para los populares que apuestan demasiado fuerte por una iniciativa que puede ser inconstitucional por mucho que las agrupaciones de los jueces estén deseando su puesta en marcha. Algo parecido ocurre con los fiscales. González Pons quiere que se reforme la ley que regula el nombramiento del fiscal general del Estado, que se dé más poder a un órgano “asesor” como es el Consejo Fiscal controlado por la Asociación de Fiscales, y se busque un sistema para que el nombramiento se lleve a cabo por el parlamento y no directamente por el gobierno. Otra propuesta que, de llevarse a cabo tal y como pretenden en Génova, se cuestionaría por su posible inconstitucionalidad. El fiscal general del Estado siempre ha sido nombrado directamente por el gobierno. Cambiar su estructura de mando significaría modificar todo un sistema que ha funcionado históricamente, mejor o peor, pero ahí está. Y, por último, el PP quiere que se reforme la ley del Tribunal Constitucional para evitar situaciones como la actual, donde la mayoría de los magistrados son de signo progresista. Habría que preguntar al PP por qué quieren, ahora, hacer ese cambio. Cuando gobernó nunca se cuestionó el modelo de designación que se reparte entre el CGPJ, el parlamento y el gobierno.
Didier Reynders insiste en que lo primero que hay que hacer es renovar el Consejo General del Poder Judicial con el sistema vigente para, inmediatamente después, efectuar un cambio que “se acerque a los estándares europeos”. Pero eso no lo aceptan los populares porque creen que será mejor hacer la renovación con el nuevo sistema. Eso requiere de una modificación legal que, tal y como está la situación política del país, sería muy difícil que prosperase.
El PP vive cómodo con el actual Consejo General del Poder Judicial por muy caducado que esté. Sus resoluciones van en línea con sus planteamientos políticos y, además, los nueve vocales que controlan el organismo, apropiándoselo en exclusiva, fueron elegidos a propuesta suya. Y, mientras la situación se mantenga así controlarán la judicatura “por la puerta de atrás” como dijo en su día el exportavoz en el Senado, Ignacio Coisidó.
Por lo tanto, a pesar del optimismo de Reynders, la negociación está condenada al fracaso. Ahora sólo falta por conocer quien se levantará primero. Lo que en argot político se llama “cómo se pactará el desacuerdo”
