El Ministerio de Consumo investiga decenas de acuerdos suscritos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con empresas. FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia el pasado noviembre por considerar que la OCU vulnera la prohibición de «realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios» y su deber de independencia.
Consumo está investigando 47 convenios con empresas que la OCU ha depositado en el ministerio desde 2018. El departamento que dirige Alberto Garzón espera desde hace meses que la organización le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook. Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en materia de protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron ni un céntimo.
Pagos a una sociedad instrumental
Numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad sus ofertas. En la última década lo han hecho al menos ocho energéticas —Repsol, Cepsa, Esfera Luz, Feníe Energía, Viesgo, Gas Natural Fenosa, Holaluz y Octopus Energy—, el grupo de telecomunicaciones MásMóvil, el intermediario financiero iAhorro y la aseguradora Caser.
En la denuncia presentada ante el ministerio, FACUA recuerda que otra organización, Ausbanc Consumo, fue expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores (Reacu) «por haber realizado publicidad comercial o no meramente informativa» de productos ofertados no ya por terceros, sino por una organización filial, Ausbanc Empresas. Concretamente, invitaba a suscribirse a las publicaciones editadas por dicha filial, las cuáles a su vez contenían publicidad comercial de operadores del mercado.
La publicidad
En su denuncia, FACUA expone una serie de ejemplos de mensajes publicitarios lanzados por la OCU en su página web y en sus revistas para promover la contratación de servicios de distintas empresas. «En algunos casos no sólo los publicita, sino que llega al extremo de avalar la calidad de los servicios ofertados sin que realmente verifique cómo se prestan y de asegurar que han sido valorados por expertos de la OCU cuando es la empresa en cuestión la que los valora».
En uno de los casos denunciados por FACUA, señalan que «la OCU hace creer que ha logrado una oferta especial para sus socios que en realidad está a disposición de cualquier consumidor». En otro, «facilita un teléfono de contacto de la OCU que en realidad pertenece a la empresa a la que publicita. En un comparador de su web, asegura que analiza los mejores seguros de salud del mercado cuando deja fuera a alguna de las principales empresas del sector».
Especialmente llamativa es como define FACUA «la promoción que realiza la OCU de un intermediario financiero cuando los usuarios utilizan el comparador de hipotecas que la organización ofrece en su web. Encabezando los resultados de la búsqueda, aparece este mensaje: Servicio de intermediación con garantías. OCU te facilita, gratis y sin compromiso, un servicio de intermediación que te ayudará a encontrar una hipoteca a tu medida, y te acompañará hasta la firma para resolver cualquier duda que tengas».
En esta ocasión, dicen, «la OCU no solo publicita, sino que además avala la calidad de los servicios ofrecidos por el intermediario financiero. Además, lo cierto es que la organización no facilita el servicio ni hace que sea gratis, sino que sencillamente lo publicita. Aunque en su web dice haber negociado con iAhorro una serie de ventajas»que supuestamente son para sus socios —tanto suscriptores como simpatizantes, esto es, los que no abonan ninguna cuota—, en realidad casi todas son las mismas que el intermediario financiero ofrece, también gratis, a cualquier persona que contacte directamente con él».
Otro ejemplo. La OCU ofrece en su web una «calculadora» que presenta con el reclamo de que compara los «mejores seguros de salud». En otro apartado de su web, matiza que las que compara son las «principales compañías del mercado». Sin embargo, «FACUA ha comprobado que varias de las principales aseguradoras que operan en España no se incluyen en esas comparaciones mientras que sí aparecen otras con una muy inferior cuota de mercado. Además, las comparaciones no las realiza la OCU, sino la correduría de seguros Proyectos y Seguros SA —en este caso el convenio depositado en el ministerio no recoge pago de comisiones—. Y ello pese a que en la web de la organización aparecen textos como «nosotros comparamos» y «nuestros expertos han realizado comparativas de los seguros de salud existentes en el mercado, para ayudarte a tomar la decisión acertada».
Las comisiones
En los casos que FACUA ha podido documentar, las comisiones oscilan entre 18,15 y 80 euros por cliente captado, aunque en uno de ellos la cantidad es variable, al tratarse del 0,2% del importe de los préstamos hipotecarios que los usuarios suscriban a través de un intermediario, unos 300 euros en el caso de una hipoteca media.
Otro de los acuerdos a los que FACUA ha tenido acceso «concreta pagos de 6,50 euros cada vez que un usuario utilizase un comparador de tarifas de la OCU en cuyos resultados publicitaba un descuento en las ofertas del grupo MásMóvil».
Facua accedió a los convenios de la OCU después de que su secretario general, Rubén Sánchez, interpusiese una queja ante el Consejo de Trasparencia «ante la negativa inicial del Ministerio de Consumo a enviárselos».
Entramado internacional
La empresa que recibe los pagos es OCU Ediciones SA. La OCU solo es propietaria del 10%, mientras que el 90% está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop.
Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que integra a asociaciones de consumidores y sociedades mercantiles instrumentales en España, Bélgica, Italia, Brasil y Portugal, país en el que también posee una inmobiliaria y una consultora de inversiones financieras.
Además, el entramado cuenta con otra mercantil en Luxemburgo —Euroconsumers SA—, una fundación en Países Bajos, Stichting International Consumer Interests y, hasta hace poco, una empresa en Hong Kong, Worldcado Limited, que cerró después de trascender que su director estaba al frente de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Qué dice la ley
FACUA considera que tanto la promoción de productos y servicios de empresas como el cobro de comisiones «vulneran los requisitos de independencia que impone la ley a las asociaciones de consumidores». Se trata del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Desde 2006, el artículo 27 de la citada norma establece que las organizaciones de consumidores pueden percibir «ayudas económicas o financieras de empresas» con la condición de que tengan su origen en acuerdos de colaboración depositados en el ministerio competente en materia de consumo y que «no mermen la independencia de la asociación».
El mismo artículo prohíbe a las asociaciones «realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios». Y plantea que «a estos efectos se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios».
