Como parte del Pacto Verde, la Comisión Europea ha puesto el foco en la reducción y en la valorización de residuos como una de las prioridades de la transición ecológica.
Entre las medidas que se están considerando, se encuentran proyectos como el que Francia ya ha desarrollado: algunas autoridades locales consideran que la reducción de residuos domésticos debería comenzar por sensibilizar a la ciudadanía sobre la cantidad de basura que generan, y en este sentido, pretenden hacerles pagar en proporción.
Para lograr este objetivo, algunos municipios franceses han adoptado ya un sistema «inteligente» de medición de residuos. La técnica consiste en incorporar un chip electrónico al contenedor individual que hay en cada vivienda, donde se pesa la basura depositada y se impone la tasa correspondiente de manera proporcional a la cantidad de residuos generada.
Equiparan así el pago que se hace por el gas, la luz o el agua, que va en proporción con el consumo.
El medidor de residuos utilizado en Francia se combina con una aplicación en el teléfono móvil que ofrece a los hogares la oportunidad de conocer la información sobre los residuos que genera. «El objetivo es ver si estoy tirando mucho, más o menos que antes, o más o menos que mi vecino», señala Bousseau.
El sistema de medición se pondrá en marcha en Montauban, en el suroeste de Francia y afectará a 80.000 vecinos.
20 países de la UE ya han adoptado sistemas de PAYT
Señala Euractiv que Francia no es el único país que apuesta por un plan de recogida de residuos basado en incentivos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente ya son 20 los Estados miembro de la UE que tienen sistemas similares, aunque con diferencias.
En Bélgica, por ejemplo, los contenedores inteligentes aparecieron en Valonia hace 17 años. Hoy casi la mitad de las localidades belgas utilizan este método para fomentar la clasificación de los residuos y así poder también animar a su reducción.
El sistema se resume en que «quien contamina, paga» y los resultados han sido visibles: la reducción en la producción de residuos de las familias se ha visto reducida prácticamente a la mitad.
Problemas con la privacidad
Uno de los escollos que tiene que solventar este sistema es la privacidad de la ciudadanía. En el Reino Unido, por ejemplo, el grupo Big Brother Watch ha advertido ya de que la instalación de microchips en los contenedores de basura puede permitir a los ayuntamientos locales el examen de los residuos domésticos y vender esta información a empresas privadas.
En este sentido, señalan que la población británica está en contra de este tipo de medidas, que vulnere la privacidad de la ciudadanía y ejerza presión sobre ellos respecto a su consumo.
También puede suponer problemas de seguridad, a la hora de poder averiguar si una persona está o no en su domicilio.
La Asociación de Gobiernos Locales, señala Euractiv, respondió que los microchips solamente se colocan en los contenedores para mejorar el servicio público. Pero por el momento la medida no queda clara y es considerada una intromisión en la privacidad de los vecinos.
