La portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Europa, Ana Miranda, defiende que la Comisión Europea debe hacer pública la documentación de seguridad ferroviaria relacionada con el accidente de Angrois (Santiago de Compostela) que motivó la apertura del procedimiento de infracción contra el Estado español en enero de este año. “Conocer la verdad del accidente acontecido en Europa en los últimos 25 años es fundamental para evitar que vuelva a ocurrir”, destaca.
Dado que el Estado español no impulsó la realización de una investigación independiente, ni se depuraron responsabilidades políticas ni técnicas ni se implementó la normativa de seguridad europea que evite otro accidente semejante, Miranda considera que la Comisión debe reconsiderar su negativa a hacer públicos estos documentos y permitir que la sociedad conozca las “causas reales” del siniestro.
“No entendemos que la Defensora del Pueblo Europeo reconozca por un lado la magnitud de la tragedia que dio lugar a la reclamación y el deseo de que se exijan todas las responsabilidades y, por otro, considere que en esta fase del procedimiento el interés público se garantice mejor si no se permite su acceso”, manifiesta la portavoz nacionalista en Europa en referencia a una comunicación oficial transmitida ayer por la Defensora la propia Miranda tras la reunión que mantuvieron el pasado 2 de julio.
Causas reales del accidente
Pese a esta negativa de la Comisión Europea a hacer públicos los informes en los que se basa el procedimiento de infracción, para Ana Miranda “la esperanza de encontrar la verdad y la justicia para las víctimas sigue estando en ese procedimiento de infracción abierto en Europa”, teniendo en cuenta las repetidas veces en las que tanto ella como las víctimas del Alvia pudieron reunirse con la Comisaria de Transporte, Violeta Bulc, y su disposición a esclarecer las causas reales del accidente. “Justo al contrario de lo que acontece con los ministros en el Estado español, tanto los anteriores como Ábalos”, critica.
El BNG presentó, en 2017, una denuncia contra el Estado Miembro por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria, denuncia que provocó la apertura de un procedimiento de infracción contra el Estado español por parte de la Comisión Europea el pasado mes de enero. En relación a ese proceso, el Estado solicitó un aplazamiento y aunque envió un plan para aplicar la normativa de seguridad ferroviaria, es necesario que su ejecución se lleve a cabo mediante Decreto o Ley. “Mientras no haya Gobierno el procedimiento de infracción está abierto en Bruselas y no vamos a parar hasta saber la verdad, tal y como le prometí a las víctimas”, asegura Ana Miranda.
