El Gobierno de España, ha manifestado, una vez más, «su absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».
En su estreno como portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ya reiteró la firme determinación del Ejecutivo «para conseguir una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres».
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres y de fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de esta violencia en todo el mundo invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
La declaración institucional del Consejo de Ministros recoge que «la violencia contra las mujeres vulnera el derecho fundamental a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, y los derechos de la infancia. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia».
También hace referencia al compromiso del Gobierno, que «se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre a las víctimas en el centro, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades».
El primer hito en ese desarrollo normativo fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ofreció por primera vez una respuesta integral a la violencia machista.
El año 2023 ha marcado un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista, con el desarrollo de distintos mecanismos contemplados en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Una ley que, según el Gobierno, «nos permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia. La ley tiene por finalidad adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación. Con ella se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014″.
Igualmente, dice el Gobierno, con esta ley «se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020″ y constituye, junto con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, también reformada en 2022 tras casi 20 años de vigencia, «el edificio legislativo que cobija a las supervivientes de todas las formas de violencia machista, y a sus hijos e hijas».
Otro hito importante desde el 25 de noviembre de 2022 ha sido la consolidación de los comités de crisis, constituidos a raíz del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 22 de julio de 2022, con la finalidad de analizar la respuesta interinstitucional ante los casos de feminicidios. El Ministerio de Igualdad ha convocado hasta la fecha seis comités de crisis en los que, junto con las Comunidades Autónomas y los Ministerios competentes, se han realizado análisis pormenorizados de los casos y propuestas de mejora que encarnan la asunción del deber de diligencia debida del Estado. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el que configura nuestra Constitución cada uno de los derechos de las mujeres se corresponde con una obligación de las instituciones de garantizarlos y hacerlos efectivos.
El 22 de noviembre de 2022 se aprobó la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años. La Estrategia, diseñada a través de un proceso participativo para analizar las propuestas y demandas de la sociedad civil, servirá para avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencias machistas.
Uno de los hitos más recientes de 2023 ha sido la presentación del Informe de Evolución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022, elaborado por el Ministerio de Igualdad con la colaboración de los demás Ministerios, que ha hecho balance de las medidas impulsadas y cumplidas por la Administración General del Estado a lo largo de los primeros cinco años de vigencia del Pacto. Los resultados muestran que del total de medidas de las que la Administración General del Estado es responsable o está implicada en su impulso o desarrollo, el 96,8% están cumplidas o en proceso y el 3,2% están pendientes de ejecución a los cinco años de este «crucial Pacto de Estado que representa el compromiso de implantar una verdadera política de Estado transversal y estable contra las violencias machistas».
Por otro lado, la declaración institucional se refiere al el ámbito del empleo, donde destaca «la inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata de seres humanos como colectivo preferente de atención para los servicios públicos de empleo, de acuerdo con lo establecido en la reciente Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo». Igualmente, destaca el programa de formación con compromiso de contratación e inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual que se está desarrollando en el marco de la segunda inversión del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El compromiso del gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas también se extiende «a la acción exterior en el marco de la política exterior feminista». España se sitúa en primera línea de la acción internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y colabora con los países socios en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y perseguir a los perpetradores.
Durante este segundo semestre de 2023, España no sólo preside el Consejo de la Unión Europea, sino también la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra de 2021.
Por último, el texto recuerda que «la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas ha sido una prioridad de la Cooperación Española desde hace décadas, siendo nuestro país un referente en cuanto a apoyo a políticas e instituciones que luchan para erradicarla, tanto a fondos multilaterales (ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas), como a iniciativas de las ONGD y de financiación bilateral de desarrollo y de acción humanitaria desde las convocatorias de AECID». Asimismo, señala que «la aprobación de la nueva Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global nos compromete a consolidar la integración del enfoque de género en el desarrollo de todos los instrumentos de gestión, reforzando capacidades, y fortaleciendo nuestro compromiso por la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y de discriminación»
Por último, la declaración afirma que la lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia, «y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que el Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están, a sus familias, y a todas las supervivientes».
Teléfono contra la violencia machista 016
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: [email protected].
