Durante el año 2017 el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo diversas acciones con el objetivo de proteger nuestro medio ambiente en una dialéctica constante con la administración. En concreto, se pide al Gobierno la participación activa de un órgano ambiental antes de excluir la evaluación ambiental de un proyecto.
La Sierra de Tramontana, en Mallorca, está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria
En uno de los casos se pretendía construir una planta de almacenamiento de Gas Natural en Mugardos (A Coruña) sin evaluar el impacto medioambiental necesario. Por ello la Institución inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Energía, ya que este pretendía excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.
La Ley de evaluación ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es necesario informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste elabore un informe sobre viabilidad ambiental. Y así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada.
No obstante, el Defensor del Pueblo ha proseguido presionando para que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión del Consejo de Ministros.
El otro caso importante está relacionado con la Ley de evaluación ambiental, aprobada en agosto de 2016 en las Islas Baleares, que introduce modificaciones que afectan a las zonas de máxima protección medioambiental y permite el acceso y la estancia para actividades recreativas, previa autorización de la Consejería competente.
A la Institución le preocupa especialmente la situación de la Sierra de Tramontana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.
El Defensor del Pueblo considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, dichas modificaciones deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente.
Por ello, el Defensor ha pedido a la administración autonómica que realice un estudio que acredite que estos cambios no van a tener consecuencias nocivas y que, ante un posible impacto negativo, prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y dé marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara.
