No hace mucho tiempo, jueces y fiscales se coordinaban a la hora de dictar actuaciones en los casos en los que trabajaban. Era muy habitual la coincidencia en los planteamientos sobre las diligencias a su cargo. Las discrepancias eran la excepción que confirma la regla. Si acaso, habría que destacar la del fiscal del caso Noos, Pedro Horrach, y el instructor, José Castro. Y poco más.
En las macrocausas siempre hubo sintonía, algo que ahora no sucede. En tres sumarios, el ministerio público se ha opuesto radicalmente a las decisiones de los jueces. El fiscal del caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo, carga con dureza contra la instrucción de García Castellón calificándola de “totalmente injustificada”, con “decisiones contradictorias” y con “una significativa falta de argumentos” a lo que el magistrado le responde con mayor dureza invitándole a que “se ilustre” y lea los más de cien folios de su exposición de motivos. Otro fiscal, el del Supremo, se opone a que la instancia se haga cargo del sumario tal y como pide el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y, por último, el fiscal del caso Negreira, el que instruye el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se opone frontalmente a que se incluya en las investigaciones el delito de cohecho.
La novedad mas interesante de todo este batiburrillo de discrepancias judiciales es la de la fiscalía del Supremo porque, si acaba de prosperar, y los jueces la asumen, repercutirá en la acusación contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y Rubén Wagensberg, entre otros, de delitos de terrorismo. Una acusación que provocó la discrepancia entre el PSOE y Junts en el debate parlamentario de la proposición de la ley de amnistía que desembocó en el rechazo de esta y su devolución a la comisión de Justicia de la cámara baja.
En un informe, el fiscal de sala, Álvaro Redondo, sigue la línea marcada por su compañero de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien sitúa lo sucedido en el año 2099 en Catalunya dentro del marco de delitos de desórdenes públicos y no ve, en ningún caso la comisión de actos terroristas. Se da la circunstancia de que Redondo pertenece a la Asociación de fiscales, conservadora, por lo que se despeja cualquier duda de consigna desde la fiscalía general, tal y como dejó vislumbrar la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha pedido a Álvaro García Ortiz información sobre si se reunió con su subordinado para darle instrucciones.
Lo cierto es que la tesis de Redondo coincide con la de su compañero en la AN, Carballo. Pero ahora deberá ser la junta de fiscales de lo penal del Supremo la que diga la última palabra. Lo habitual es que la junta dé luz verde a los informes que lleva cada fiscal, pero este es un caso especial y puede haber debate. No olvidemos que en la junta participan los fiscales del procès, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena que mantuvieron, hasta el final, la acusación de rebelión y cuestionaron la condena de sedición. Son “halcones” dentro de la fiscalía y muy próximos a la tesis de García Castellón por lo que puede producirse un hecho que no tendría precedentes en la judicatura: el rechazo del informe del ponente. Habrá que esperar a conocer el resultado de la reunión en las próximas horas.
El Caso Negreira es peculiar porque el juez Joaquín Aguirre está convencido de la existencia de un delito de cohecho por el pago de 7,8 millones de euros por parte del Futbol Club Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira. Aguirre se basa en que la RFEF es un organismo semipúblico pero el fiscal opina lo contrario. El delito de cohecho, que, según la legislación, debe ser juzgado por un tribunal popular, castiga el pago de sobornos a funcionarios públicos, sin necesidad de que esté acreditada la contraprestación recibida a cambio de las dádivas. Y, según la fiscalía anticorrupción, no es éste el caso. No encaja la figura delictiva en la actuación de Enríquez Negreira cuando recibió dinero del Barça durante casi una década.
Ahora será la Audiencia de Barcelona la que decida el recurso que han presentado la fiscalía y las defensas sobre este asunto que, como ya se ha dicho aquí mismo, tiene difícil encaje por lo que es muy probable que el juez Aguirre tenga que modificar su línea de investigación limitándola a la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, y falsedad en documento mercantil. En algún caso, como el de los presidentes de la entidad, también investigados, se añade el de administración desleal. En total se piden penas de entre 7 y 10 años de cárcel
Ha surgido este nuevo fenómeno de discrepancias entre jueces y fiscales. La derecha no ha tardado en manifestar que todo se debe a las instrucciones del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, para que se paralicen acciones judiciales que pueden perjudicar actuaciones políticas. Ello se puede entender en el Caso Tsunami, pero no en el llamado Barçagate. Salvo que lo que se pretenda es parar los pies al magistrado Aguirre a través de esta instrucción porque recordemos que el juez número 1 de Barcelona ha saltado a la palestra por reactivar el Caso Voloh, en donde se investigan unas presuntas relaciones de los dirigentes del procès con diplomáticos rusos. Otro de los asuntos utilizados en el desencuentro entre Junts y PSOE porque, de las investigaciones que se lleven a cabo, se puede deducir la comisión de un delito de alta traición cuya mención no se ha tenido en cuenta en la proposición de ley de amnistía.
