Hablar de Banco Santander y de litigios judiciales es todo uno. En el documento informativo remitido a los accionistas de cara a la Junta General, la información que la entidad comparte supera las 6 páginas, y eso que no se informa de todos los grandes litigios.
Por ejemplo, este año no se informó de la causa por la que el abogado y accionista Eduardo Martín-Duarte denunció la manipulación de las juntas y reclamó, entre otras cosas, la nulidad de varias de ellas. Las consecuencias de esa anulación serían gravísimas para el banco, ya que entre las decisiones adoptadas en esas juntas hay nombramientos, renovación de cargos, como el de la propia presidenta, y operaciones como ampliaciones de capital. Sin embargo, el Santander decidió que los accionistas no debían enterarse de algo que les afecta directamente y de que la causa sigue adelante.
La estafa de los PPI, las preferentes de Reino Unido
Payment Protectión Insurance (PPI). Así es como se denominó al mayor escándalo bancario de Reino Unido. Todo viene de la venta de un seguro de protección de pagos vendido junto con préstamos no garantizados, tarjetas de crédito e hipotecas. Se comercializó indiscriminadamente a consumidores que, conforme a las cláusulas, no podían reclamarlo.
Los bancos que vendieron los PPI recibían una comisión de hasta el 87% de las primas pagadas por el cliente, de forma que, por ejemplo, el banco que vendía una póliza PPI con un coste de 10.000 libras se embolsaba 8.700 de comisión. Los PPI representaban más de una tercera parte de las ganancias de la banca en los años de su comercialización masificada, lo que le hacía un producto muy rentable para las entidades bancarias a costa de sus clientes.
Los reguladores británicos declararon su ilicitud y obligaron a todos los bancos involucrados en el fraude que comercializaron indebidamente a indemnizar a los clientes afectados. La suma de las indemnizaciones superaría los 53.000 millones de libras (61.779,98 millones de euros).
Su venta ha sido calificada por algunos medios ingleses como «estafa». Según el grupo de expertos y el foro de servicios financieros New City Agenda el coste de las indemnizaciones es cinco veces mayor que el de los Juegos Olímpicos celebrados en 2012 en Londres.
Banco Santander, que como no podía ser de otro modo es uno de los bancos involucrados en el escándalo, se ha visto obligado a provisionar para indemnizar a sus clientes afectados 1.800 millones de libras y el total podría ascender a más de 2.200 millones. El fraude ha afectado a 2,7 millones de clientes del Santander en Reino Unido.
La magnitud del escándalo en el Santander se pudo comprobar cuando, en agosto de 2019, finalizaba el plazo para presentar sus reclamaciones. Los clientes afectados colapsaron el sistema informático del banco presidido por Ana Patricia Botín con una avalancha de reclamaciones.
El Santander fue acusado por los supervisores británicos por haber llevado a cabo actuaciones tratando de reducir la cantidad a pagar a sus clientes afectados, intentando impedir o dificultar sus reclamaciones, eliminando a las compañías profesionales de gestión de reclamaciones de sus comunicaciones con los clientes ante la mayor dificultad para éstos de responder dentro de los límites de tiempo establecidos por el banco.
Las acusaciones se referían a no haber enviado recordatorios a los afectados y al envío de información inexacta a los clientes. Ante la actuación del Santander con sus afectados el regulador británico, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), obligó al Santander a nombrar un auditor independiente para que supervise el proceso de reclamación.
Adam Land, director de análisis comercial y financiero de la CMA dijo que era «inaceptable que algunos bancos no proporcionen recordatorios de PPI, o envíen recordatorios inexactos, ocho años después de que nuestra orden entró en vigor» y añadió que no era la primera violación cometida por el Santander.
El Santander no quiere pagar a Axa
En el caso entre Santander y Axa France, se trató de PPI de créditos comercializados antes de 2005 que aseguradora adquirió a Genworth FinanciaL Internacional Holdings en septiembre de 2015 y que fueron vendidos por GE Capital Bank, entidad que fue adquirida por Santander en 2008.
En julio de 2017, Santander Cards UK, sociedad heredera de Ge Capital Bank, y Santander lnsurance Services UK comunicaron a Axa que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas con anterioridad a 2005, si bien las partes firmaron un acuerdo por el que la filial del Santander en Reino Unido tramitaba las reclamaciones en nombre de Axa y la aseguradora aceptaba pagar las indemnizaciones a los tomadores de las pólizas, aunque sin renunciar a su potencial reclamación frente a las dos empresas de Santander. Además, el acuerdo incluía una moratoria.
En julio de 2020, Genworth comunicó que abonaría un importe aproximado de 624 millones de libras esterlinas (727 millones de euros) a Axa.
Tras el fin del acuerdo en diciembre de 2020, Axa France comunicó a las filiales de Santander la finalización de la moratoria y en 2021 interpuso una reclamación judicial en la que alegaba que el banco estaba obligado a reembolsarle 636 millones de libras esterlinas (741 millones de euros) más intereses y cualquier otra pérdida relacionada con las pólizas.
La filial del Santander en Reino Unido, siguiendo los mismos procedimientos que utiliza en España, solicitó la inadmisión de la demanda en el tribunal británico. Los jueces en Reino Unido no son como en España y estimaron la práctica totalidad de la demanda de la aseguradora. En lo único que favorecieron al Santander fue en la exigencia de que Axa modificara las pretensiones ejercidas en su demanda, algo que hizo el pasado 29 de junio.
A pesar de que Axa haya bajado a 643 millones de euros, el Santander reconoce que sigue habiendo incertidumbre sobre el resultado de este proceso, es decir, que siguen teniendo miedo a que los jueces británicos les obliguen a pagar, algo que, en España, ya se habría resuelto con una sentencia favorable al Santander.
