En el año 2019, antes de que nos impusieran las restricciones pandémicas y nos pusieran patas arriba un modelo de vida y un estado de derechos y libertades que ahora quieren mantener suspendidos, el doctor Juan Gérvas, una eminencia de la medicina y las humanidades, y al que tenemos el lujo de tener como articulista de opinión en este medio, publicaba TORRES DE ARROGANCIA SOBRE CIMIENTOS DE IGNORANCIA1, cuyo último párrafo sintetizaba muy bien el tema que desarrollaba:
“La actividad médica es generalmente beneficiosa pero con frecuencia se acompaña de efectos adversos que pueden ser graves. Lo ideal es que los beneficios superen en mucho a los daños, pero no siempre es así. A veces, las actividades médicas provocan daños que superan en mucho a los beneficios, y con frecuencia ello se debe a un hábito autoritario que encastilla a los médicos en torres de arrogancia sobre cimientos de ignorancia”.
El doctor Gérvas nos advertía en este trabajo de la iatrogenia (efectos indeseados) producida por una medicina autoritaria, sobrediagnosticadora, sobrepreventiva y sobrefarmacolizada, que ha degenerado en el modelo sin ciencia ni ética, especulativo y politizado que a raíz de la pandemia se nos está imponiendo a pasos agigantados.Y es que esa pandemia –y Joan Ramón Laporte fue la primera voz que consiguió romper el silencio mediático en su histórica intervención en el parlamento2-, nos ha hecho saber de la ineficacia y peligrosidad de las inoculaciones experimentales génicas ARNm, y consecuentemente hay que incluir también las mascarillas, los confinamientos y restricciones de movilidad y los engañosos tests PCR3, como lo demuestra el hecho de que en aquellos países donde no se han aplicado, y han dejado que la inmunidad natural y la gestión honesta de la crisis, basada en tratar únicamente a los enfermos como enfermos y permitir a los sanos mantener la normalidad productiva socioeconómica, como siempre se ha hecho, han acabado teniendo mejores resultados con el Covid que aquellos países que se sometieron a las “recomendaciones obligatorias” de inspiración militar de la corporación privada OMS.
Pero hay otro aspecto aún más preocupante que la pandemia destapó: la complicidad y el colaboracionismo de agentes sociales y profesionales sin cuya cooperación necesaria esa estrategia no se podría haber implantado con la fuerza y eficacia perjudiciales con que se ha hecho. Todavía está por ver algún gremio, sindicato, asociación profesional, fundación benéfica, ONG o cualquier colectivo implicado en la gestión de servicios a los ciudadanos que hiciese oír su voz en defensa del derecho de autonomía del paciente y libertades de los ciudadanos, y se opusiese a esa batería de restricciones e imposiciones meramente políticas e interesadas, sin base científica, ni técnica, ni médica alguna. Tuvieron que ser personas expertas y entendidas en la materia (del nivel de varios premios Nobel incluso), quienes, a título personal, ofreciesen su segunda opinión, imprescindible en medicina sobre todo, pero también en ciencia, derecho e información; y esas voces expertas, que sí tenían rostro y presencia real, (no como ese comité de expertos del gobierno, de cuya existencia no tuvimos ninguna evidencia y cuyo criterio científico era indistinguible de las disparatadas afirmaciones de tertulianos televisivos como Belén Esteban o Xabier Lapitz), fueron tachados inmediatamente de conspiranoicos y negacionistas, por un aparato mediático bien pagado por los fondos inversores conectados con las grandes farmacéuticas4.
Mención aparte merecen los colectivos profesionales que se posicionaron para cuestionar ese “pensamiento único” que se pretendió imponer a toda la sociedad, como fueron MÉDICOS POR LA VERDAD, POLICÍAS POR LA LIBERTAD, PERIODISTAS POR LA VERDAD, y los colectivos de abogados LIBERUM y ELEUTERIA, grupos que surgieron como respuesta urgente a la feroz campaña de persecución y censura de segundas opiniones o ante cualquier cuestionamiento a aquella «versión oficial», que se impuso como verdad única -como si nos hubiésemos retrotraído al medievo y volviésemos a estar bajo el dogma sagrado del pensamiento único que el oscurantismo usó para arrasar civilizaciones enteras.
Echando la vista atrás, no resulta nada tranquilizador repasar el proceso de ingeniería social por el cual se fue consiguiendo imponer una postura que era más ideológica y política que jurídica, democrática y de derecho, y que ahora, para nuestro asombro, vamos descubriendo que no estaba basada en ningún criterio científico, médico ni técnico (el tan cacareado «Comité de Expertos» del gobierno resultó ser un bulo que luego se disfrazó pretendiendo que Fernando Simón y los técnicos del Ministerio a los que consultaba -sin ningún criterio externo independiente-, «eran el Comité de Expertos»)5. Echando la vista atrás, resulta angustioso descubrir ahora cómo se nos aterrorizó con aquellas imágenes de Fernando Simón apareciendo en las pantallas junto a una verdadera «junta militar y policial», o con imágenes de soldados fumigando las calles (una medida sanitariamente inútil y disparatada), o patrullando las calles junto a la policía local para, tal como decía algún medio sin cortarse un pelo6, «limpiar las calles» de ciudadanos desafectos al estado de emergencia que se negaron a acatar aquel estado de excepción sin ninguna base médica ni legal, (que luego fue declarado inconstitucional y tuvo que devolverse el importe de las sanciones con las que se presionó a la población). Ahora sabemos que también se propagó el miedo entre la gente con otros falsos relatos, como el del “distanciamiento social”, que fue un mero invento promovido por cargos políticos valiéndose de su autoridad médica7
Se llegó al extremo de causar el pánico, con padres espantados ante la posibilidad de que sus hijo se contagiasen o contagiasen a los abuelos (los niños no transmiten el Covid); los ancianos fueron confinados en la soledad de su propia habitación o de su propia casa, dejándoles la comida en la puerta y negándoles el abrazo, el contacto humano, como si la peste negra nos azotara otra vez. Estremece ahora recordar cómo, a partir de ahí, se encargaron los medios generalistas (¿de «generalísimo»?), de aleccionar a la gente con la idea de unas inoculaciones «que ya llevaban años desarrollándose» (¿desde mucho antes de la supuesta aparición del primer caso de Covid19 traspasado a los humanos por una sopa de pangolín?), y que incluso iban a ser obligatorias «por el bien de todos», y que serían la solución definitiva para acabar con la terrorífica pandemia. Y a partir de ahí, se siguió bajando por la pendiente deslizante del terror colectivo y se propagó la consigna de que «la culpa de los contagios es de quien no se vacuna», convenciendo a la población aterrorizada que la culpa de que las vacunas fallaran la tenían quienes no la usaban (¡y no los fabricantes que nunca las habían testado para que inmunizaran!8).
Pero la gente se cansó de vivir angustiada; le acabó teniendo más miedo al propio miedo que a ese virus cuya verdadera gravedad empezaba a cuestionarse, tras saberse que aquellos tests PCR fueron desautorizados por su mismísimo inventor (Kary Mullis, un premio Nobel)9, o que aquellas tecnología génica con la que se confeccionaron las vacunas de ARN mensajero nunca fue pensada para ese fin, tal como dejó claro uno de sus principales descubridores, Robert Malone, avisando a los padres sobre los riesgos de la proteína spike inoculada con las vacunas de sus hijos10.
La estrategia Covid basada en el miedo, y sin ninguna base real que la sustentara, acabó perdiendo toda su fuerza y eficacia, y tuvo que ser levantada. Sin embargo, la impronta subliminal de la sumisión irracional ya había sido grabada a fuego en la mayoría de la población que sólo quería poder ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio y poder llegar a fin de mes, si les dejaban, aunque fuese a cambio de salvoconductos como vacunas, mascarillas y “Gesundheitspass”11.
Y ahora, con la pandemia oficialmente terminada, y con las restricciones sin efecto legal ya, nos hemos visto otra vez obligados a someternos a otra medida sin ciencia ni ética, como es la de las mascarillas en los centros sanitarios, con el agravante de que en esta ocasión se ha hecho sin ningún respaldo legal ni soporte jurídico alguno, con la única normativa en vigor que sólo dice que ya se han levantado todas las restricciones, incluyendo el uso obligatorio de las mascarillas.
En cualquier estado de derecho, donde todos los ciudadanos acaten la ley, automáticamente se hubiesen abstenido de transmitir cualquier consigna o mandato político de instaurar una imposición arbitraria, desde los mandatarios institucionales más altos en el escalafón, a los empleados de menor categoría profesional o funcionarios en contacto con la ciudadanía, pasando por mandos y cargos autonómicos, provinciales y locales. Sin embargo, lo que hemos visto que ocurría en el estado español es que se fue traspasando la consigna política de arriba abajo en el organigrama, trasladando la responsabilidad de la acción ejecutora a los trabajadores de primera línea de contacto con los usuarios, llegando al extremo de delegar en personal no sanitario (vigilantes de seguridad y personal administrativo o celadores en recepción de centros sanitarios) el mandato político de obligar ilegalmente a la población al uso de la mascarilla
Imponer la mascarilla, a día de hoy, con la Orden SND 726/2023, de 4 de julio de 2023 en la mano, es ilegal, y constituye una comisión de delitos tan graves como: coacciones (castigado con pena de prisión de 6 meses a tres años, o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la comisión del delito); trato degradante (castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años); omisión de socorro (castigado con pena de prisión de 6 a 18 meses), o prevaricación (castigado con pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años).
El derecho a la salud pasa necesariamente por el respeto a la autonomía del paciente, y también por la salvaguarda de la atención médica exclusiva, particular e individual a cada paciente del cual el profesional médico y/o sanitario se ocupa, sin que ninguna consigna política, ni de ninguna autoridad jerárquica basada en ningún supuesto “beneficio público”, se anteponga en importancia al del paciente.
Ningún médico ni sanitario (y mucho menos nadie ajeno al colectivo de profesionales de la salud) puede, bajo ningún concepto, establecer un criterio de trato al paciente priorizando “el interés colectivo” en perjuicio de su derecho a decidir sobre las decisiones del médico o sanitario que le afectan.
Hay un antecedente histórico en el que el estamento médico de todo un país cayó en la pendiente deslizante ética de superponer diferentes valores prioritarios (por el interés de la nación, por interés científico, por el cumplimiento de la ley concebida por el ejecutivo político en el poder, por un espurio interés de ambición personal o por connivencia ideológica con élites de poder) a los derechos del paciente. Este estamento médico aplicó imposiciones normativas de aparente ámbito sanitario, que fueron mostrando poco a poco unas motivaciones contrarias a la salud y al ejercicio de la medicina.
El 9 de diciembre de 1946 se celebró el denominado Juicio de los médicos en el marco de los juicios de Núremberg; se juzgó a los representantes del aparato sanitario alemán por haber experimentado con medicamentos y tratamientos aplicados tanto a prisioneros como a población civil de Alemania y de países ocupados. El juicio ayudó a desentrañar el proceso gradual de devaluación intencionada de la ética médica hasta llegar a la legalización e institucionalización de conductas criminales en materia de salud pública y experimentación con seres humanos; en este proceso se involucraron profesionales de la medicina, enfermería, sanitarios y profesionales de la industria farmacéutica. La complicidad y participación activa del colectivo médico y sanitario de todo el país en la selección de prisioneros civiles en campos de concentración para su exterminio masivo, fue el final de una pendiente deslizante que había comenzado con el menoscabo del principio de beneficencia y no maleficencia que había existido antes, junto a principios éticos recogidos en normativas del mismo gobierno del III Reich creadas en 1931.
Los Juicios de Núremberg supusieron una respuesta ética a las atrocidades cometidas a causa de la perversión flagrante de un estamento médico, con el establecimiento del primer código internacional de ética para la investigación con seres humanos, el Código de Núremberg, publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el precepto hipocrático primun non nocere (“lo primero, no hacer daño”)12.
El consentimiento informado y voluntario de la persona, se considera desde entonces la piedra angular de la protección de los derechos del paciente13.
El pasado 23 de enero, el doctor en medicina Antonio Aguirre, de setenta y tres años de edad, fue detenido y llevado esposado por seis agentes de la policía nacional que se presentaron en un hospital de Madrid atendiendo a la llamada del centro en respuesta al rechazo del doctor a la imposición de la mascarilla, que sufrió cuando acudió como paciente para realizarse un análisis de sangre. Fue acusado de desobediencia a la autoridad por haber mostrado su D.N.I. pero haberse negado a entregarlo. Fue citado al día siguiente a un juicio rápido al que fue transportado esposado en un furgón policial. El caso fue sobreseído, al no existir delito alguno ni en su postura de rechazo a la coacción de la mascarilla, ni en su negativa a entregar el D.N.I. al agente que se lo exigió (dado que fue identificado innecesariamente, y tampoco hubo razón legal en este caso para exigir la entrega del documento, al no existir indicios de que fuese falso)14.
Que un médico de edad avanzada, y por consiguiente con amplia experiencia tanto en temas sanitarios como normativos, haya sido denunciado, detenido, esposado y juzgado sin ningún motivo legal, en el contexto de un mandato político sin justificación médica, científica, técnica ni jurídica alguna, que se salta precisamente tanto el código maestro de la bioética surgido tras los crímenes de la medicina nazi, como los restantes códigos éticos de ejercicio médico surgidos posteriormente (Declaración de Ginebra de 1948, Código Internacional de Ética Médica de 1949, Declaración de Helsinki de 1964, Declaración de Belmont de 1978, Declaración, Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos -CIOMS, 2002- de la OMS, Declaración Universal sobe Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005), supone un alarmante síntoma del descenso por la pendiente deslizante en que ya están cayendo todos los colectivos médicos y sanitarios de este país (sindicatos y asociaciones), sobre todo cuando son capaces no sólo de coaccionar a un compañero de profesión, sino de conseguir su detención arbitraria con la cooperación necesaria de agentes de la autoridad, a sabiendas de que es un acto no sólo contrario a su propia ética (recogida con total claridad en sus códigos deontológicos), sino sin justificación legal alguna.
El estamento médico y sanitario del III Reich se alzó sobre la cúspide de egocéntricas torres de arrogancia precariamente sostenidas sobre cimientos de ignorancia, pero la historia se encargó de demostrar que esas torres infames cayeron, y la función de la historia es evitar que se repitan esos deleznables actos del pasado.
Los médicos honrados como el doctor Aguirre (a quien le agradezco profundamente el apoyo y los consejos dados tras conocer lo que me sucedió en el centro de salud donde nos coaccionaron con las mascarillas a mí y a mi padre de casi 93 años al acudir a una visita médica)15, han de saber que no están solos, que cada vez somos más los ciudadanos, usuarios y profesionales éticos de la sanidad, que les apoyamos y comenzamos a tomar conciencia de la alarmante situación actual de violación de la ley en general y de los derechos de los pacientes en particular. Porque sabemos que, si no nos unimos y reaccionamos, la arbitrariedad proseguirá su avance por la pendiente deslizante de la ética médica, con una aplicación de mandatos políticos vez más amenazantes y peligrosos para la salud y la seguridad de todos.
Hagamos oír nuestra voz con firmeza, dignidad y contundencia, para que los quebrantadores de la ley y de los derechos y libertades, que se creen impunes por su corporativismo interesado, por su colaboracionismo insolidario y miserable, sepan que torres más altas han caído bajo el peso de la justicia internacional16.
NOTAS:
- https://medicamentos.alames.org/rescatando-de-la-historia/torres-de-arrogancia-sobre-cimientos-de-ignorancia-por-juan-gervas/
- El periodista César Vidal, en el editorial de su programa La Voz del 9 de febrero de 2022 resumió de forma excelente la intervención del prestigioso experto en farmacovigilancia: https://www.cesarvidal.tv/videos/la-ciencia-da-la-razon-a-los-bebelejias-09-02-22
- Fernando Vizcaíno Carles, articulista de opinión en Diario16+ realiza un exhaustivo análisis bien documentado sobre la total falta de fiabilidad y nula capacidad diagnóstica de los tests PCR: https://diario16plus.com/pandemia-de-falsos-positivos-pcr-en-base-al-umbral-de-ciclos-empleados/
- De imprescindible lectura este artículo de Bea Talegón: https://diario16plus.com/que-tienen-en-comun-los-principales-medios-de-comunicacion-y-las-farmaceuticas-pfizer-moderna-o-astrazeneca/
- https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-confiesa-obligacion-mentira-comite-expertos-desescalada-eran-simon-y-equipo-202012300103_noticia_amp.html
- https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/03/27/coronavirus-multas-ejercito-patrulla-zaragoza-policia-local-cerveza-denuncia-1366231.html
- https://theobjective.com/internacional/2024-01-11/heroe-pandemia-regla-distanciamiento-social/
- https://diario16plus.com/escandalo-pfizer-reconoce-ante-el-parlamento-europeo-que-la-vacuna-nunca-fue-testada-para-frenar-la-transmision-del-virus-antes-de-salir-al-mercado/
- https://www.nativaselectta.com/entrevista-a-fernando-vizcaino-carles/ Para información mucho más detallada y documentada sobre la inutilidad de las pruebas PCR para detectar virus específicos como el Covid véase:
https://diario16plus.com/author/fernando-vizcaino-carles/#google_vignette
https://diario16plus.com/pandemia-de-falsos-positivos-2-0-conflictos-de-intereses-e-intespecificidad/ - La doctora Karina Acevedo Whitehouse, en su canal Akasha Comunidad, en Telegram, publicó el vídeo con la intervención del autor del primer estudio sobre tecnología del ARNm exógeno con fines terapéuticos, que, a pesar de que esa tecnología no servía para ser empleada como inoculaciones vacunales, después derivó en el diseño de las inoculaciones ARNm, falsamente denominadas «vacunas anti Covid»: https://t.me/akashacomunidad/1797
- Gesundheitspass = Pasaporte Sanitario introducido por el sistema médico del III Reich sin el cual no se podía acceder a museos, edificios públicos, teatros, escuelas, lugares de trabajo, etc. https://www.lasrepublicas.com/2021/11/25/los-negacionistas-comparan-el-certificado-covid-con-el-gesundheitspass-de-los-nazis/ En ese mismo contexto, un establecimiento de la cadena Ikea llegó a exigir que los clientes exentos del uso de mascarilla portasen un distintivo amarillo similar a los que se impuso a los judíos durante el régimen nazi: https://ecu11.com/una-tienda-ikea-se-disculpa-por-pedir-a-sus-clientes-sin-mascarilla-que-porten-una-etiqueta-amarilla-en-su-ropa/
- https://theconversation.com/el-codigo-de-nuremberg-el-amanecer-de-la-bioetica-tras-los-crimenes-del-nazismo-137492
- En España, ¿se ha cumplimentado un solo formulario de consentimiento informado tramitado por un solo médico colegiado en todas las inoculaciones experimentales ARNm contra el Covid19? No hay constancia alguna de ello, que yo sepa.
- La asociación de juristas Eleuteria publicó en su canal difundió en su canal de Telegram dos publicaciones informando sobre este caso: https://t.me/asociacion_eleuteria/9129 https://t.me/asociacion_eleuteria/9132
- Dediqué mi anterior artículo a explicar este suceso: https://diario16plus.com/carta-abierta-al-senor-p-c/
- https://liberumasociacion.org/wp-content/uploads/2022/06/DENUNCIA-A-LA-FISCALIA-DE-LA-CORTE-PENAL-INTERNACIONAL-POR-GENOCIDIO-Y-CRIMENES-DE-LESA-HUMANIDAD.pdf
