Una democracia tutelada por jueces

El Gobierno, entre la espada y la pared, se ha propuesto apagar el incendio que la amnistía y las acusaciones de lawfare o guerra sucia jurídica han desatado en el Poder Judicial. Pedro Sánchez está muy preocupado por el peligro que corre la convivencia entre los dos poderes del Estado en vísperas de la Navidad. Así que Félix Bolaños tendrá trabajo estas fiestas.

Tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro se puso manos a la obra con el asunto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha generado profundas discrepancias entre los jueces y magistrados. De hecho, el Pleno del CGPJ ya ha dejado claro que García Ortiz no es idóneo para el cargo que desempeña. Un mensaje contundente y directo para Moncloa que augura nuevos motivos de fricción a lo largo de esta legislatura.

Pero las jornadas frenéticas del ministro de Justicia, entre juzgado y tribunal, no quedarán ahí, y en los últimos días ha tenido que desdoblarse con la manguera ante la dimensión que adquirían los diversos frentes en llamas. Uno de los fuegos más intensos se ha declarado en el Pleno del CGPJ, reunido para abordar la legalidad de las comisiones parlamentarias que se van a crear con el fin de investigar el supuesto lawfare durante los años de Gobierno del Partido Popular, un punto que consta en el reciente pacto entre PSOE y Junts. En cualquier otro país democrático crear una comisión con luz y taquígrafos para analizar el buen funcionamiento de la Justicia no sería noticia ni ningún escándalo, sino más bien algo normal. Pero esto es España, un lugar donde los jueces ostentan un poder que va más allá de su jurisdicción hasta invadir el territorio político. En ese sentido, los magistrados creen que tienen margen legal de maniobra para negarse a asistir a esas comisiones en el caso de que sean llamados a declarar.

A esta hora, puede decirse que la rebelión está en marcha y que ningún juez está dispuesto a sentarse en sede parlamentaria para responder a las preguntas de Junts y Esquerra sobre el lawfare, sobre las hipotéticas cloacas judiciales ni sobre las sentencias que se dictaron a raíz del proceso de independencia de Cataluña puesto en marcha por Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont. Y mucho menos van a dar explicaciones sobre los sumarios que en su día se abrieron contra Podemos (hoy cerrados), ni sobre la Policía patriótica puesta en marcha en tiempos del ministro popular Fernández Díaz. Los magistrados de la cúpula entienden que en España no ha habido lawfare de ningún tipo, ni persecución a la disidencia política, y proclaman que no tienen por qué explicarse sobre las decisiones que se tomaron en virtud de la independencia del Poder Judicial garantizada por el principio de separación de poderes y la Constitución del 78.

De hecho, tanto el sector conservador como el progresista se han puesto de acuerdo para dejar claro que ningún juez tiene por qué presentarse a comisión de investigación alguna y que en el caso de que sean llamados por el Congreso de los Diputados ninguno será obligado a comparecer contra su voluntad. En esa línea, Bolaños ya ha dicho que en todo caso defenderá a los jueces y magistrados de este país, “que son imparciales e independientes”, y eso lo ha manifestado en sede parlamentaria delante de los diputados de Junts. Por lo visto, las presiones que llegan del mundo de las togas están surtiendo efecto. Algo que ha debido oler a cuerno quemado a Carles Puigdemont, que desde Waterloo sigue cada paso que se da en la política española.

El cuarto incendio que está tratando de apagar Bolaños es el que se ha declarado en el Tribunal Supremo, donde el malestar con el Gobierno de Sánchez también es público y notorio. La reunión del ministro con el presidente de este órgano jurisdiccional, Francisco Marín, está pensada para limar asperezas. En todo caso, Bolaños ha tratado de tranquilizar a los magistrados de este órgano jurisdiccional recordándoles que el Gobierno, en su negociación con el mundo independentista, no va a dar ningún paso que sea inconstitucional.

De modo que Sánchez se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado, las negociaciones del equipo de Moncloa con los independentistas, que se llevan a cabo en Ginebra y con mediador internacional; por otro, el fuego cruzado de los magistrados del Poder Judicial, que están supervisando con lupa, vigilando posibles inconstitucionalidades en esos contactos bilaterales. Esta fiscalización previa, casi preventiva, de la negociación que llevan a cabo dos partidos políticos en virtud de su autonomía (PSOE y Junts) supone un fenómeno inédito en la historia de la democracia española. Nunca antes desde 1978 la injerencia de los jueces en las decisiones del Poder Ejecutivo había sido tan clara, explícita y patente. Y además llueve sobre mojado, ya que en las últimas semanas los jueces y magistrados se han pronunciado en contra de una ley de amnistía sin esperar siquiera a conocer el contenido real del texto legal. Por momentos da la sensación de que el Poder Judicial está con el hacha o la guadaña levantada por si a Sánchez se le ocurre atravesar alguna línea roja. Eso solo puede tener un nombre: democracia tutelada, administrada o dirigida, en este caso fiscalizada por el mundo conservador de la judicatura, cuyos profesionales actúan como peones encubiertos del PP y también de Vox.

Con el clamor del Poder Judicial en contra del lawfare y la amnistía, Bolaños ha llegado al ministerio con dos claros objetivos: pacificar a los magistrados enervados (algunos echados al monte y en abierta insumisión) y poner las condiciones necesarias para renovar el CGPJ (la cúpula lleva cinco años caducada por orden del PP, que sigue enrocado en el bloqueo, otro síntoma más de la nefasta politización de la Justicia española). Atrás quedan los tiempos en que el titular de turno de este departamento aterrizaba en su nuevo despacho con algún plan bajo el brazo para tratar de solucionar los graves problemas de la Administración de Justicia (lentitud en la instrucción de los sumarios y falta de recursos humanos y materiales). Todo eso queda aparcado. La máxima prioridad es apagar el fuego institucional, lograr que las aguas vuelvan a su cauce, intentar cerrar las heridas que deja la amnistía a los encausados por el procés. A eso se ha conjurado Bolaños día y noche. Con toda la caverna judicial en contra, no lo va a tener nada fácil.