Todo el montaje que se hizo en torno a una “una denuncia anónima” (detrás de ella supuestamente estaba el BBVA), no ha servido para nada. Luis Pineda y Miguel Bernard han sido absueltos de los delitos de estafa, organización criminal y extorsión por el Tribunal Supremo. Ambos tuvieron que ingresar en la cárcel por orden del juez que instruyó la llamada “operación Nelson”, Santiago Pedraz, quien ordenó el bloqueo de todos los activos de Ausbanc. Ahora, una vez exculpados de los delitos de los que se les llegó a acusar y a condenar (a ocho años a uno y a cuatro al otro) en la Audiencia Nacional, la pregunta es ¿quién devolverá esos años de privación de libertad a los absueltos? Pero aún hay más.
La detención y el encarcelamiento de Luis Pineda supuso la intervención de la asociación, dedicada a la defensa de los intereses de los usuarios de banca, la declaración del concurso de acreedores, el despido de todos los trabajadores, colaboradores y abogados, y la mala venta de las empresas de la asociación, así como de los inmuebles de su propiedad, como el “Club de la Buena Vida”, o la agencia de viajes Ausventura. Y lo peor de todo. ¿Quién pide perdón por todas las falacias que se dijeron en su momento sobre las formas de actuar de Pineda y los suyos que fueron calificadas de gansteriles y mafiosas? Es cierto que el Supremo reconoce que el expresidente de Ausbanc presionó a los bancos y otras entidades para “sus propios intereses” pero tales presiones no llegan al mínimo exigido por el Código Penal para hablar de un delito de extorsión.
La operación Nelson tiene dos vertientes diferentes. Por un lado, está el hartazgo de la cúpula del BBVA que entonces presidía Francisco González, contra las informaciones periodísticas lanzadas por las publicaciones de Ausbanc contra la entidad. Luis Pineda les llegó a ofrecer “rebajar el tono” a cambio de una serie de contrapartidas. Entre otras, el reconocimiento de que las “clausulas suelo” de las hipotecas eran abusivas cuando todavía no habían sido declaradas así por los tribunales de justicia, incluido el TJUE, y, como “compensación”, la inserción de publicidad en los medios oficiales de la asociación. Los directivos del BBVA no aceptaron la propuesta de Pineda quien siguió presionando a través de informaciones en su revista mensual, Ausbanc, y en el periódico quincenal, “Mercado de Dinero”. Entonces es cuando se diseña una contraofensiva en la que tiene mucho que ver el que entonces era el director de comunicación del banco, Javier Ayuso, que, posteriormente, accedió al mismo cargo en la Casa Real.
Ayuso, que tenía fama de ser espléndido con los medios de comunicación afines a la política del banco, no dudó en emplear recursos para desprestigiar a Pineda y a Ausbanc por todos los medios posibles. Incluido uno que, en estos momentos se encuentra en fase de instrucción en la Audiencia Nacional en el sumario sobre las actividades del excomisario de policía José Manuel Villarejo.
Una “denuncia anónima” a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía nacional, la cada vez más controvertida UDEF, que acabó por convertirse en la “operación Nelson”, con intervenciones de los teléfonos de la asociación incluidos. Esas intervenciones, las informaciones periodísticas publicadas y las declaraciones de algunos enemigos de Pineda como Javier López, propietario de una sociedad dedicada a la reunificación de deudas, sirvieron de base para iniciar, el 24 de abril de 2016, una gran redada en la que acabaron detenidos Pineda, Bernard y otros cargos de Ausbanc y del seudosindicato de extrema derecha Manos Limpias.
La otra vertiente del caso se refiere a las implicaciones jurídicas de Pineda y Bernard en el Caso Noos. Sólo hay que recordar que en este asunto estuvieron implicados el excuñado del rey, Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y la infanta Cristina. Manos Limpias, a través de la abogada Virginia López Negrete, ejerció de acusación particular. Y ahí empieza el lio. A Pineda se le acusó de haber extorsionado al defensor de la infanta, el abogado Miguel Roca i Junyent, y a otras personas. A los tres les pidió 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta. Esta acusación, sin duda, fue el mayor detonante de la campaña mediática gracias a la cual numerosos periodistas de la derecha se beneficiaron de filtraciones en las cuales se cuestionaba la licitud de los ingresos obtenidos por los dirigentes de las asociaciones ahora absueltos.
Un grupo de periodistas, entre los que se encontraba el que fue director de comunicación de Ausbanc, también imputado y absuelto, Luis Suarez, se dedicó, los días posteriores a la detención y encarcelamiento de Pineda, a rebatir las informaciones que esos días estaban publicándose en los medios de comunicación. Las informaciones siguen difundiéndose de forma sesgada. Ahora mezclando otras causas judiciales que ha tenido Pineda con sus adversarios y competidores como los directivos de Adicae, Manuel Pardos, y Facua, Rubén Sánchez. Todas esas demandas no han traspasado el ámbito del derecho civil y los fallos de los jueces han sido de diversa índole. A Pineda le condenaron a publicar en las redes sociales desmentidos sobre afirmaciones efectuadas en contra del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, mientras que Adicae fue condenada en costas por una demanda contra el honor que había presentado por unas informaciones en Mercado de Dinero.
A Ausbanc se la expulsó del Consejo de Consumidores por considerar que había contratado publicidad prohibida a las asociaciones de consumidores. En un informe del Tribunal de Cuentas se constató que no sólo esa asociación llevaba a cabo tal práctica, sino también el resto de asociaciones que recibieron “de manera irregular” subvenciones, según consta en dicho informe.
Nada comparado con la gravedad de tener a un ciudadano privado de libertad durante tres años. Es el grave problema de la justicia de este país que sigue sin resolverse. Porque todavía están por pagarse las indemnizaciones para los afectados por errores judiciales que acabaron en la cárcel.
