Y ahora, ¿quién le devuelve la carrera política a la exalcaldesa de Maracena?

El 25 de mayo es la fecha en la que todo cambió en la vida de Berta Linares. Faltaban tres días para la celebración de las elecciones locales. Era la alcaldesa de la localidad granadina de Maracena, situada en el área metropolitana de Granada, y aspiraba a renovar la mayoría absoluta que tenía su partido, el PSOE andaluz.

Pero todo se vino abajo por obra y gracia del juez instructor del secuestro express de una concejala de su partido, Vanessa Romero. El magistrado, Josep Sola, titular del juzgado número 5 de Granada, en un auto, la acusó de ser la inductora de dicho secuestro cuyo autor material fue la expareja de la edil, Pedro Gómez, diagnosticado de trastornos mentales, quien la había señalado. Sólo tres días antes de los comicios dieron como resultado que los socialistas perdieran cuatro concejales y los independientes se negaran a pactar con ellos “por las sospechas de corrupción”.

A pesar de encabezar la lista y de haber tomado posesión de su acta de concejala, Berta Linares decidió dimitir y abandonar la política. Ahora, el juez ha echado marcha atrás. Sólo hay un sospechoso, el autor material de los hechos, Pedro Gómez, y el PP es el partido que gobierna la localidad. Linares se piensa si volver a la política activa y poner una denuncia por los daños y perjuicios que ha causado la falsa delación y la actuación de un juez que, en lugar de haber esperado tres días sólo para hacer público el auto, intervino de forma flagrante en el proceso electoral. Si, estamos de acuerdo. Su actuación fue legal. Pero ya forma parte del acervo de casos de “lawfare” que se están dando en este país.

En el llamado “caso Maracena” se imputó también al número tres del PSOE andaluz, Noel López, que había sido alcalde antes que Berta Linares. La secuestrada, Vanessa Romero, les acusó de haber cometido irregularidades urbanísticas. Para demostrarlo presentó 15 expedientes que, tras ser comprobados, fueron rechazados por otro juez de instrucción de Granada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía enmendó la plana a Solá exigiéndole que investigara en profundidad antes de imputar a López, aforado ya que pertenece al parlamento andaluz. Los socialistas creen que todo este entramado sin demostrar, pero publicado por la prensa afín a la derecha, hizo mucho daño en los comicios y benefició a la formación que lidera Moreno Bonilla.

El juez número 5 de Granada ha tenido que exculpar a Linares, López, y un concejal de urbanismo, también socialista, Antonio García Leyva, cuando ha constatado que las investigaciones policiales llevadas a cabo demuestran que la reunión que Pedro Gómez sostiene haber mantenido con su expareja, Berta Linares, y con López, donde supuestamente se concretaron los detalles del secuestro, jamás se llegó a celebrar. Solo quedan los testimonios de la víctima y del autor material de los hechos. Vanessa Romero es enemiga acérrima de Linares y la pareja de la exalcaldesa tiene problemas de salud mental para los que necesita medicación. Por lo tanto, esos testimonios pueden quedar invalidados en cualquier momento procesal.

Pero las consecuencias para los acusados quedan ahí. Noel López sigue siendo el secretario de organización del PSOE-Andalucía a pesar de que la formación sufrió un serio revés en los comicios locales. Y habrá que ver lo que pasa en unas futuras elecciones autonómicas y el relato que sobre este asunto saque a relucir el todopoderoso dirigente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

En cuanto a Berta Linares, su carrera política parece haberse hundido por obra y gracia de la actuación de un juez que, sospechosamente, dio a conocer el auto de imputación de los dirigentes socialistas tres días antes de las elecciones. El PSOE aspiraba a obtener la mayoría absoluta y perdió cuatro concejales.

Los concejales independientes no quisieron negociar con ellos una mayoría y, al final, una coalición del Partido Popular y Vox, con su apoyo, se hizo con el gobierno municipal. Berta Linares abandonó la política. ¿Quién la devuelve la credibilidad que perdió gracias a una imputación que ahora se ha mostrado carente de fundamento? Porque el juez no tuvo en cuenta ni la situación sanitaria del autor material del secuestro ni la enemistad manifiesta de la víctima.

Se lo dijo, incluso, el TSJ de Andalucía: que debía ser más riguroso y, antes de pedir la imputación, profundizar más en la investigación. Diez meses después llega una rectificación tardía. El juez llevó a cabo diligencias que demuestran que los investigados no tuvieron nada que ver con el asunto y, como muy bien señalan los expertos, podría haberlo hecho antes de inculparlos ya que sólo contaba con los testimonios inconsistentes del autor material y de la víctima.

La justicia en Andalucía empieza a estar bajo sospecha. El dirigente de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Torrijos, fue absuelto de delitos de corrupción en cuatro juicios, alguno de transcendencia como fue el de Mercasevilla.

La instructora fue alguien que también está en el punto de mira de la izquierda, la jueza Mercedes Alaya, la protagonista de la causa de los ERES de Andalucía que se examina actualmente el Tribunal Constitucional donde se han mostrado dudas de que las condenas de prevaricación y malversación sean conformes a derecho.

El calvario de Torrijos duró trece años en los que se le imputó diez delitos. Quedó absuelto de todos ellos. Tuvo que dimitir como concejal del Ayuntamiento de la capital hispalense.

En cambio, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, no ha sido imputada judicialmente a pesar de que existen evidencias de haber cometido delitos de prevaricación por haberse negado a facilitar los expedientes que pidió la oposición municipal acerca de la participación de su hijastro, Joakim Peter Broberg, en operaciones urbanísticas. Broberg se encuentra en busca y captura por orden del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que le acusa de pertenecer a una banda de narcotraficantes de Suecia. Ángeles Muños niega estar relacionada con los hechos que se investigan y cuenta con el aval del presidente del PP andaluz, Moreno Bonilla. Nadie, hasta ahora, la ha llamado a declarar a un juzgado.

Está claro que a los políticos andaluces no se les examina por el mismo rasero.