La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el Acuerdo para el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas. Pero la potente patronal educativa está en contra de esta firma. Estamos a las puertas de una elecciones generales y el PP y Vox no están contentos con este texto.
El Estatuto del Becario que hacia falta
“Ahora era preciso abordar la regulación de las prácticas no laborales para cerrar el círculo de la formación de calidad y el empleo digno para las personas jóvenes. Una vez más, arrojamos luz sobre esas zonas de sombra de la precariedad”, ha recalcado Yolanda Díaz.
La norma permitirá combatir la oferta de prácticas no laborales que, en la práctica suponían un trabajo con rebaja de garantías laborales para las personas jóvenes. En los últimos cinco años, y con resultados todavía provisionales en 2022 y parciales del año en curso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido aflorar cerca de 7.000 empleos como consecuencia de sus actuaciones en esta materia.
Se trata de un texto que completa la lucha contra el fraude en el ámbito de la formación en las empresas en la línea del RDL 32/2021 de 28 de diciembre que regula, en su artículo 11, los contratos formativos.
Una vez más, España se adelanta al debate europeo a punto de empezar la presidencia semestral de turno de la Unión Europea cuyas instituciones comienzan a revisar el marco europeo de prácticas de calidad.
Objeto de las prácticas no laborales
“Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados y asalariadas fantasma”, ha subrayado la vicepresidenta segunda.
La norma determina que la prestación de servicios que no se inscriban en las prácticas que recoge el texto tendrá carácter laboral. El ámbito de aplicación abarca la formación práctica vinculada a grados del sistema de formación profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias.
Por tanto, cuando la actividad sustituya las funciones de una persona por cuenta ajena o no exista vinculación con el itinerario recogido en el plan de formación individual, se presumirá la laboralidad.
Garantías para las personas en formación
La norma otorga seguridad jurídica a las distintas partes ampliando y garantizando los derechos reconocidos mediante las competencias que se atribuyen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un régimen sancionador específico.
Será obligatorio suscribir convenios o acuerdos de cooperación y planes formativos individuales precisos que, además, recojan el catálogo de derechos y obligaciones para las partes cuyos mínimos recoge la norma; posibilitar el desarrollo adecuado de la actividad práctica: la conciliación con los estudios y otras actividades laborales; o el reconocimiento de derechos que reduzcan o impidan los gastos directos para las personas que se están en formación no laboral de manera que estos se cubran de manera suficiente. También tendrán derecho a la protección frente al acoso.
Detalles del Estatuto del Becario
Entre los derechos que recoge el Estatuto se encuentran: la compensación de gastos, la prevención de riesgos laborales; el establecimiento de descansos; permisos para ir al médico incluyendo la no repercusión en la evaluación en el caso de las prácticas curriculares; compatibilidad entre estudios y prácticas y la garantía de contar con una adecuada tutorización y formación por parte del centro de estudio y de la empresa.
El acuerdo contempla la presunción de laboralidad en caso de fraude, lo que prohíbe la realización de tareas que no son formativas como la sustitución del personal en vacaciones o la realización de las tareas que hacen los trabajadores en plantilla. Es por esto que se incorpora, tanto un régimen sancionador para prevenir y corregir los incumplimientos, como una labor de vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que garantiza que su cumplimiento y será una de las prioridades del organismo.
Evitar fraudes y establecer un régimen sancionador
Además, el Estatuto define las prácticas para evitar fraudes y establece un régimen sancionador disuasorio con cantidades que oscilan entre 70 y 225.018 euros, según el tipo de fraude que se cometa. Por otro lado, establece una limitación de la plantilla de becarios en un 20%.
Unai Sordo un acuerdo útil para le gente
Por otra parte, también se evita que las prácticas se realicen en horarios nocturnos y se limita el desarrollo de actividades calificadas como peligrosas por la ley, garantizando la formación y los recursos preventivos en el caso de que sean imprescindibles hacerlas. el secretario general, Unai Sordo, en su intervención tras la firma, ha calificado el acuerdo “muy útil para la gente, sobre todo joven, que hace prácticas”.
Además ha señalado que también será beneficioso para las empresas que consideran que las prácticas y que las becas que ofertan tienen que servir para formar, para cualificar mejor a los futuros trabajadores y trabajadores, y que éstas «no deben utilizarse para el abuso cotidiano o para la utilización de personas en periodos formativos que en realidad lo que hacen es cubrir puestos de trabajo y que muchas veces hacen funciones que no están relacionadas con la formación universitaria, profesional o de acreditación de competencias, que es para lo que tenían que estar dirigidas”.
Pepe Álvarez nunca se habían firmado tantos acuerdos
Pepe Álvarez ha puesto en valor en la firma de este último acuerdo el trabajo del Gobierno y de los agentes sociales, a través de la concertación y el diálogo social. Se ha hecho ‘un trabajo ingente, durante esta legislatura, para proteger a las personas trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas’.
Tras citar muchos de estos acuerdos ha dicho que ‘nunca antes’, en un periodo de tiempo tan corto se han firmado tantos acuerdos, la gran mayoría con el consenso de Gobierno, sindicatos y empresarios. Asimismo, ha pedido ‘claridad y transparencia’ a las fuerzas políticas para saber si van a respetar estos acuerdos tras las elecciones generales del 23 de julio. Ha manifestado que ‘el diálogo social es un activo importantísimo y que la metodología de compartir las políticas a desarrollar, con debate, concertación y, si es posible, acuerdo permite a la sociedad avanzar.
