La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha cifrado, durante una entrevista publicada por Europa Press, en más de 4.000 las pulseras de control telemático impuestas a maltratadores para prevenir la violencia machista.
A una semana para que concluya 2023, se han contabilizado 55 mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista, seis más que en todo el 2022 y 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar estos asesinatos. “Esta es una cifra absolutamente intolerable, pero es que además supera las cifras de asesinatos de los años anteriores. Estamos preocupados (en el CGPJ)”, señaló.
Pulseras contra la violencia machista
Este dispositivo de seguimiento de las órdenes de protección “es una herramienta que ha resultado ser muy exitosa”, ha recordado Carmona. Y ha precisado que la imponen los jueces, pero la gestiona el Ministerio de Igualdad desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con quien ha recalcado que «siempre» estarán «dispuestos a colaborar» para «seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista» y que este recurso «se incremente como se ha estado haciendo».
Desde el observatorio analizarán “uno por uno cada asesinato, para ver si pueden proponer alguna medida para evitar y conseguir que no existan víctimas de violencia machista”. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del CGPJ, ha pedido a todas las instituciones “que no caigan en el desánimo y que continúen trabajando con ánimo y con espíritu de autocrítica”.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Carmona ha solicitado nuevamente que se reedite el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “que se vuelvan a poner medidas de coordinación y medidas de apoyo y acompañamiento a las víctimas y que, desde luego, vuelva a haber un consenso político”. El Estado es “responsable del sufrimiento de las familias, de las mujeres que son víctimas y de los niños”.
Al igual que hizo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recientemente, ha apelado también al entorno de las víctimas de violencia de género para que denuncie. “Estos delitos son delitos públicos, perseguibles de oficio y cualquier persona puede denunciarlo. Por lo tanto, esa implicación y ese apoyo que necesita esa mujer, esa red de protección que necesita en sus familiares y los allegados que están más cerca de ella, es muy importante para que ella se reconozca víctima y para que cuente lo que le está pasando”, ha añadido.
Las mujeres víctimas de violencia machista deben denunciar
La titular de Igualdad informó que desde su Ministerio se realizará una campaña de sensibilización enfocada en el entorno de las víctimas. Sobre ello, Carmona ha apuntado que “las campañas de concienciación sirven muchísimo. Cada uno de nosotros con una sola llamada puede salvar una vida”.
Sobre la importancias de la denuncia, ha recordado que e s “importantísima para que, por un lado no haya impunidad y, por otro, para poner en marcha el mecanismo de protección «en su integridad. No queremos que haya maltratadores que piensen que no le va a caer toda la acción de la justicia, ha destacado.
Las mujeres son las víctimas de violencia machista
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del CGPJ ha apuntado que durante este 2023 la violencia de género ha afectado de una manera desproporcionada a las mujeres, tal y como ha ocurrido en años anteriores. “El número de asesinatos de hombres a manos de sus parejas, hombres y mujeres, es muy, muy, muy inferior. Es decir, la violencia de género, la violencia machista, afecta de una manera desproporcionada a las mujeres”, ha precisado.
Finalmente, sobre la violencia sexual, ha puesto de manifiesto que es necesario poner “todos los medios posibles para que los menores de edad no la sufran y ha indicado que desde el observatorio han detectado que este acto violento proviene normalmente del «propio entorno familiar”.
“Por eso entendemos que los protocolos de prevención del acoso en los centros educativos tienen que funcionar”, ha asegurado, para agregar que “tiene que haber formación especializada para los jueces, especialmente para estos delitos tan execrables”.
Si la LIVG no cumple sus objetivos debería ser derogada o reformada. Jamás los cumplirá porque parte de supuestos erróneos.