El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado esta tarde su dimisión este mediodía tras iniciarse una investigación contra él y miembros de su Gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias, en empresas relacionadas con el litio y el hidrógeno verde
“Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad, sea de la materia que sea”, ha dicho Costa antes de anunciar que había presentado su dimisión al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.
António Costa dimite
“La dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” por el Supremo. “Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”, subrayó. Dos ideas que repitió durante su intervención, que incluyó algunas preguntas de la prensa, fueron que ignoraba los actos que son considerados sospechosos, pero que el simple anuncio de la Procuradoría General de la República (Fiscalía) de que sería investigado le invalida para continuar al frente del Gobierno.
“Yo no estoy por encima de la ley, si hay alguna sospecha que sea investigada”, indicó después de reivindicar “el orgullo” de haber reforzado los medios judiciales para combatir la corrupción. “Estoy tranquilo con el juicio de mi conciencia, no ya respecto a actos ilícitos, sino incluso censurables”, destacó.
El jefe del Gobierno suspendió su agenda oficial este martes después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo registros y emitiera varias órdenes de arresto por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno, en el que presuntamente está vinculado Costa.
El movimiento Climáximo
Activistas del movimiento Climáximo afirman que las investigaciones del Ministerio Público sobre presunta corrupción en el negocio del litio y el hidrógeno verde “no sorprenden”. “La corrupción es relevante, pero los crímenes de gobiernos y empresas contra la sociedad son mucho mayores”, se lee en el comunicado enviado este martes.
Los activistas subrayan que “detener la crisis climática no puede ser un negocio”, calificándolo de “un acto criminal de arrogancia gubernamental para poner miles de millones de euros de dinero público” en manos de empresas como Galp, EDP y REN, “que sembraron, difundió y perpetuó el terror climático”.
Las búsquedas de este martes están relacionadas con acuerdos sobre litio e hidrógeno verde, incluidas sospechas de favorecer al consorcio EDP/Galp/REN en el proyecto de una planta de producción de energía de hidrógeno en Sines, ya disuelto.
Para el movimiento Climáximo, el proceso de instalación de energías verdes en Portugal se ha basado en una “oferta constante y permanente de apoyo público a la industria privada, sin contrapartes”. Este proceso, advierte el colectivo, “crea las condiciones perfectas para una corrupción banal, otro más de los crímenes visibles que el gobierno y las empresas fósiles cometen contra la sociedad”.
Litio e hidrógeno verde
El operativo de la fiscalía ha culminado con la detención de Vítor Escária, jefe de gabinete de António Costa, también del alcalde de Sines y de dos administradores de la empresa Start Campus y un consultor. Todos ellos son declarados sospechosos formales, una figura previa a la acusación- el ministro de Ambiente, y el de Infraestructuras, así como el exministro de Ambiente João Pedro Matos Fernandes.
El Ministerio Público anunció hoy en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias.
La Fiscalía ha llevado a cabo el registro de «espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro» y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por «desbloquear procedimientos».
Por qué le investigan
La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad «Start Campus» y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.
También fueron declarados «arguidos» (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
