Todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales han desconvocado la huelga que estaba previsto que comenzara el lunes, 22. ¿Todas? No. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces piensa que todavía se puede tensar la negociación con los ministerios de Justicia, y Hacienda y Función Pública, y llegar un poco más lejos de hasta donde se ha llegado. Al menos eso es lo que dicen oficialmente sus portavoces. Pero la realidad de la APM es bien diferente. Desde un principio los jueces conservadores han echado un pulso al gobierno con la intención de desgastarlo. Es otra de las aristas en la estrategia del Partido Popular para acabar con el ejecutivo progresista de Pedro Sánchez. Ahora, en las elecciones del 28-M y más tarde, en las generales previstas para finales de año.
La APM se ha convertido en la correa de transmisión del PP. Su afinidad ideológica y las promesas Núñez Feijóo a sus dirigentes sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial les posicionan descaradamente. La Asociación Profesional de la Magistratura sabe que Núñez Feijóo, si llega a formar gobierno en 2024, sacará adelante una reforma que les favorece. Feijóo quiere reformar la Constitución y la ley orgánica del poder judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los veinte vocales de su órgano de gobierno. Pero la propuesta va más lejos. Quiere que las designaciones las hagan directamente las asociaciones profesionales en función de su representatividad. Y si ese proyecto se hace realidad de la manera que quiere el líder conservador, la APM prácticamente monopolizará la representación en el Consejo. Su poder se vería incrementado y su influencia sería determinante a la hora de nombrar jueces y magistrados para las instancias superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia. La justicia de este país pasaría a manos de la asociación conservadora. Y, por lo tanto, la independencia que tanto se preconiza sería eso: nada más que una intención escrita en un papel, pero no reflejada en la realidad del día a día de jueces y magistrados.
Lógicamente, los portavoces de la APM no mencionan estos argumentos a la hora de negarse a suscribir el acuerdo retributivo que el martes firmarán el resto de las asociaciones. Unas retribuciones que se completarán cuando entre en vigor la ley de eficiencia organizativa y procesal del servicio público de la justicia que está tramitando el Congreso de los Diputados. Esa vinculación es otro de los argumentos que la Asociación Profesional de la Magistratura utiliza para negarse a firmar. Todos los colectivos profesionales de la justicia, que llevan desde principios de año con movilizaciones (primero fueron los LEAJs , luego el resto de funcionarios judiciales y, por último, abogados del turno de oficio, jueces y fiscales), rechazan esta ley. Consideran que no resolverá los problemas de la justicia y, todavía peor, generará más caos judicial hasta acercarse a la peligrosa línea que separa la lentitud del colapso. Además, la APM cree que existe la posibilidad de que, al final, el proyecto de ley sea rechazado por algunas de las dos cámaras parlamentarias. Y eso es un argumento que tiene cierta consistencia ya que los apoyos de los socios de la coalición gubernamental no están lo suficientemente garantizados. Así pues, no parece lógico vincular las subidas retributivas de los complementos a la aprobación de una ley que ni siquiera está asegurada.
En lo que se refiere a los fiscales “ciertas cuestiones han de ser abordadas a la mayor celeridad, como son la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las Fiscalías Superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión en los anexos de la Ley 15/2003 (reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal) de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área”, dice el documento del acuerdo que se firmará este martes. Los aspectos retributivos son iguales a los de los jueces:
“Incremento de la cantidad a percibir por los miembros de la carrera judicial destinados en órganos colegiados en concepto de complemento de destino por representación en una cuantía mensual de 440 € brutos calculada sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas. Incremento de la cantidad a percibir por los miembros de la carrera judicial destinados en órganos unipersonales en concepto de complemento de destino por representación en una cuantía mensual de 450 € brutos calculada sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas. Incremento de la cantidad a percibir por los miembros de la carrera fiscal incluidos en las siguientes categorías : teniente fiscal y fiscal Tribunal Constitucional y Fiscalía del Tribunal Supremo teniente fiscal y fiscales de la audiencia nacional fiscales superiores y tenientes fiscales de las comunidades autónomas, Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado, Fiscalía antidroga contra corrupción y criminalidad fiscal, jefe y tenientes fiscales de Fiscalía provincial fiscal jefe de Fiscalía de área, 440 € brutos calculados sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas. Incremento de la cantidad a percibir por los miembros de la carrera fiscal incluidos en el resto de plazas de las categorías segunda y tercera 450 € brutos calculados sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas”. Estos son los puntos del acuerdo retributivo que la APM considera “insuficientes” porque, según sus dirigentes, “existe un calendario para hacerlos ejecutivos. No todos se aplicarán de manera inmediata”. Y, además, argumentan que las cantidades a cobrar son brutas. “Y muchos compañeros saltarán de nivel en la escala del IRPF por lo que el neto a percibir se verá muy reducido. Hasta cantidades ridículas”.
La Asociación Profesional de la Magistratura está hablando de lo mismo que el PP. Que en materia de impuestos este gobierno no está deflactando las tarifas con arreglo a la inflación. En eso también coinciden APM y PP.
Jo lo que digo y, pienso que no soy el único, es que no veo a los jueces prevaricadores en prisión. Seguramente la potestad para medir y castigar según sus intereses, es inagotable. el partido de ultraderecha está como en casa, como cuando franco vivía. Son intocables, pueden arruinar la vida de la gente, pueden ganar elecciones sin moverse de casa.
C.G.P.J – Consejo General del Poder Judicial. ¿Estos son los que controla la extrema derecha por detrás? ¿Los intocables aunque ataquen nuestro gobierno? ¿Aunque pongan el peligro la sociedad y sus derechos? Y, encima, les pagamos para que nos vapuleen la democracia. ¿No sería mejor enviarlos a casa o la prisión y dedicar lo que nos roban y les pagamos a hacer casa para la gente sin techo?
Lo peor, y también lo más oscuro de este país, es que se les puede juzgar, despedir, encerrar en el puto mako, mi querido drugo. Falta voluntad? Falta parte contraria? Falta que los que cobran cada día incoen algo?
Sobran las palabras.