El Defensor del Profesor de ANPE ha expresado su preocupación por el creciente número de agresiones a docentes en los centros educativos, señalando que estas agresiones «siguen aumentando» y que, de manera alarmante, se han registrado casos en los que se han utilizado armas blancas.
Según el informe Estatal del Defensor del Profesor, presentado recientemente por el sindicato, se realizaron 1.947 actuaciones durante el curso 2022-2023, de las cuales el 7% estuvieron relacionadas con agresiones de alumnos a profesores. Este porcentaje representa un aumento de un punto en comparación con el curso anterior. Las agresiones de padres a docentes se mantuvieron en un 3%.
El informe destaca la gravedad de que el 7% de los profesores utilice el servicio para informar sobre agresiones, y hace un llamamiento para que cualquier agresión sea sancionada de inmediato como falta muy grave, con la consecuente expulsión y cambio de centro del agresor.
La coordinadora estatal del servicio del Defensor del Profesor, Teresa Hernández Jiménez, señaló durante la presentación del informe que existen casos de estudiantes que llevan armas blancas al colegio, subrayando la necesidad de prestar atención a la salud de los alumnos y calificando cualquier caso de agresión como inconcebible.
El informe también aborda la complejidad creciente de los casos, incluyendo el ciberacoso, falsas acusaciones a docentes, agresiones físicas y acoso encubierto que llega a normalizarse. Entre los problemas informados por los docentes, el 22% menciona faltas de respeto, el 21% problemas para dar clase y otro 20% falsas acusaciones.
Se observa un aumento de los problemas relacionados con la digitalización, como el ciberacoso al profesor, suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarlo, envío de amenazas o presión para subir las notas. También se destaca el incremento e intensidad de los casos de violencia física.
Además, el Defensor del Profesor critica la falta de implementación del Coordinador de Bienestar, que debería haberse llevado a cabo desde el año pasado. Se señala una falta de concreción en la normativa estatal sobre esta figura, y en algunas comunidades autónomas, no se ha asignado espacio horario para realizar estas funciones o no se reconoce económicamente la realización de esta tarea.
