Banco Santander y el Estado español actúan coordinados para evitar la nulidad de la resolución del Popular

Tal y como hemos publicado en Diario16, uno de los puntos que se está dirimiendo en los tribunales europeos para anular la resolución del Banco Popular es la falta de medidas de actuación temprana que hubieran evitado la ruina de 1,2 millones españoles y españolas.

Al no implementar medidas preventivas, el Banco Central Europeo (BCE), en coordinación con la Junta Única de Resolución (JUR), conculcó de manera flagrante el principio de prudencia bancaria, ya que la aplicación de tales medidas hubiera evitado la adopción del dispositivo de resolución.

Las medidas de actuación temprana

Las medidas preventivas o tempranas se fundamentan en un principio general de la Unión Europea: el principio de precaución. Se trata de una potestad obligatoria que se debe ejercitar cuando exista alguna entidad que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, pero que se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio de un apoyo financiero público excepcional.

La adopción de las medidas de actuación temprana habría evitado la crisis generada por la resolución y la conculcación de los derechos patrimoniales de los afectados.

En los meses que precedieron a la resolución del Popular, concurrían las condiciones previstas en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre los umbrales para la activación de medidas de actuación temprana con arreglo a la Directiva 2014/59.

Sin embargo, la JUR no adoptó ninguna medida eficaz y permitió el deterioro paulatino de la situación. Esta irregularidad provocó que un banco solvente fuera resuelto por un problema de liquidez. Por tanto, si la JUR hubiera actuado a tiempo, el contenido del dispositivo de resolución hubiera sido diferente.

La alianza inquebrantable del Estado con el Santander

España es el país en el que el Gobierno de turno, sea de derechas o autodenominado de izquierdas, pone todos los recursos del Estado para favorecer los intereses de la banca frente a las víctimas de los abusos bancarios.

Si la entidad a defender es el Santander, entonces se multiplican los esfuerzos para que la Justicia no condene al banco presidido por Ana Patricia Botín. ¿Cuál es el precio de esta patente de corso? ¿Qué tiene el Santander para tener sometida a la democracia española?

En el Caso Popular, se demuestra, no sólo que España gasta dinero público para defender al Santander, sino que la Abogacía del Estado trabaja coordinada con los abogados del banco cántabro. Esto se demuestra en el hecho de que ambos utilizan los mismos argumentos frente al Tribunal General de la UE.

Banco Santander sostiene que las directrices de la ABE sobre los umbrales para la activación de medidas de actuación temprana no abordan la interacción entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución en lo referente al hecho de que se rebasen tales umbrales.

Por otro lado, señala que la JUR no es competente para adoptar ese tipo de medidas. Banco Santander considera que las medidas planteadas por los afectados del Popular son especulativas, y que estas no han demostrado que su adopción hubiese podido dar lugar a un resultado distinto. Esta alegación, en sí misma, también es una especulación.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en consonancia con los argumentos establecidos por el Santander, sostiene que, dado que la JUR no era competente para adoptar las medidas de actuación temprana mencionadas por las demandantes, las acciones o las medidas que el BCE hubiera podido poner en práctica carecen de pertinencia.