Algún jurista, por supuesto de los llamados “miembros del Partido Judicial” los jueces conservadores que maniobran contra todo proyecto de gobierno progresista, ha dicho que la amnistía es “inconstitucional” porque “la Carta Magna atribuye al poder judicial la competencia para juzgar y la amnistía, en la práctica, borra esta acción de los tribunales”. Ello se interpreta como un intento a la desesperada de implicar al máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en un asunto que concierne exclusivamente a los políticos representados en las Cortes. Decir que una amnistía finiquita la acción de los tribunales es una barbaridad de quien no entiende el principio de separación de poderes.
Los juristas que sostienen esta tesis señalan que una amnistía “podría ir en contra del principio de que corresponde en exclusiva a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Además, aseguran que una amnistía destinada a favorecer a los líderes del “procés” puede acabar por beneficiar a los que, en su día, represaliaron a los participantes en el 1-O de 1979 con lo que se vulneraría la tutela judicial efectiva de los que presentaron denuncias contra los agentes que se encuentran expedientados o pendientes de juicio por presuntos delitos de lesiones.
Esos juristas insinúan que se debería tomar en cuenta la opinión del Consejo General del Poder Judicial por ser un asunto que compete a la justicia, a los jueces en lo que se refiere a su acción profesional. Es cierto que si la iniciativa legislativa la adopta el gobierno en Consejo de Ministros, esta deberá someterse a varios filtros de tipo consultivo. Deberá ser examinada por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial pero lo que dictaminen ambos organismos no tiene carácter vinculante. De todas maneras, hay quien propone, desde el lado de los independentistas catalanes, que se opte por la llamada “vía rápida”. Que un acuerdo alcanzado por la izquierda parlamentaria sea presentado por los grupos representativos del Congreso, por ejemplo, PSOE, Sumar y Esquerra Republicana de Catalunya, como proposición de ley lo que evitaría el trámite consultivo de los organismos institucionales. La idea es desechada por los negociadores del PSOE quienes tienen muy presente los errores legislativos cometidos en el pasado y que dieron lugar a graves problemas judiciales como fue la famosa ley del sólo si es sí. En caso de acuerdo se prefiere que se apruebe una declaración de intenciones que luego el gobierno desarrollará mediante una ley de amnistía que se presentará en el Congreso de los Diputados, siendo muy elaborada técnicamente para evitar que su seguro paso por el Tribunal Constitucional se convierta en un obstáculo insalvable.
Otro de los graves problemas que se están encontrando a la hora de negociar esta iniciativa que, recordemos, es una línea roja establecida por Junts y ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, es que un sector de la izquierda considera “discriminatoria” una amnistía sólo y exclusivamente para los líderes del “procès” y todos aquellos que participaron, olvidándose de otros represaliados. El analista Antonio Maestre pide que esa ley de amnistía “se haga extensiva a todas las personas encausadas, condenadas y denunciadas por participar en procesos de detención de desahucios, por el artículo penal contra la libertad religiosa, por el delito de injurias a la corona, a los encausados por cualquier tipo de protesta laboral, como los hechos de los astilleros en Cádiz, por los derivados de la ley mordaza, para los perseguidos por delitos derivados de la participación en huelgas, es decir, para todas aquellas personas que han sido condenadas por actos de protesta y en su ejercicio de los derechos civiles sin circunscribirlos a los hechos del 1 de Octubre y del procés. Una ley de amnistía que no recoja a los seis antifascistas de Zaragoza y sí a Carles Puigdemont será una cesión a privilegiados manchada de ignominia”. Así pues, se ha abierto la caja de pandora porque, también por esa regla de tres, Bildu puede pedir la amnistía para los miembros de ETA con el apoyo de PNV. Por pedir se puede pedir la luna.
Por eso ya se ha entrado en el terreno más resbaladizo tanto de un lado, la derecha, como del otro, la izquierda. La única solución para acabar con este estado de cosas que sólo perjudica a la negociación es lo que antes se ha mencionado aquí mismo: un documento de declaración de intenciones que satisfaga lo suficiente a los independentistas catalanes. Luego ya habrá tiempo para plasmarlo en un proyecto de ley que contente a todos.
Eso sí. Hay que olvidarse de la barbaridad que expone la derecha judicial de que una amnistía vulneraría las competencias de los jueces que son quienes juzgan y ejecutan lo juzgado. Si. Pero no hay que olvidar que la ciudadanía, según los últimos sondeos de opinión, entre otros el del CIS, suspende a la justicia que se encuentra muy desprestigiada. Y que existe la sospecha de que las acciones judiciales llevadas a cabo contra los lideres independentistas catalanes obedecen a represalias y no tanto a una correcta y justa evaluación de los hechos que tuvieron lugar en el otoño de 2017. De ahí que se intente “desjudicializar el conflicto”, y trasladarlo al ámbito político. Pero, como se está comprobando, lo que se pretende es muy complicado y polémico.
En realidad, lo que están diciendo los jueces, es que la amnistía lo que hace es corregir los desmanes de los jueces del procés. Es decir, toda la gestión de esa posible amnistía, dejará patente que el juicio del procés fue una persecución política por parte de la Justicia, cuyo objetivo fue escarmentar al independentismo, en lugar de esclarecer los hechos y hacer justicia. Y eso es lo que preocupa a los jueces.