La “Nueva Visión del Estado de Derecho de la ONU”, un informe hecho público por el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ofrece datos alarmantes sobre la protección judicial en el mundo. 250 millones de personas no tienen acceso efectivo a la justicia, “viven en condiciones de profunda injusticia”, privados de cualquier protección significativa de la ley. Las mujeres y los niños son los que se enfrentan a los mayores obstáculos para acceder a la justicia. Unos 1.000 millones de mujeres están desprotegidas ante posibles actos de violencia sexual por parte de una pareja, y 1.500 millones carecen de protección legal ante el acoso sexual en el trabajo. Son las cifras mas relevantes facilitadas por el alto funcionario de Naciones Unidas, pero no las únicas. Las conclusiones son demoledoras.
Sin ofrecer datos concretos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que la mayoría de la población carece de herramientas legales como son los títulos de propiedad de las tierras que les pertenecen, documentos de residencia, documentación de la vivienda en donde habitan, y están empleados en la economía sumergida sin contrato lo que les priva del acceso adecuado a la atención médica, la educación, los préstamos bancarios y a mejores empleos. El relator no justifica la falta de publicación de datos concretos sobre estas carencias, pero son obvias las dificultades para obtenerlos porque la población afectada tiene miedo a exponer su situación por temor a represalias. Ocurre en la llamada “economía informal” conocida en España como “economía irregular” o Economía sumergida” donde sólo existen estimaciones, pero nunca datos contrastados.
Más llamativo es el hecho de que una gran parte de la población son propietarios de tierras, pero no poseen los títulos de propiedad acreditativos lo que les deja desprotegidos ante acciones legales de terceros. El alto comisionado sí especifica que 4.500 millones de habitantes, el 60% de la población mundial, están excluidos de las protecciones y oportunidades sociales, económicas y políticas que la ley les debería garantizar. Con este dato no es difícil calcular el de la población que no cuenta con la cobertura legal suficiente como para justificar sus propiedades y su situación social.
Según la ONU, en materia judicial no se están cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16. El ODS 16 es un documento aprobado por Naciones Unidas en 2015 con el que se pretende “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles». El Objetivo tiene metas que deben alcanzarse para 2030. El progreso hacia las metas se medirá mediante indicadores y, según Volker Türk, en materia judicial no se están cumpliendo. “Los objetivos comprometen a los estados a promover sociedades pacíficas e incentivos para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos, construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”
Si los datos sobre protección judicial invitan a la alarma, peor son los que se refiere a la corrupción. El alto comisionado advierte de que este fenómeno “es otro impedimento para la buena gobernanza y la justicia”. Refleja un informe sobre desarrollo sostenible en el cual se señala que el 15 por ciento de las empresas del mundo “reportan solicitudes de sobornos a funcionarios públicos”. La cita textual del alto funcionario de la ONU se traduce de una manera más cruda: el 15 por ciento de las empresas en el mundo han sobornado o intentado sobornar a funcionarios públicos. En este sentido cabe destacar que, aunque el informe no concreta los países donde más está extendida la corrupción, los recientes informes de la UE señalan que España ocupa el primer lugar de los 27 en esta siniestra lista.
El informe de la ONU señala, también, que la corrupción en el poder judicial “socava gravemente la legitimidad y confianza en el estado de derecho”. Türk advierte que “cuando las personas no creen en la legitimidad y eficacia de las instituciones públicas ni en su capacidad para abordar conflictos, las quejas crecen y se enconan convirtiendo las tensiones en violencia”. El informe de la ONU destaca que el estado de derecho es un componente central de la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. El organismo supranacional dice, textualmente, que “los derechos humanos están en el centro del estado de derecho y del fomento de la confianza en las instituciones públicas”. En ese sentido, el documento Nueva Visión del Estado de Derecho dice que “la Visión reconoce no sólo que el estado de derecho ha de servir para generar confianza, sino que debe estar alineado plenamente con los derechos humanos”
La ONU ha repetido machaconamente sus advertencias sobre la falta de protección judicial en la casi totalidad de los estados miembros. Lo que nunca había difundido de manera global son estos datos tan escalofriantes que los gobiernos sólo publican parcialmente por lo que, en muchas ocasiones, nadie repara en ellos. Situaciones como las que viven las mujeres en Irán o Afganistán se quedan pequeñas al conocerse que hay mil millones en el mundo que pueden estar viviendo situaciones similares y para las cuales las autoridades judiciales no tienen los mínimos estándares de protección mirando para otro lado en la casi totalidad de las veces, argumentando motivos religiosos, culturales o sociales.
Y más alarmante es comprobar que, a estas alturas del Siglo XXI, todavía hay quien, siendo propietario, carece de los títulos acreditativos de dicha propiedad. O que siguen siendo explotados en las “economías informales”. O, lo más contundente aún, que 250 millones de habitantes de este mundo, carecen de cualquier protección legal. Viven en la extrema injusticia.
Si solo fuera el 15% seria la leche.
Lo que el informe refleja, es el funcionamiento básico del neoliberalismo. El modelo que se quiere instaurar en todo el planeta. En España hay enormes recursos invertidos en ese objetivo.