Tal y como publicamos en Diario16, la defensa de Ángel Ron ha presentado en la Audiencia Nacional un informe pericial realizado por José Antonio Iturriaga Miñón, inspector del Banco de España en excedencia.
En el documento, al que este medio ha tenido acceso, se señala que las inspecciones del Banco Central Europeo (BCE) se realizan bajo premisas supervisoras de máxima prudencia que no siempre están alineadas con la normativa contable aplicable y estrictamente exigible en cada momento. En concreto, las inspecciones pueden anticipar la entrada en vigor de la normativa. Esta es la razón por la que sus resultados y conclusiones, en el Caso Popular, se traducen en recomendaciones y no en requerimientos de obligado cumplimiento.
La coincidencia de fechas entre la «On Site Inspections» (OSI) y la ampliación de capital de Banco Popular de 2016 es un hecho muy significativo para entender el informe pericial de Iturriaga Miñón. El documento muestra la imposibilidad e incorrección absoluta de retrotraer cualesquiera de las conclusiones de la OSI al ejercicio 2015, tal y como pretende la Fiscalía.
«De haber sido de obligada observancia normativa para Banco Popular el resultado de la OSI se hubiera obrado con falta absoluta de diligencia y de responsabilidad por parte de los organismos reguladores competentes en la ampliación de capital, al permitir una ampliación de capital como la de Banco Popular sin que los resultados de la OSI tuvieran que ser retrospectivos y ajustarse cifras de 2015», afirma el escrito.
En el caso de que BCE, Banco de Españay la CNMV hubieran considerado realmente que los déficits estimados en la OSI se correspondieran con incumplimientos contables correspondientes al ejercicio 2015, su actuación en el momento de la ampliación de capital tendría que haber sido otra muy distinta.
El escrito indica que el BCE no consideró que los resultados de la inspección indicaran un déficit de provisiones o un problema de solvencia que debieran ser tenidos en cuenta en los estados financieros que sirvieron de base para la ampliación de capital.
«Aunque el BCE conoció los resultados provisionales de la OSI de noviembre de 2016, consideró que las cuentas de Banco Popular y lainformación que se dio en la ampliación de capital no presentaban ningún problema normativo, porque los resultados de la inspección reflejaban necesidades adicionales de provisiones que surgían de los nuevos estándares contables que iban a aplicarse a partir de entonces (octubre de 2016)», señala el escrito.
En consecuencia, el BCE no consideró incorrectas las cuentas anuales ni la información de la ampliación de capital porque los resultados de las inspecciones no son contables sino recomendaciones prudenciales y, de adoptarse, lo serían de registro prospectivo, nunca retrospectivo, tal y como ha inducido a hacer la Fiscalía.
La manera de registrarse prospectivamente es prueba de que no había errores en la contabilidad del ejercicio 2015. El escrito señala que, según la propia normativa contable, incorporar estas recomendaciones en la cuenta de resultados de Banco Popular «se consideran técnicamente cambio de estimaciones por información posterior y nunca errores del pasado».
El folleto de la ampliación de 2016
En el folleto de la ampliación de capital de 2016 se había informado repetida y adecuadamente que en las cuentas anuales del 2016 se iban a dotar provisiones adicionales muy significativas y se iba a incurrir en pérdidas contables elevadas como resultado del impacto que representaba la nueva normativa sobre refinanciaciones y constitución de provisiones.
«En consecuencia, los inversores contaban con toda la información necesaria a la hora de decidir acudir o no a la ampliación de capital, puesto que eran conocedores de que dichas provisiones se iban a llevar a cabo», señala el documento.
Independientemente, la resolución de Banco Popular se produjo en junio de 2017, momento en el que las provisiones que la ampliación de capital anunciaba estaban registradas. Este hecho evidencia que el motivo de la resolución nada tiene que ver con los resultados de la OSI, ni el momento en el que se deberían registrar.
En este sentido,el informe pericial del Banco de España de abril de 2019 que es contundente al afirmar que «la resolución de Banco Popular se produce como consecuencia de una crisis de liquidez» jamás de solvencia.
PARECE QUE LOS FONDOS BUITRE HOY QUIEREN HUNDIR LAS ENERGÍAS RENOVABLES PARA FAVORECER LAS ENERGÍAS FÓSILES Y ASÍ DESTRUIR EL PLANETA EN DOS AÑOS…
LOS FONDOS BUITRE SE METIERON EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS Y YA SABEMOS LO QUE ESTÁ OCURRIENDO..
A la vista de toda la trayectoria seguida por el Ministerio Fiscal en este caso, sólo cabe concluir dos cosas: o que la Fiscalía es tonta, o que la Fiscalía está corrompida.