Los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP contra cinco decretos-ley, por considerar que el gobierno ha abusado de esta forma de legislar, han sido rechazados por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la mayoría progresista de la corte de garantías avala esta forma de gobernar que, además, no es ninguna novedad. Ya lo hicieron Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy durante sus mandatos. El gobierno de coalición ha presentado 93 decretos-ley, algunos de gran calado como son la reforma laboral y la reforma de pensiones, que luego se han convertido o se convertirán en leyes aprobadas por el Parlamento. (El ejecutivo se ha comprometido en el Congreso a convalidar como proyecto de ley la reforma de pensiones)
El decreto-ley es una forma de gobernar que la Constitución considera “excepcional” y, por lo tanto, requiere una tramitación urgente. El Partido Popular considera que el gobierno progresista “ha abusado” de esta forma de legislar con normas cuya urgencia no era necesaria. El Constitucional ha avalado cinco decretos-ley en los que la derecha cuestiona el presupuesto que la Constitución exige para utilizar este mecanismo.
Uno de los decretos-ley se refiere al que equipara el permiso de paternidad con el de maternidad. El fallo del TC afirma que el gobierno ha explicado y razonado de forma suficiente la situación de “extraordinaria y urgente necesidad que justifica la norma de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La demora que se estaba produciendo en la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres exigía acción normativa«.
Otro decreto declarado constitucional avala la regulación urgente del impuesto de plusvalía. El tribunal considera adecuadas las medidas adoptadas “por la exigible conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad”, y que “su aprobación fue necesaria para reemplazar la norma declarada inconstitucional en 2021, lo cual permitió el cobro del impuesto por parte de las entidades locales”.
Recordemos que, ese año, el Constitucional declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía tal y como se venía recaudando hasta la fecha, y, además, con efectos retroactivos. Ello generó una paralización del proceso recaudatorio de los ayuntamientos con consecuencias imprevistas en el ámbito económico de las corporaciones locales al ser este impuesto una de sus principales fuentes de ingresos. El gobierno modificó los aspectos inconstitucionales mediante decreto-ley para que las corporaciones pudieran seguir su proceso recaudatorio. El PP consideró “inconstitucional” esta “vía rápida” a pesar de que perjudicaba a muchos ayuntamientos gobernados por ellos: el más importante, el de Madrid.
Otro decreto-ley recurrido por los populares se refiere a las medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres en sus puestos de trabajo. En esta norma, el gobierno volvió a justificar “suficientemente”, a juicio del TC, la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Y es que todas las normas recurridas tienen un denominador común: en su preámbulo se justifica adecuadamente la utilización de la fórmula del decreto-ley por razones de urgencia y de especial necesidad. Es más, en la totalidad de los debates que se produjeron en el Congreso de los Diputados para convalidar los decretos correspondientes, el gobierno se comprometió a remitirlos como proyecto de ley para su discusión por las Cortes. Algo que, hasta el momento, se ha cumplido.
De todas maneras, y por si la derecha duda de la ecuanimidad del Constitucional, la corte de garantías, en su último aval advierte al ejecutivo de que no debe “abusar” de la fórmula del decreto-ley y sólo debe utilizarla de forma excepcional.
Una fórmula que los gobiernos han manejado con tanta frecuencia que, incluso, ha habido casos en los que sí se puede hablar de “abusos”. UCD, en el último mandato de Adolfo Suárez, legislaba por decreto-ley porque temía perder votaciones debido a la división existente en sus filas algunos de cuyos barones ya se habían inclinado a favor de los socialistas. Aún así, a nivel global los gobiernos de Unión de Centro Democrático sólo utilizaron la formula del decreto-ley en 51 ocasiones.
Al PSOE no le hizo falta legislar de esta manera porque tenía mayoría absoluta. Felipe González la utilizó en 129 ocasiones en 14 años. Al PP de Aznar le faltaban votos en su primer mandato. Y abusó del decreto-ley de tal manera que en siete años presentaron 130 textos legales de esta naturaleza, el mayor número a pesar de que la derecha diga que ha sido Sánchez el que ha batido récords. No es así. Sánchez, en el gobierno de coalición sólo ha utilizado la formula del decreto en 93 ocasiones.
También José Luis Rodríguez Zapatero gobernó por decreto-ley en su primera legislatura. En total presentó 108 normas en siete años. Algo similar a lo que ocurrió con Mariano Rajoy en su segundo mandato no siendo necesario hacerlo la primera vez por tener mayoría absoluta en el Parlamento. En siete años utilizó el decreto-ley en 127 ocasiones. Si relacionamos el número de decretos-ley con los años de mandato se puede comprobar que la derecha de Aznar y Rajoy, con sólo siete ejercicios, los utilizaron mucho más que los socialistas. Y sobre todo que Pedro Sánchez.
La Constitución es muy clara al respecto. Se puede gobernar por decreto-ley, pero con ciertos límites. Se requiere urgencia y necesidad de promulgar la norma y, salvo casos muy justificados, se debe remitir como proyecto de ley a las Cortes para que los grupos puedan proponer las enmiendas que consideren oportunas. Sólo de esa manera se garantiza el juego democrático y la participación, según la Carta Magna.
La credibilidad democrática, la imagen que deben dar los gobiernos, es el argumento que se suele manejar para reducir al máximo la fórmula del decreto-ley. Se dice, y no sin cierta razón, que gobernar por decreto-ley es hacer caso omiso al parlamento. Es una fórmula autoritaria, casi dictatorial. Pero en España se ha utilizado con frecuencia como acabamos de comprobar. Es verdad que el gobierno progresista la ha utilizado con demasiada frecuencia. Pero, como siempre, la derecha se “olvida” de lo que ellos hacían cuando estaban en el Gobierno.
