El entramado societario de Alberto González, pareja de Ayuso, para evadir impuestos, con una empresa en un paraíso fiscal

La sombra de la corrupción se cierne sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras revelaciones de que habría utilizado un complejo entramado de empresas para fabricar facturas falsas y eludir impuestos. La investigación de la Agencia Tributaria apunta a un meticuloso esquema de fraude fiscal que implica la emisión de facturas por servicios inexistentes, sumando un total de 1,7 millones de euros, y la inmediata retirada de los fondos abonados, a menudo en efectivo, para dificultar su rastreo.

Ayuso y la empresa de su novio en un paraíso fiscal

El 21 de marzo de 2013, se constituyó en Panamá la Sociedad Anónima Insumos Médicos del Pacífico, según ha desvelado El Plural. Entre sus directivos figuraba Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso al que la Agencia Tributaria acusa de utilizar facturas falsas para desviar beneficios millonarios durante la pandemia. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid administró esa sociedad hasta 2022, si bien es cierto que desde 2015, la sociedad ha estado inactiva hasta su disolución, y nunca tuvo ni movimientos ni cuenta corriente en bancos.

Ocho empresas para defraudar

González Amador se valió de ocho empresas, carentes de empleados y actividad real, para generar estos documentos fiscales espurios, según un informe de la Agencia Tributaria obtenido por elDiario.es. Este expediente ha conducido a la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía, por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Entre las maniobras destacan la utilización de un supuesto testaferro mexicano, Maximiliano Eduardo Niederer, para emitir facturas por valor de 620.000 euros a través de empresas sin ninguna actividad económica.

La trama se extiende a sociedades andaluzas y una entidad panameña, evidenciando un patrón de conducta destinado a evadir obligaciones fiscales por las lucrativas comisiones obtenidas en la venta de material sanitario durante la pandemia. La implicación de Niederer es particularmente reveladora, ya que, a pesar de sus declaraciones contradictorias ante la Agencia Tributaria, se le identifica como pieza central en la generación de facturas sin respaldo de servicios reales.

También en Costa de Marfil

Este caso se agrava con el intento de hacer negocios en Costa de Marfil relacionados con vacunas, que terminó en otro conjunto de facturas por casi un millón de euros por comisiones nunca justificadas. Este modus operandi sugiere un deliberado intento de reducir la carga tributaria de González Amador mediante el uso de facturas ficticias y la manipulación de los ingresos de sus empresas.

El uso de sociedades pantalla y la implicación de empresas andaluzas, que vaciaban sus cuentas tras recibir los pagos, configuran un esquema donde las transacciones económicas reales quedan oscurecidas por operaciones financieras dudosas. Este sistema permitió a González Amador presentar gastos por negocios inexistentes y trasladar ingresos entre sus empresas para minimizar impuestos.

Además, la operación con una empresa vinculada al grupo Quirón revela cómo se simularon acuerdos para justificar transferencias económicas carentes de fundamento real. La Agencia Tributaria cataloga estas acciones como parte de un patrón organizado tendiente a evitar la tributación, con implicaciones que van más allá de simples errores contables.

¿Lo sabía Ayuso?

La magnitud del fraude descrito en el informe de la Agencia Tributaria y la consiguiente acción legal por parte de la Fiscalía subrayan la seriedad de las acusaciones contra la pareja de Ayuso. Este entramado societario diseñado para la evasión fiscal no solo arroja dudas sobre la integridad financiera de González Amador, sino que también plantea preguntas incómodas sobre la vigilancia y la ética en el entorno de una de las figuras políticas más prominentes de Madrid.

A medida que la investigación avanza, la atención se centra en las repercusiones políticas y legales de estas revelaciones. El caso pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema tributario español para combatir la evasión fiscal y asegurar la equidad, especialmente cuando los implicados ocupan posiciones cercanas al poder político. La trama de Alberto González Amador no solo constituye un episodio de fraude fiscal, sino que también refleja las tensiones entre la responsabilidad pública y la conducta privada en las esferas más altas de la política española.