La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha elaborado un Dictamen Ambiental favorable al proyecto de la empresa Minera Los Frailes (MLF), de reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar, cerrada tras la catástrofe ambiental de abril de 1998, que se produjo como consecuencia de la rotura de la balsa de BOLIDEN, vertiendo 6,5 Hm3 de lodos tóxicos al río Guadiamar.
El Dictamen Ambiental se otorga a Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, a pesar del juicio oral que se va celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía «acusadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental», según ha denunciado Ecologistas en Acción.
Sospechas sobre la adjudicación de los derechos mineros en Aznalcóllar
Allí, según la organización, se juzgará «la sospechosa adjudicación de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de Minera Los Frailes (MLF). También se juzgará a los hermanos López Magdaleno, socios minoritarios de MLF que actuaron como conseguidores de esos derechos, y la propia MLF consta como posible responsable civil subsidiaria en ese juicio».
Ecologistas en Acción ha instado a la Audiencia de Sevilla a la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral en 2025, porque entienden que «los principios de precaución y de seguridad jurídica» así lo aconsejarían.
Un caso similar a Portugal
Las prácticas posiblemente corruptas que se enjuiciarán «se asemejan bastante a las que han desembocado en la reciente dimisión del Primer Ministro de Portugal, en relación a la adjudicación de permisos para minas de litio», considera la organización ecologista.
El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre, propone autorizar, durante la fase preoperacional previa al reinicio de la actividad minera, el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la Corta de Los Frailes (CLF) y el vaciado parcial de la Corta de Aznalcóllar (CAZ). Esta última alberga gran cantidad de los lodos tóxicos que se recogieron tras el vertido de 1998.
El vaciado inicial se realizaría durante 18 meses, mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA) situada en el recinto minero hasta el Estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla, frente al estadio olímpico. Ecologistas en Acción calcula que «en total se verterían 15 Hm3 de la CLF y 2,52 Hm3 de la CAZ. Posteriormente, durante la operación de la nueva mina subterránea (fase operacional) se pretende autorizar un vertido tóxico continuo de 4 Hm3/año durante 17 años».
Zona de especial protección Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir
En total, la Junta de Andalucía propone autorizar «un vertido tóxico global de 85,52 Hm3 en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana».
Según explica la organización ecologista, a pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar «tiene un alto contenido en metales como Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg) Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes».
Esta Zona de Especial Conservación (ZEC) cuenta con unas 4.772 hectáreas pertenecientes en su mayor parte a la provincia de Sevilla. Este lugar destaca en la red Natura 2000 de Andalucía por su especial importancia para la conservación de los hábitats de ribera, de algunas especies de peces de la Directiva Hábitats y, en general, del ecosistema fluvial y su función esencial de conectividad al ser corredor ecológico. Se encuentra designada por Europa como lugar de interés comunitario (LIC) por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres
Tomas de riego de 36.000 hectáreas de arrozales
En ese tramo del río se localizan las tomas de riego de las 36.000 has de arrozales «que pondrán en cuestión su seguridad alimentaria y donde se crían los alevines del caladero del golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona estará asegurada», señala Ecologistas en Acción, y critica que «el vertido propuesto ha contado con el visto bueno de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, anteponiendo los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores».
Advierte, al tiempo, que «hay que tener en cuenta que este vertido se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces para su proyecto polimetalúrgico PMR, cuyo punto de vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, unos 4 km aguas arriba, junto al puente viejo de La Algaba, con un volumen total autorizado de 2,34 Hm3 durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32,76 Hm3 de vertido igualmente tóxico y altamente contaminante de los mismos metales pesados».
Ecologistas en Acción, como parte personada en el procedimiento, ha anunciado que presentará alegaciones y recurrirá ante los tribunales lo que define como » un atentado ambiental», y que seguirá «atento contra las habituales prácticas corruptas de las grandes multinacionales mineras».
