El Gobierno ha reactivado la ley de lucha contra la trata de personas y anunció un incremento en el apoyo a las víctimas de violencia sexual, en un contexto marcado por el compromiso con la igualdad de género. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, se presentaron nuevas iniciativas para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
Ley contra la trata de personas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la importancia de la ley contra la trata de personas, señalando que se trata de un proyecto significativo que incluye medidas de varios ministerios. “Esta no es una ley punitiva, sino que se enfoca principalmente en la prevención y en la concienciación sobre las víctimas”, explicó Redondo. La ley propone medidas concretas de apoyo a las víctimas, como el acceso al ingreso mínimo vital, la prioridad en la asignación de vivienda pública, asistencia jurídica y derecho a indemnizaciones con fondos decomisados a organizaciones criminales.
Ya se aprobó en 2022 pero decayó
El anteproyecto de ley fue inicialmente aprobado en Consejo de Ministros en noviembre de 2022 pero su tramitación se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones. Aunque inicialmente no se mencionó en las primeras apariciones públicas de la ministra, en una entrevista reciente, Redondo aseguró que el proyecto estaba siendo revisado para asegurar su efectividad.
Además, el Gobierno se comprometió a ampliar las ayudas a las víctimas de violencia sexual, ofreciendo un subsidio equivalente a casi seis meses de desempleo, disponible en un único pago o distribuido mensualmente, a aquellos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Este soporte económico, que previamente se otorgaba solo a víctimas de violencia de género, se extiende ahora a víctimas de otras formas de violencia sexual.
Protocolo de actuación ante casos de acoso y abuso dentro de la AGE
Otro anuncio relevante fue la actualización del protocolo de actuación ante casos de acoso y abuso dentro de la Administración General del Estado. Redondo justificó esta medida como «lógica, necesaria y coherente», reafirmando el compromiso del Gobierno con la creación de entornos laborales seguros y libres de violencia.
Estas iniciativas reflejan el esfuerzo del Gobierno por atender las demandas de justicia y apoyo para las víctimas de trata de personas y violencia sexual, marcando un paso adelante en la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.
