El 40,5% de las personas mayores aseguran que nunca han accedido a internet. Es evidente que las sociedades modernas están creando un nuevo gueto: el que forman aquellos grupos de edad que no saben, no pueden o no quieren adaptarse ya a las nuevas tecnologías y al mundo virtual que ha llegado para quedarse. La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha advertido de que la digitalización está «excluyendo» a «muchísimas personas» no solo en los bancos sino también en «la administración pública», pues hay personas que ni siquiera pueden pedir el Ingreso Mínimo Vital al que tienen derecho, informa Europa Press.
«La Administración Pública digital está excluyendo a muchísimas personas, hay muchos trámites de peticiones de ayudas que son tan complicados para una persona con habilidades digitales limitadas», ha declarado Natalia Peiro en una entrevista con Europa Press.
Hace solo unos días, Carlos San Juan, un jubilado de 78 años, conseguía llevar al Congreso de los Diputados la problemática de las personas mayores a las que los bancos están marginando presionándolos para que hagan sus gestiones por internet. Su campaña Soy mayor, no idiota no solo ha recibido el apoyo de la sociedad, sino que también ha servido para que Nadia Calviño dé un plazo de un mes a las entidades bancarias para garantizar un servicio humano a la gente de su generación, y para concretar una reunión con el Gobierno y el gobernador del Banco de España.
San Juan ha reconocido que todos estos avances los toma con cierto escepticismo. “Lo que queremos es ver hechos consumados. Nos parecen bien las reuniones y buenas intenciones, pero hacemos un ruego para que sigamos hasta que realmente la situación cambie”, explica.
La marginación digital pone en peligro la estabilidad emocional y la salud mental de millones de personas mayores que hasta hoy se consideraban integradas en la sociedad pero que con la llegada de las nuevas tecnologías se sienten rechazadas, marginadas, aparcadas. La mayoría de ellas terminan generando sentimientos de frustración, ansiedad y miedos cuando tienen que realizar cualquier tipo de trámite burocrático por simple que este sea. Algunos se retraen y dejan de cumplir con sus obligaciones, lo que acaba condenándolos a la exclusión social.
Según Natalia Peiro, las organizaciones están para ayudar a las personas, pero insiste en que «los servicios sociales deben mantener una presencialidad si no quieren dejar a un montón de gente fuera».
Un derecho esencial
«La digitalización ha sido forzosa en el uso pero no hay una formación, una capacitación, y esto está haciendo que mucha gente que pudiera tener acceso a un derecho, se vaya quedando fuera», subraya, al tiempo que añade que «no sería justo».
Además, ha precisado que organizaciones como Cáritas quieren «acompañar y orientar» a las personas que acuden en busca de ayuda y «no dedicarse a hacer formularios o a estar rellenando todo el día cosas imposibles porque la Administración no cuenta con que sus destinatarios no tienen esas habilidades digitales».
Es lo que Cáritas denomina «el nuevo analfabetismo digital», un escalón demasiado alto para muchas personas. «España no es tan digital como creemos o como queremos, hay muchas cosas en que todavía se deben hacer un esfuerzo más grande para que todas las personas puedan llegar», ha afirmado, al tiempo que reclama que las «puertas o ventanas digitales» no sustituyan a la realidad.
Esta exclusión digital se manifiesta también en los bancos, tal como ha denunciado recientemente San Juan, que ha recogido más de 560.000 firmas en la plataforma Change.org pidiendo un trato «más humano» hacia las personas mayores en las entidades financieras.
Si bien esta exclusión financiera se extiende también a otras personas en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a un ordenador o a Internet. Según los últimos datos de Cáritas, el 35% de hogares españoles están en una situación de «apagón digital» –sin conexión o dispositivos–, un porcentaje que aumenta hasta el 68% en hogares formados por mayores de 65 años.
Además, Cáritas Española trabaja con los bancos para garantizar que las personas más vulnerables puedan abrir una cuenta bancaria básica para que les puedan ingresar las prestaciones sociales a las que tienen derecho.
«En teoría, el Banco de España dice que las entidades están obligadas a abrir cuentas de pago básicas aunque no cumplas ciertos requisitos porque hay personas que no cumplen casi ningún requisito pero tienen derecho a una pensión no contributiva o al IMV, pero si no te abre el banco la cuenta, no puedes cobrarla. Ahí trabajamos con ellos para que cumplan con ese derecho», ha explicado Peiro.
