El «incompatible» Albella comparece como testigo del Caso Popular

En octubre vencerá el mandato de Sebastián Albella, presidente de la CNMV, nombrado hace cuatro años, después de un acuerdo entre Luis de Guindos, a la sazón Ministro de Economía del PP y actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y Luis Garicano, actual eurodiputado de Ciudadanos y, curiosamente, ex consejero de Liberbank, entidad para la que Albella decidió prohibir las posiciones cortas que asediaban el banco asturiano, mientras que nada había hecho cuando, meses antes, las mismas cercaban al Banco Popular.

Se ha abierto, pues, un debate sobre su posible renovación en el cargo. Todo su mandato ha estado rodeado de polémica. Ni en el Partido Popular, ni en la oposición se entendió su nombramiento, en la medida que Albella, Abogado del Estado, había sido durante años Socio Director del despacho Linklaters en España, y por tanto, era previsible que Albella tuviese que entender en la CNMV de asuntos que habrían pasado anteriormente por el despacho que dirigía. Y así ha sido a lo largo de estos cuatro años.

Es ̈la incompatibilidad en persona, en palabras de reconocidos miembros del Gobierno del PP. Los escándalos han ido jalonando su mandato, siempre con el mismo formato: asuntos que afectan a compañías cotizadas y que anteriormente habían sido asesorados por Linklaters con Albella a la cabeza o inmediatamente después de su salida.

Recientemente, VozPópuli se hacía eco del último de ellos, bajo el título «Albella, Linklaters y Codere: las 15 explosivas preguntas de los Martínez Sampredo» en el que pone de manifiesto del papel de Linklaters y Albella, ya desde la CNMV, en el ataque de los fondos de inversión que controlan a la compañía cotizada, en plena batalla con la familia fundadora. Hace unas semanas, el mismo medio publicaba que «Correos de los fondos de Codere que mencionan a Linklaters comprometen la presidencia de Albella en la CNMV».

También el diario Hispanidad le dedicaba en febrero pasado un espacio a Albella para describir su carácter de «burócrata opaco», con motivo de la presentación de la memoria anual de la CNMV. En diversas ocasiones el mismo diario se había hecho eco del conflicto de incompatibilidades entre la posición de Albella como presidente y como asesor de cotizadas como Realia y Día, asunto éste en que el carácter de Linklaters como asesor de Letterone, la compañía del ruso Fridman, ha generado regueros de tinta.

Pero el asunto más sorprendente es el caso del Banco Popular. Albella, en su calidad de Socio Director de Linklaters asesoró al Banco Popular en su operación de ampliación de capital en mayo de 2016. La intervención de Albella en el consejo que decidió la operación fue absolutamente concluyente en cuanto a su conveniencia y a la bondad del procedimiento seguido para su adopción. Es más, citaba la regla de discrecionalidad empresarial en cuanto a las decisiones estratégicas de una empresa: los consejeros que toman una decisión estratégica de refuerzo patrimonial de una compañía cotizada, como era el Popular, bajo un procedimiento establecido y en ausencia de conflicto de intereses, están eximidos de responsabilidad. Para más confort de los consejeros, Linklaters emitió la opinión legal que solicitaron los bancos de inversión aseguradores de la operación.

Además, el Popular, presidido por Ángel Ron, contrató los servicios del despacho de Albella, para la defensa de los intereses de la compañía ente el ataque del grupo mexicano, encabezado por Antonio del Valle y su primo Jaime Ruiz Sacristán, recientemente fallecido víctima del coronavirus. El ataque del grupo mexicano fue tanto mediático, con la propagación de noticias que resultaron ser falsas, como en los mercados, con un incremento de posiciones cortas hostiles, que se sospecha estaban siendo patrocinadas por el propio Del Valle.

A consecuencia de ese ataque, Ron decidió renunciar para que cesaran los ataques que ponían en riesgo la estabilidad de la institución. En ese momento, el Popular tenía en bolsa un valor cercano a 4.000 millones de euros y una liquidez superior a los 13.000 millones de euros. La solvencia -con un patrimonio superior a los 11.000 millones de euros- y la viabilidad – con una generación de beneficios ordinarios recurrentes de más de 1.150 millones de euros al año- fueron ratificadas por los peritos del Banco de España en su informe a la Audiencia Nacional.

Pues bien, tal como ha declarado Emilio Saracho, último presidente del Banco Popular, ante la Audiencia Nacional, en la investigación que se sigue por la resolución del Banco y su entrega por un euro a Banco Santander, Albella, ya como presidente de la CNMV, redactó con el propio Saracho el hecho relevante de la apertura del proceso de sucesión de Ángel Ron, en una intervención que sorprendió a los Consejeros del Banco Popular y que, según fuentes judiciales, ha sorprendido en la Audiencia Nacional.

Curiosamente, Albella, en su calidad de presidente de la CNMV, nada averiguó respecto a las posiciones cortas de los mexicanos y de otros que acudieron al calor de las noticias que, aparentemente, extendieron éstos; y tampoco actuó para indagar sobre el extraño proceso de sucesión de Ron y nombramiento de Saracho, que exigió un cambio de los Estatutos para pagar a Saracho un bonus de bienvenida de cuatro millones de euros, que cobró por llevar un banco solvente a su resolución en cuatro meses.

Meses más tarde, Albella ni se inmutó cuando, en abril y mayo de 2017, AEMEC, una asociación de accionistas minoritarios, que hoy agrupa a más 7.000 pequeños accionistas del Popular, presentó sendas quejas sobre la actuación de Saracho como presidente, advirtiéndole de las serias consecuencias para la entidad que las declaraciones y actuaciones de Saracho podían tener. Las reclamaciones presentadas a la CNMV resultaron premonitorias, pero Albella decidió mirar para otro lado.

Pese a su papel relevante en las decisiones adoptadas por el Banco en la etapa de Ron, Albella, en una supuesta de labor de cobertura de Saracho, del despacho de cabecera del Santander y de éste mismo, la ha emprendido con saña contra el consejo presidido por Ron, sin ningún tipo de apoyo legal. Pese a que Albella dice que se ha inhibido en este asunto, fuentes internas de la CNMV subrayan hasta qué punto Albella ha forzado los informes de sus Servicios Jurídicos; aunque después “técnicamente” haya desaparecido de las decisiones de la CNMV.

Dos casos llaman la atención, la apertura de un expediente sobre los Informes Anuales de Retribuciones, abierta porque dentro de la información facilitada, aprobada sistemáticamente por la Junta General del Banco con mayorías superiores al 95%, se omitía la expresión “en su caso” referida al artículo de los Estatutos que regulaba las pensiones de los ejecutivos y cuya mención está a asociada al carácter “en su caso” complementario a la de la pensión de la Seguridad Social. Si ya parece exagerado abrir un expediente por la falta de una mención que no dificulta el entendimiento de lo que dice el artículo, más sorprende que sancione a los directivos que no participaron en su redacción, Ron y Gómez, ex Consejero Delegado.

Por si fuese poco, Albella, que ayudó a redactar el hecho relevante del irregular nombramiento de Saracho, que dirigió el Banco, para muchos de forma temeraria y que condujo a una crisis de liquidez que se llevó por delante un banco solvente, decidió abrir un expediente por presuntas irregularidades en las cuentas de 2016, cuentas que han sido ratificadas por los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional sin cuestionarlas para nada. ¿Tendrá algo que verdad esta actitud de Albella con que Linklaters sea el despacho que asesora a la JUR, entre otras cosas, para ocultar información a los afectados?

Es decir, para Albella es normal que un banco solvente, viable y rentable se entregue a otro competidor por un euro, tras una extraña crisis de liquidez y en cambio, le resulta sospechoso y decide abrir expediente por la omisión de la expresión “en su caso” en los IARC o por haber hecho una reexpresión de las cuentas calificada como no significativa por auditores y peritos del Banco de España.

Sin duda, Albella, «la incompatibilidad en persona», el fuerte con los débiles y débil con los fuertes, probablemente a la espera de que las puertas giratorias le impulsen a alguna canonjía en uno de los grandes del Ibex, dará cumplida explicación a sus andanzas con el Banco Popular, cuando comparezca el jueves como testigo, bajo juramento de decir verdad, ante la Audiencia Nacional.

¿Queda alguien que pueda mantener la conveniencia de su renovación en el cargo?