El juez García Castellón vuelve a hacer un favor al PP

En pleno puente festivo, el instructor del Caso Kitchen, el juez de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, daba por concluida la causa en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando éste se encontraba en prisión. Al final, el magistrado se sale con la suya y rechaza las peticiones de la fiscalía y la acusación particular de profundizar más en la instrucción. Nada de averiguar la relación con los hechos de la entonces secretaria general popular, y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro.  Nada de apuntar más alto a pesar de la existencia de indicios de patrocinio político de este asunto por parte del presidente del gobierno y del partido, Mariano Rajoy. La cosa se queda en el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, y unos cuantos altos cargos policiales. Y se antoja cierto paralelismo, salvando las distancias, con las investigaciones judiciales que se llevaron a cabo en los años noventa del siglo pasado en torno a los GAL y el secuestro de Segundo Marey. Las responsabilidades se quedaron en el ministro y el secretario de Estado. A más arriba jamás se llegó.

En uno de sus escritos en el que se opone al cierre en falso de la causa Kitchen, el fiscal critica al juez señalando que en octubre de 2020 cuando se iba a interrogar al secretario de Estado, Francisco Martínez, ya se dijo que éste estaba dispuesto a señalar la participación de altos cargos más allá del ministro, Fernández Díaz. El fiscal tenía muchas esperanzas puestas en este interrogatorio. Todo en vano porque sólo preguntó el juez, y nunca sobre esta posibilidad. García Castellón no le hizo ni una sola pregunta al respecto. Y eso que Martínez había dejado por escrito en uno de los mensajes que se le incautaron que el conocimiento de la Kitchen que tenía Cospedal era “fácil de probar”.

Y como en todas estas piezas separadas que instruye García Castellón relacionadas con el Caso Gürtel, el testimonio del comisario retirado, José Manuel Villarejo, uno de los acusados, es fundamental porque de él salieron las grabaciones donde se descubrió la trama de espionaje. Pero Villarejo no ha querido llegar más arriba y aunque llegó a insinuar que Dolores de Cospedal le había dicho que Rajoy estaba al corriente de todo lo que estaban haciendo, jamás lo llegó a ratificar ante el juez. Una táctica frecuentemente utilizada por el policía, la de tirar la piedra y luego esconder la mano.

Las relaciones de Villarejo con Cospedal y su marido también fueron objeto de investigación en el sumario. Pero García Castellón, a pesar de contar con grabaciones donde se mencionaba a la política, acabó por rechazar su imputación. Anticorrupción pidió que se investigasen, también, los números de teléfono que Villarejo facilitó señalando que los mismos los utilizaba “para informar directamente a Mariano Rajoy de los avances de la operación Kitchen”. La negativa del juez fue rotunda. La unidad de Asuntos Internos de la policía estaba pendiente de recibir la información de las compañías telefónicas sobre dichos terminales cuando García Castellón cerró sorpresivamente la investigación, según demuestra un informe de la unidad policial que obra en el sumario.

En casi todos los ámbitos, político, jurídico y policial se comenta que existen suficientes indicios como para pensar que el asunto de la operación Kitchen no nació en el ministerio de Interior. En un escrito, la defensa del ex ministro del Interior, Fernández Diaz, asegura que “está claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio”.

Pero García Castellón se ha negado sistemáticamente a apuntar más alto y se limita, en sus conclusiones, a señalar que Jorge Fernández Díaz, durante la instrucción del Caso Gürtel, “con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, encargó al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la misión de quitarle a Bárcenas las pruebas que poseía sobre el asunto de la financiación irregular del Partido Popular aprovechando que se encontraba en prisión provisional. La actuación se costeó con fondos reservados”.

Según el relato del auto de conversión del sumario a procedimiento abreviado, Martínez encargo al director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, quien, a su vez se lo encargó al comisario principal de la policía, Martín Blas, quien, a su vez, contrató a Cenyt, la empresa de detectives del policía retirado José Manuel Villarejo. El juez procesa a un buen número de miembros de la cúpula policial de entonces pero ahí se queda. Del PP nada, cuando en realidad a quien beneficiaba el buen fin de los trabajos encomendados era al aparato de Génova y a sus representantes.

De ahí que casi todos los que saben sobre este asunto crean que la instrucción se ha cerrado en falso. Ahora caben recursos, pero la sala de Lo Penal, que en muchas ocasiones ha enmendado la plana al instructor, en este caso lo más probable es que se ponga de su lado. Hay que cerrar cuanto antes todos estos temas. Terminar de una vez por todas con la instrucción de la Trama Gürtel. Y los últimos gestos así lo confirman. El cambio de criterio sobre la petición de condena de Francisco Camps y los acusados de otra pieza de la Causa confirman que la intención de los jueces es acabar cuanto antes con las investigaciones que tanto daño hacen al PP. Pero también a la ciudadanía que jamás conocerá la verdad de lo que sucedió en la etapa en la que Mariano Rajoy mandó: en el Gobierno y en el Partido.