El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Real Decreto que aprobó el plan hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras (TOP), cuya gestión es competencia de la Junta de Andalucía. El plan hidrológico fue aprobado el pasado 18 de julio en conjunto con los planes de las Cuencas Mediterráneas Internas de Andalucía y con el de el Guadalete Barbate. Las organizaciones ecologistas han dado este paso, aseguran, ante la constatación de que las medidas aprobadas en dicho plan «podrían llevar a la cuenca al colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano al agua en algunas de las poblaciones que forman parte de la misma».
En el recurso presentado, las organizaciones alertan de que el inventario de recursos hídricos previsto en el plan «está sobreestimado, sin contemplar las reducciones de aportaciones que establecen los escenarios de cambio climático para este nuevo ciclo de planificación». En lo que respecta a los usos y demandas, las organizaciones señalan que «este ciclo de planificación prevé un incremento de más del doble en las dotaciones para orientarlas a la obtención de beneficios de la producción agrícola industrial de regadío frente a otros usos, y que, para hacer esto, el plan se apoya en una previsión de recursos hídricos que está falseada”.
Según Greenpeace y Ecologistas en Acción, el plan cuenta con la disponibilidad de unos recursos «que no existen en la demarcación del TOP, ni hay seguridad de que se cuente con ellos en el futuro. Esto es así tanto por la inexistencia de base legal para la transferencia de recursos desde la Cuenca del Guadiana, como por los efectos negativos derivados del cambio climático, que exige una adaptación a un futuro con menos recursos naturales, mayores índices de evapotranspiración, así como a una mayor necesidad de agua para el tipo de cultivos de agricultura industrial, mayoritarios en la demarcación».
Posible «colapso hídrico»
Las organizaciones advierten de que este plan «podría llevar a la cuenca hidrográfica a un estado de colapso hídrico, con consecuencias socioeconómicas muy graves para la zona». Consideran que esa previsión de asignación de recursos «tan exagerada para el tercer ciclo» puede generar además un «efecto llamada», que ya reconocía el propio organismo en el esquema de «temas importantes» presentado en el proceso de elaboración de la normativa.
Luis Berraquero Díaz, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía explica que «el plan debería ir en la dirección opuesta, contener la demanda para ajustarla a los recursos realmente existentes y plantear una disminución como consecuencia del cambio climático. O se aborda la puesta en marcha de una transición hídrica justa que garantice el fortalecimiento de la agricultura social y profesional, frente a usos agrícolas especulativos de grandes empresas y fondos de inversión, o serán las familias más vulnerables del sector las que se verán afectadas por las reducciones de dotaciones que se realizarán a golpe de sequías».
Las organizaciones ecologistas entienden que esta planificación podría poner en peligro la garantía del derecho humano al agua y a gozar de un medio ambiente adecuado, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 y, ahora, también por la Constitución Española. Por otro lado, las organizaciones alertan de que el plan prevé un incremento de las dotaciones que se están realizando desde el Bocachanza al sistema del TOP. Detallan que se trata de «unas extracciones que fueron aprobadas en una situación de excepcionalidad, mientras se construía la presa del Andévalo, y que se han convertido en norma. La nueva planficación hidrológica prevé, además, un incremento de las extracciones, lo que implicaría un incumplimiento del convenio de la Albufera por parte de la Junta de Andalucía e iría en contra del principio de unidad y gestión de cuenca».
Incremento de regadío, mayor presión
En materia de valoración del estado de las masas de agua subterráneas, las organizaciones advierten de que un incremento de la superficie de regadío «vendría a ejercer mucha más presión sobre el estado cuantitativo de los acuíferos, sobre los que se vienen haciendo extracciones ilegales de forma reiterada». Por otra parte, dicen que el plan debería dedicar «mayor atención y mayores dotaciones a la puesta en marcha y revisión y mejora de las instalaciones de depuración de aguas residuales de las poblaciones que se encuentran en la cuenca, así como contar con un programa de medidas para afrontar los drenajes que la multitud de proyectos mineros están realizando sobre cauces y masas de agua subterránea».
Para Luis Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción Huelva y representante en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica Tinto Odiel Piedras, “necesitamos garantizar que se alcancen los objetivos de mejora de estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterráneas establecidos por la Directiva Marco de Agua, cuyo cumplimento está muy lejos de ser alcanzado en el plan hidrológico presentado, así como una revisión de los vertidos mineros que, en la actualidad, están envenenando cauces y acuíferos».
Por último, Greenpeace y Ecologistas en Acción observan «con sorpresa» que se siga planteando la continuidad de las obras de la presa de Alcolea «como una de las fórmulas para incrementar la disponibilidad de recursos». Recuerdan que todos los pronunciamientos científicos y los estudios realizados «corroboran la mala calidad de las aguas del Odiel y del Oraque, lo cual hace inviable la posibilidad de utilizar sus aguas e inútil, por tanto, mantener la inversión en las obras situadas en la confluencia de ambos ríos».
Vaticinan que la apertura de nuevas actividades mineras previstas contribuirá, «más aún si cabe, a empeorar la calidad de esas aguas», por lo que exigen que se retire la propuesta de continuidad de las obras y «evitar tanto el despilfarro de dinero público como la generación de falsas expectativas en la disponibilidad de unos recursos hídricos, que sólo existen sobre el papel».
