En Génova no quieren comentar los juicios que se están llevando a cabo en la Audiencia de València en los que se examinan los presuntos delitos de corrupción cometidos por sus dirigentes en la comunidad autónoma. Dicen que son cosas del pasado, y que esos dirigentes apenas participan en la gestión no sólo la local sino también la nacional cuando no han sido suspendidos de militancia y apartados del Partido. Se olvidan en la dirección nacional de que el “garganta profunda” de su estrategia a nivel del Estado, el líder histórico que sigue manejando los hilos desde su despacho en la fundación FAES, José María Aznar, fue el que hizo ministro de trabajo y portavoz del Gobierno al más relevante de los acusados que se sientan en el banquillo.
A Eduardo Zaplana, el fiscal le pide 19 años de cárcel en el llamado “Caso Erial”, el cobro de comisiones por la concesión de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad valenciana. La principal prueba de cargo son cinco hojas escritas a máquina que un ciudadano sirio encontró en la casa que compró y que, anteriormente, había pertenecido a Zaplana. El hombre se las entregó a Marcos Benavent, el “yonki del dinero” también vinculado a la trama de comisiones ilegales de los populares valencianos. Benavent, arrepentido, entregó esos folios a la UDEF. En ellos hay un resumen de los trámites efectuados por el exministro para conceder las ITV y los parques eólicos con los importes que debían abonar los licitadores para la obtención de las adjudicaciones.
En total, se calcula que Zaplana movilizó 20,6 millones de euros de los cuales la jueza instructora logró bloquear 6,3 millones de una cuenta en Suiza. A cambio, dejó en libertad a un Zaplana que había pedido la puesta en libertad en cinco ocasiones argumentando su enfermedad de leucemia. Estuvo en prisión provisional durante 9 meses. Ahora deberá defenderse en el juicio que, se calcula, durará 30 sesiones y en el que, junto al exdirigente, se sentará otro expresidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, al cual el representante del ministerio público le acusa de haber cobrado parte de los sobornos a los licitadores por un total de 580.000 euros. Olivas ya fue condenado a un año y medio de cárcel y multa de 120.000 euros por falsedad documental y contra la hacienda pública por la confección de facturas falsas a su nombre por parte del empresario Vicente Cotino. Además, ambos tuvieron que pagar 150.000 euros a Hacienda, la cantidad defraudada. Sui Olivas resulta condenado tendrá que entrar en prisión porque es, ya, su segundo delito.
Ese juicio no es el único que se celebra en los tribunales valencianos estos días. Una pieza separada del Caso Taula, la llamada pieza A, examina las investigaciones sobre la financiación en B del Partido Popular cuando lo dirigía Rita Barberá quien no se sienta en el banquillo debido a su fallecimiento, pero de quien se sospecha fue la principal responsable de dicha financiación en las campañas del PP de 2007 y 2011. En el banquillo se sientan Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular. Estarán acompañados por José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento. El tribunal ha preparado un calendario de 12 sesiones que incluye la declaración de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas y del interventor del Estado adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que analizó las cuentas del PP de Barberá. El objetivo es esclarecer si la empresa Laterne se ocupó de recaudar fondos para las campañas populares a la alcaldía de València y si estos fueron blanqueados mediante la técnica del llamado “pitufeo”, las transferencias bancarias de pequeñas cantidades que escapaban al control de las autoridades.
Alfonso Grau ya fue condenado por cohecho y es uno de los principales investigados por el Caso Azud en el que se ha destapado un entramado de corrupción que tuvo como epicentro el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá, en concreto entre 1999 y 2013, y que fue ampliando sus redes más allá de cargos del PP, que gobernaba entonces las instituciones valencianas con mayoría absoluta. El presunto cabecilla de la trama, el empresario Jaime Febrer, sobornó, también, según el sumario, a políticos del PSOE como el entonces portavoz municipal Rafael Rubio a cambio de su silencio. En esta trama corrupta de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos, hay 60 investigados, entre ellos empresarios, abogados y políticos, lo que da una idea de la magnitud del caso.
El Caso Taula tiene cinco piezas separadas en tres de las cuales ya se celebraron los juicios. La vista oral de la pieza K fue suspendida en noviembre pasado, la pieza B absolvió a los acusados, y la pieza J condenó a Marcos Benavent a casi ocho años de prisión. Ahora le toca el turno a Grau que fue considerado “el delfín de Rita Barberá”. Fue su fiel segundo en el Ayuntamiento y en el Partido. Fallecida la que se supone fue la protagonista de todo el entramado de financiación ilegal, la responsabilidad recae sobre él.
Y queda el desenlace del juicio a otro expresidente de la Generalitat y también dirigente del PP, Francisco Camps. La sentencia que tiene que dictar el presidente de la Sala, José Antonio Mora, está al caer. En realidad, de todas las causas descritas la única que tiene que ver con la trama Gürtel es ésta. Se han analizado las concesiones, cuya irregularidad se evalúa en este juicio, a las empresas de la llamada “trama valenciana de la Gürtel”. El fiscal pide para Camps una pena de dos años y medio de cárcel por fraude y prevaricación. Hasta ahora, se ha venido librando de la condena en todos los procedimientos en los que figuró como acusado y en éste cuenta con un serio revés, el testimonio de los otros acusados que han pactado su delación con el ministerio público.
Mientras todo esto ocurre en València, en Madrid, Núñez Feijóo y los suyos se olvidan de la corrupción de su partido y prefieren insistir, una y otra vez, en lo que ellos califican de “acciones ilegales” de los demás, como es la amnistía. La suerte que tienen es que cuentan con jueces que les facilitan esa tarea de difamación.
