El PP se va de rositas del Caso Púnica, salvo el chivo expiatorio de Francisco Granados

De los altos cargos del PP madrileño de la época, sólo el que fuera secretario general y alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, se sentará en el banquillo de los acusados. Los demás, desde Esperanza Aguirre hasta Ignacio González y Cristina Cifuentes, pasando por Lucía Figar, Juan José Güemes, Manuel Lamela, Salvador Victoria, Gàdok Onil, y Borja Sarasola entre otros, el juez instructor de la pieza separada 9 del Caso Púnica, la que hace referencia a la financiación irregular del Partido Popular regional, Manuel García Castellón, y ahora su magistrado de apoyo, Joaquín Gadea, los han exculpado.

Consejeros y altos cargos de la CAM en la primera década del 2000 que se les ha retirado del sumario y quedan eximidos de las responsabilidades penales por los delitos que fueron inculpados en principio. La última, la ex consejera de Educación de la CAM, Lucia Figar, ha quedado libre de acusación al ratificar la sección cuarta de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional el auto de García Castellón en contra del criterio de los fiscales del caso los cuales, por cierto, habían recurrido la decisión del instructor en contra de las órdenes del fiscal jefe, Alejandro Luzón, quien tuvo que acudir al Consejo Fiscal para lograr el apoyo a su decisión en contra de la representante del ministerio público en la causa, Carmen García Cerdá.

Lucía Figar no cometió delito alguno, según la Audiencia Nacional, al pagar con fondos de su departamento acciones tendentes a la “mejora de la reputación” de la administración a la que pertenecía. Los jueces entienden que la “mejora reputacional” beneficia a la institución y nunca a la persona. Y con ello exime de responsabilidad penal a todas aquellas acciones que se investigaron en esa pieza 9, la que hace referencia a la financiación del Partido Popular mediante operaciones presuntamente irregulares en las cuales no sólo estaban las operaciones de imagen encargadas a terceros sino también aquellas en las que se concedieron trabajos a cambio de unas comisiones que fueron a parar a la organización para financiar las campañas electorales locales y regionales  de 2007 y 2011, y las generales de 2008.

Las de 2007 y 2008, García Castellón entiende que han prescrito por lo que no pueden ser investigadas judicialmente. En las generales de 2008 se ha encontrado documentación suficiente como para probar que Francisco Granados, entonces secretario general del PP madrileño, desvió dinero del empresario David Marjaliza cuando era alcalde de Valdemoro. Una parte de ese dinero fue a parar al PP madrileño y otra parte, según los autos judiciales, a “su patrimonio”. Al final, Granados se convierte en el chivo expiatorio de una operación en la cual se llegaron a imputar a 51 personas entre alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid, políticos de otras regiones, León, Murcia y Valencia principalmente, y destacados empresarios como es el que siempre aparece en todas estas operaciones y se libra de los juzgados, Juan Miguel Villar Mir, y otro conocido del mundo empresarial, el “compi Yogui” de Felipe VI y Letizia, Javier López Madrid. Entre los dirigentes populares salpicados por Púnica que no pertenecen al PP regional madrileño, hay que destacar al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que tuvo que renunciar al ser imputado, el presidente de la diputación de León, Marcos Martínez, ya condenado en la única pieza que ha sido sometida a juicio en vista oral, y Eduardo Zaplana, el ex presidente de la Comunidad Valenciana.

Demasiados altos cargos para un asunto que la derecha judicial quiere enterrar porque puede suponer la continuación de la Gürtel. Y para ello cuenta con la inestimable colaboración de los magistrados del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional y, en especial, de Manuel García Castellón cuya trayectoria profesional ha quedado enturbiada en múltiples ocasiones por su intromisión en asuntos políticos que le han colocado dentro de los jueces que practican  el “lawfare”.

García Castellón se ha encontrado con la inestimable colaboración del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Sus subordinados en la Púnica han querido llevar hasta sus ultimas consecuencias los recursos contra los autos en los que el magistrado exculpa a los altos cargos del PP madrileño. Pero siempre se han encontrado con la oposición de Luzón. Una de las fiscalas que está adscrita al sumario, Carmen García Cerdá, quiere que se abran nuevas diligencias que aclaren en profundidad quienes son los responsables de la irregular recepción de fondos de la campaña electoral de 2011 en el PP de Madrid. La fiscalía se pregunta por qué no se ha investigado el testimonio del gerente del PP nacional, Luis Bárcenas, que asegura haber visto a Granados recibir, en la sede de Génova, 60.000 euros en metálico. Y por qué no se han aclarado las cuentas en las que el Partido asegura haber gastado 2,8 millones en la campaña electoral cuando en realidad fueron 6,8 millones, con una desviación de 4 millones. Así las cosas, nadie puede creer que Esperanza Aguirre, entonces presidenta del PP madrileño no tuviese conocimiento de todas estas operaciones. Pero el juez, ratificado por sus superiores, cree que esto no está probado.

Alejandro Luzón no quiere que se profundice más en este asunto a pesar de que cuenta con la oposición de los tres fiscales personados en el sumario de Púnica, entre ellos la mencionada García Cerdá que puede acabar siendo apartada del Caso. Y para ello ha recurrido al Consejo Fiscal, un órgano consultivo donde están representadas las asociaciones fiscales, que le han dado la razón. Así pues, ya no se practicarán más diligencias. Las cosas quedan como están y los altos cargos del PP de Madrid permanecen libres de toda responsabilidad penal. Sólo Francisco Granados será el que cargue con las culpas de operaciones en las que, casi con toda seguridad, no sólo intervino él sino otros compañeros.

En la Púnica no son todos los que están ni están todos los que son.