El principal problema que tiene la democracia española no son los políticos, los partidos, la polarización del Parlamento o la crispación, sino que es la Justicia. España necesita una verdadera revolución en todo lo que se refiere al funcionamiento de los tribunales, revolución que debe iniciarse con una investigación a fondo y sin piedad de todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales.
Evidentemente, esto no se soluciona con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que esa inspección ha de ser individual, cotejando las decisiones tomadas por los profesionales de la Justicia y si éstas han sido adoptadas de manera libre o ha habido injerencias externas.
La situación de los tribunales es crítica. En España se adoptan decisiones injustas a sabiendas de que lo son, sin que los jueces que las adoptan o los fiscales que las incitan sufran castigo alguno. En España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor.
Además, se ha llegado a un punto en que las actuaciones de jueces y fiscales, siempre favoreciendo a los poderosos, gozan de una impunidad muy superior a la que tiene el Jefe del Estado con su inviolabilidad. Nadie puede toser a un juez porque, en el momento en que un ciudadano o una empresa denuncia las injusticias perpetradas, entonces se produce una concatenación de represalias que terminan con la vida del osado que se ha atrevido a cuestionar una sentencia. En España no sirve la máxima de «hay que respetar las decisiones judiciales» porque la gran mayoría de las que se toman en las altas instancias proceden de comportamientos presuntamente corruptos o de sublimar intereses espurios.
En España se ha juzgado y encarcelado a miembros del poder Ejecutivo y del poder Legislativo. Del Judicial se cuentan con los dedos de la mano porque ya se han encargado ellos de que así sea. ¿Por qué en España no se puede meter a un juez en ejercicio en la cárcel? Porque los jueces no lo permiten. ¿Por qué no se puede investigar el patrimonio de un juez, un fiscal o un abogado del Estado? Porque los jueces no lo permiten. ¿Por qué los organismos del Estado no inician una investigación a fondo e inmisericorde a los jueces? Porque los jueces no lo permiten.
El PSOE sufre a la Justicia
El PSOE ha sufrido en estos días cómo se las gasta la Justicia española y ha visto cómo se dictan decisiones que son contrarias a la legalidad y a la propia Constitución sin que les tiemble el pulso a la hora de tomarlas.
En concreto, el Partido Socialista ha acusado e la Junta Electoral Provincial de Madrid de infringir la ley electoral y de vulnerar la Constitución al negar la petición de revisión de los votos nulos consignados en la Comunidad de Madrid. Por eso han recurrido ante la Junta Electoral Central para que revoque esta decisión. El PSOE indica que, durante el escrutinio de los votos nulos, sólo se revisaron 100 y se dieron por buenas 32 papeletas del PSOE y 24 del PP.
Según el recurso, «estos datos nos permiten aplicar una regla de proporcionalidad que supone que cada 100 votos, podrían restarse ocho al PP, de tal manera que aplicada a los 30.141 restantes, podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1.000 de los necesarios».
Sin embargo, a pesar de que se trata de algo que afecta tanto al resultado electoral como para la formación de gobierno, la Junta Electoral de Madrid determinó que no se atendía a la petición del PSOE porque dilataría de manera «injustificable» los resultados definitivos de las elecciones.
Además, la Junta Electoral de Madrid lanza una amenaza al afirmar que el PSOE tiene «una mínima posibilidad de éxito si sólo se revisaran y validaran exclusivamente los votos de su candidatura».
La realidad es que la Junta Electoral de Madrid da argumentos que van en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se señala, clara y sin opción de interpretación, que en la Ley Electoral no hay ningún artículo que prohíba la reclamación de la revisión de los votos.
Esta es la Justicia española y el PSOE ya ha sufrido en sus carnes cómo funciona del mismo modo en que los ciudadanos que se enfrentan a los poderes reales del Estado. Los jueces, y esto requerirá un análisis paralelo, han implantado una dictadura judicial que les coloca, en pleno siglo XXI, en la misma posición que los militares durante la Transición. En España ya no hay ruido de sables en los cuarteles, sino rasgueo de togas en los tribunales. Ante esto, Sánchez ya debería saber lo que tiene que hacer y a la ciudadanía no le importaría que, por tomar decisiones justas, le llamaran jacobino.
En España hay jueces justos, que dignifican cada día con su trabajo la toga y las puñetas, pero, por desgracia, cada día son menos porque el camino fácil del «lado oscuro» es mucho más rentable en todos los ámbitos, el profesional y «el otro.»
La impunidad con la que viven los jueces que retuercen las leyes para proteger a corruptos y poderosos provoca que, incluso, se dicten decisiones que van en contra de los derechos democráticos fundamentales, como el de la información. En España se están cerrando importantes medios de comunicación por decisiones judiciales, que retuercen la ley para imponer ceses de actividad basados en criterios tan subjetivos como la determinación de la buena o mala fe.
La dictadura judicial impuesta lleva a que los jueces sean el arma humeante de los intereses de los poderosos. Son dictadores con toga que actúan como los regímenes autoritarios. Y, además, si tienen conocimiento de que tal o cual medio de comunicación está investigando un crecimiento patrimonial presuntamente irregular o fuera de lo normal de tal o cual juez, entonces se activa el procedimiento para buscar el modo de cerrar ese medio. Franco, al menos, era más transparente. Cuando un periódico o una radio le molestaba, mandaba a «los grises» y lo cerraba. La orden judicial llegaba después. Nada ha cambiado en la España del siglo XXI, no existe la democracia en España cuando son los miembros del tercer poder los que han creado un poder paralelo que infunde el miedo y el terror para evitar que la verdad se conozca.
Y que odio en cada uno de tus artículos. Sectarismo llevado a la máxima potencia. Unos lo hacen todo bien y los otros todo mal
España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor. Es una sospecha ciudadana bien fundada en hechos que cualquier ciudadano le reportaría la cárcel. Golpe contra la república Catalana sin aclaración y sin reparación. Gente joven exiliada por decir verdades, jóvenes en prisión por no aceptar la brutalidad de gente uniformada en su tierra… Muchas cosas, y todas, parecen apuntar a que los padres y sus hijos emprendan caminos olvidados de defensa contra la opresión de, unos jueces que, no respetan su constitución. Deberían ser investigados y condenados si fuera el caso. La palabra de esta gente con sotana/toga puede matar más que un ejército.
Es lamentable, vergonzoso y no se puede permitir es que esto ocurra…Hay que exigir la máxima transparencia… conocer como se ha realizado el proceso…el descarte de los votos…